La apuesta de Sánchez por SEAT en Cataluña dispara los recelos entre el resto de CCAA

Fue el miércoles de la semana pasada por la tarde. Tras una visita de Teresa Ribera a la sede de Power Electronics en Llíria (Valencia), el Ministerio de Transición Ecológica lanzó una nota de prensa a los medios de comunicación en la que daba a entender que la Comunidad Valenciana "acogerá una gigafactoría de baterías y un centro de investigación de soluciones de almacenamiento" en un proyecto liderado por la multinacional valenciana de componentes electrónicos. La difusión de esa nota causó cierto revuelo entre los promotores de la llamada Alianza Valenciana de Baterías, entre ellos la Generalitat, porque de ella se desprendía que el Gobierno daba por hecha una iniciativa cuya financiación inicial depende en gran parte de los fondos europeos de reconstrucción, pendientes de adjudicación en un proceso competitivo todavía por concretar y decidir por parte de Moncloa, tal como matizaron después desde el propio departamento de Transición.

Todo ese rubor ante lo que parecía una indiscreción se tornó en un ceño fruncido cuando 24 horas después la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció a bombo y platillo en el marco del Congreso Federal UGT-FICA la creación de un consorcio público-privado con SEAT-Volkswagen e Iberdrola para poner en marcha la primera fábrica de baterías de España y desvelaba que el de la electrificación del sector de la automoción será el primer proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de los que el Gobierno baraja trasladar a Bruselas para financiar su ejecución con cargo al mecanismo Next Generation. Maroto vinculó el proyecto de baterías a la cadena de valor de la factoría SEAT en Martorell y, pocas horas después, Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitaban la planta barcelonesa con motivo de su 70 aniversario en un espaldarazo institucional de máximo nivel a los planes de adaptación de la multinacional alemana del automóvil, la más avanzada de Europa en el tránsito hacia la producción de vehículos verdes.

Javier Lambán, en Aragón, o el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ambos del PSOE, han expresado "públicamente" malestar al Gobierno

El proyecto es sin duda muy beneficioso para Cataluña y el sector industrial español. La lista de proveedores de SEAT en Barcelona o Volkswagen en Pamplona es larga e incluye muchos fabricantes con plantas en diversos puntos de España. Pero la apuesta tan clara por Martorell y las insinuaciones de que las instalaciones que Nissan está vaciando en la Zona Franca se perfilan como ubicación candidata para el proyecto de baterías han disparado los recelos entre el resto de autonomías con planes similares.

Y no son pocos. Además de la iniciativa de Power Electronics en Valencia, en la que Industria lleva dos años trabajando con la Generalitat de Ximo Puig, también Aragón aspiraba a ser receptora de un centro fabril. Su presidente, el socialista Javier Lambán, explicitaba públicamente su "malestar" y "profunda decepción" al interpretar que el Gobierno había apostado por Cataluña para la planta de baterías. Igualmente, el País Vasco ha incorporado un centro de producción de almacenadores de ion-litio en su paquete de proyectos estratégicos remitidos al Gobierno dentro de las manifestaciones de interés convocadas por ministerios como Industria y Transición Ecológica. En Extremadura, cuyo subsuelo alberga una de las mayores reservas de litio de Europa, la apuesta catalana ha desatado un cruce de reproches políticos. El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, del PSOE, mostraba su enfado y a modo de advertencia señalaba que la fábrica de Martorell "no se nutrirá del litio de Cáceres", cuyo término municipal cuenta con dos yacimientos (Valdeflores y El Trasquilón) que cuentan con un fuerte rechazo vecinal y del gobierno local. La Junta de Extremadura también ha expresado su deseo de acoger proyectos industriales más allá de la mera extracción minera, algo que se le reclama desde la oposición popular en la región.

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Para tratar de sofocar el incendio, el Ministerio de Industria ha tenido que apresurarse a matizar que la ubicación de la planta que daría servicio a la producción de SEAT-Volkswagen en España todavía no está decidida. Pero este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistía en un artículo de opinión publicado en 'El País' en la alianza con SEAT e Iberdrola como primera preferencia del Perte del sector de la automoción. Y si algo ha quedado en evidencia es que el proyecto de SEAT es uno de los más maduros, porque cuenta con un elemento fundamental: el compromiso del fabricante de coches para realizar inversiones hacia la electrificación en su cadena de producción española y nutrirse de los componentes que tenga a su alcance en su radio de influencia, como pueden ser las baterías.

España cuenta con una quincena de fábricas o ensambladoras de vehículos, lo que lo convierte en el mayor productor de Europa tras Alemania. El sector está abocado a una importante transformación, con el año 2030 como línea roja, cuando la Unión Europea ha dispuesto que dejen de fabricarse vehículos de combustión. Hasta ahora, son contadas las marcas con coches puramente eléctricos en cartera, como la planta de Opel (PSA) en Figueruelas (Aragón) con el Corsa-e o Mercedes Benz en Vitoria.

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El Ministerio de Industria ha trasladado a los aspirantes a situar proyectos en el Perte de automoción que el país podría albergar entre dos y tres fábricas de baterías financiadas con recursos del Next Generation, según ha confirmado este periódico tanto en fuentes del departamento de Reyes Maroto como desde la Generalitat valenciana.

Industria está hablando con Ford para que amplíe su apuesta eléctrica en Almussafes

Pero que España pueda acoger nuevas instalaciones fabriles de componentes eléctricos depende de que las marcas se impliquen con las inversiones necesarias para reconvertir el parque productivo. Por ejemplo, el proyecto que lidera Power Electronics en Valencia no tiene, por ahora, la automoción como principal y única diana. La empresa valenciana aspira a situar su gigafactoría como proveedora de otros segmentos productivos que también demandan o van a demandar acumuladores de energía, desde instalaciones fotovoltaicas en empresas u hogares hasta barcos o trenes. La compañía de la familia Salvo ha encargado a McKinsey la planificación de su plan de inversiones.

Sin embargo, que la factoría de Ford en Almussafes acelerase su electrificación con nuevos modelos además de los enchufables Kuga, S-Max y Galaxy —con la consiguiente demanda de baterías para su cadena de producción— sería el empujón definitivo para la futura planta de Power. Esto es algo en lo que está trabajando el Ministerio de Industria con Ford, según ha podido saber El Confidencial de fuentes solventes. Por ahora, la multinacional de Detroit (Estados Unidos) ha anunciado fuertes inversiones en su complejo fabril de Colonia (Alemania) para hacer la transición, pero sigue sin despejar el futuro a largo plazo de su fábrica española. En el consorcio de la Alianza Valenciana de Baterías ha puesto el logo y poco más.

La intención del Gobierno es cerrar a finales de marzo el registro de todas las propuestas (tanto de coches como de otros sectores estratégicos como el agroindustrial, la digitalización empresarial y de la Administración o la transición ecológica hacia la descarbonización de sectores manufactureros). Industria, por ejemplo, ha recibido 750 iniciativas con capacidad para movilizar hasta 30.000 millones de euros.

Será el Ministerio de Hacienda el que centralice ese registro y posteriormente cada ministerio afectado publicará sus convocatorias para asignar los fondos a los proyectos seleccionados por concurrencia competitiva. Los Perte son los proyectos principales, considerados estratégicos para España. Habrá además convocatorias de menor tamaño en las que participarán las autonomías, que canalizarán una parte de los fondos europeos. Las comunidades están a la espera de que Moncloa cierre el reglamento que marque todas las reglas del juego.

Los proyectos deben mover cuatro euros de capital privado por cada uno público para su selección

Resultar elegido y obtener recursos va a depender mucho de que los aspirantes sean capaces de demostrar viabilidad económica, algo que SEAT ha garantizado. Así lo ha traslado el Gobierno a los territorios, a los que ha pedido que hagan de guía de las empresas para configurar cadenas de valor que garanticen el buen uso de los recursos. Otro factor a tener en cuenta es que se estima que los proyectos que no sean capaces de mover cuatro euros de capital privado por cada uno que reciben de fondos públicos tendrán pocas opciones de entrar en la lista de seleccionados. No vale fiarlo todo a la inyección pública. Esto trasciende las fronteras regionales, y consejeros y presidentes de algunas comunidades han estado en contacto para sumar esfuerzos y alimentar propuestas transautonómicas poniendo en contacto a diferentes empresas complementarias, tal como ha pedido Moncloa.

Pequeñas, medianas y grandes compañías, incluidas muchas cotizadas del Ibex de los sectores de las infraestructuras y la energía, se han apresurado a impulsar iniciativas en alianza con gobiernos autonómicos o empresas industriales. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los proyectos de hidrógeno. El Ministerio de Transición Ecológica ha recibido un aluvión de propuestas en el proceso de manifestaciones de interés por valor de miles de millones. Será difícil, por no decir imposible, que todas ellas reciban respaldo del Next Generation. Algunas voces sostienen que no más del 10% recibirá premio. La carrera por captar esos fondos ya ha empezado y todos los actores se miran de reojo.