El juez apunta a López Madrid en el caso Ciudad de la Justicia por correos con Josep Piqué

La Audiencia Nacional ha abierto otro frente contra Javier López Madrid, el exconsejero de la constructora OHL investigado ya en el caso Púnica, procesado en Lezo y condenado en firme a seis meses de prisión por las tarjetas 'black' de Caja Madrid. El juez que instruye las diligencias sobre las presuntas irregularidades en la Ciudad de la Justicia de la capital, Santiago Pedraz, ha solicitado que se incorpore a la causa un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica al empresario en el supuesto amaño del proyecto, según recoge un auto del pasado 17 de febrero al que ha tenido acceso El Confidencial.

El informe de la UCO fue incorporado en 2019 al sumario del caso Púnica y es el resultado del análisis de dos cadenas de correos localizadas en el ordenador de López Madrid que fueron enviadas en abril de 2015, en pleno proceso de licitación de la nueva Ciudad de la Justicia, el proyecto que lanzó Ignacio González al final de su mandato tras el fiasco del primer Campus de la Justicia promovido por Esperanza Aguirre en 2004.

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Según la Guardia Civil, López Madrid intercambia en esas comunicaciones información teóricamente secreta del concurso con el entonces presidente-director general de OHL España, Rafael Martínez Nicolás, y el exministro del Gobierno de José María Aznar y exvicepresidente de la misma constructora Josep Piqué.

"Se lo vuelvo a comentar"

En la primera cadena de correos, Martínez Nicolás escribe a Piqué el 7 de abril de 2015 para contarle que está convencido de que tienen muchas opciones de que la UTE que han formado con Acciona termine llevándose el contrato, valorado en 711 millones de euros. “Pero creo que será muy importante hacer gestiones al más alto nivel (Ignacio González), aunque la coyuntura política es delicada”, plantea Martínez Nicolás a Piqué.

Este último envía un nuevo correo a López Madrid replicando el contenido que acaba de recibir. Solo añade una frase: “Cómo lo ves?”. López Madrid comunica a Piqué al día siguiente que ya ha hecho esa gestión. “Pep. Ya lo hice en su momento, pero se lo vuelvo a comentar y te digo. Un saludo y disculpa el retraso en la contestación. Javier”. El mensajero compromete la situación judicial del exdirectivo de OHL y también la de Ignacio González.

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La segunda cadena de correos tiene lugar días más tarde. El 29 de abril de 2015, Martínez Nicolás manda un nuevo correo a Piqué para informarle de que ha tenido acceso al resultado de la parte técnica del concurso, pese a que el proceso es estrictamente reservado. “Ayer nos informaron, muy confidencialmente —no se puede hacer uso de ello— que nuestra oferta era la mejor técnicamente con tal distancia de puntos que seríamos adjudicatarios con toda seguridad, pero que había cuatro aspectos que alguien de la mesa estaba interpretando como incumplimiento de pliego y que nos afecta tanto a nosotros como a la otra oferta”.

En la comunicación, Martínez Nicolás también cuenta que se ha retrasado la apertura de las ofertas económicas. “Creo que puede haber presiones de los otros ofertantes a nivel político para que no abran las ofertas y evitar perder el concurso, quizá sería bueno preguntar por esa situación a ver qué dicen, a lo mejor ya tenéis información...”. Piqué reenvía automáticamente el correo de Martínez Nicolás a López Madrid, pero, esta vez, sin incluir ningún comentario.

"Posibles intentos de manipulación"

La UCO concluye que los mensajes “pudieran ser indicativos de posibles intentos de manipulación de la adjudicación del contrato de la Ciudad de la Justicia”. Lo cierto es que, en junio de 2015, la Mesa de Contratación propuso que las obras fueran efectivamente concedidas a la UTE de OHL y Acciona. El proceso no llegó a completarse. Poco después de la decisión del órgano administrativo, llegó al Gobierno regional Cristina Cifuentes y ordenó la paralización del proyecto. OHL y Acciona recurrieron a la vía judicial para exigir que se les compensara por la anulación de las obras, pero el Tribunal Supremo dio finalmente la razón a la administración madrileña.

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La derivada penal sigue ahora su curso con la incorporación de los correos al procedimiento que instruye Santiago Pedraz. Aunque aún no está formalmente investigado, la petición del magistrado apunta directamente a López Madrid. Tampoco salen bien parados Piqué o Martínez Nicolás. Lo previsible es que el juez los cite a declarar tras recibir el oficio.

Las diligencias también salpican a Francisco Granados, consejero de Justicia entre junio de 2008 y junio de 2011, un periodo igualmente bajo sospecha. Su predecesor en el cargo, Alfredo Prada, ya ha sido procesado por presuntas irregularidades en la gestión de la primera fase de Campus de la Justicia, entre 2004 y 2008.

López Madrid está procesado por otra adjudicación a OHL, el Cercanías de Navalcarnero, la pieza separada número 3 del caso Lezo. La Fiscalía Anticorrupción pide para él seis años y medio de cárcel por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil. También está acusado en el caso Púnica de repartirse supuestamente una comisión de 3,6 millones de euros con Granados y el empresario David Marjaliza y de haber entregado 1,6 millones de euros al PP de Madrid para financiar distintos procesos electorales. Además, fue condenado por el uso irregular de las tarjetas 'black' de Caja Madrid a seis meses menos un día de prisión.