El juez investiga partidas del megacontrato de la Ciudad de la Justicia de 1.300 millones

El juez que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, ha iniciado nuevas diligencias para investigar contratos del proceso de adjudicación de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto faraónico impulsado por el expresidente del Gobierno regional Ignacio González (2012-2015) que salió a concurso solo unas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2015 en las que se impuso Cristina Cifuentes. La mesa de contratación llegó a seleccionar la oferta presentada por una UTE integrada por las constructoras OHL y Acciona, que ascendía a 1.356 millones de euros. Sin embargo, González no tuvo tiempo de oficializar la licitación con su firma antes de abandonar el Gobierno, y Cifuentes se ha negado luego a completar el proceso durante su mandato.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las pesquisas sobre la Ciudad de la Justicia se enmarcan en la pieza secreta que instruye Velasco, dentro del procedimiento de la trama Púnica, sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El foco se sitúa en contratos de publicidad vinculados al proyecto que habrían sido utilizados para desviar fondos públicos. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este martes a la Dirección General de Justicia de la comunidad, dependiente de la Consejería de Presidencia, para llevarse los expedientes e incorporarlos a la investigación.

No es la primera vez que Púnica salpica a un proyecto adjudicado a OHL. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado encontraron en poder del presunto cerebro de la trama, el exconsejero madrileño de Presidencia y exsecretario general del PP regional Francisco Granados, una agenda con anotaciones de supuestas donaciones ilegales al partido de empresarios que sumarían 2.060.000 euros. El grueso de esos fondos, en torno a 1,6 millones de euros, habría sido aportado por el consejero de OHL Javier López Madrid. Por esa conexión, Velasco imputó al directivo de la constructora y ordenó a la UCO que rastreara las adjudicaciones que recibió esa compañía de la Comunidad de Madrid durante la etapa en la que Granados fue miembro del Gobierno regional, entre 2003 y 2011. Entre los proyectos bajo sospecha se encuentran, como reveló El Confidencial, las obras del metro ligero de Pozuelo de Alarcón y del tren de Cercanías a Navalcarnero.

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Sin embargo, nuevos hallazgos han puesto el foco en una etapa posterior. En concreto, los trámites para la adjudicación de la Ciudad de la Justicia arrancaron el 16 de febrero de 2015 con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) de las condiciones económicas que debían reunir las empresas que aspiraran a llevarse el contrato. Inicialmente, el plazo para presentar las ofertas ante la Consejería de Presidencia concluía el 1 de abril, pero la fecha se retrasó hasta el día 6 del mismo mes. Se presentaron solo dos UTE: una formada por Ferrovial y Dragados y otra integrada por OHL y Acciona.

Tras varias semanas de proceso, la mesa de contratación resolvió el 12 de mayo que la oferta presentada por OHL y Acciona era la más beneficiosa para la Administración madrileña. Pero la legislatura terminó antes de que Ignacio González pudiera estampar su rúbrica para oficializar el inicio de las obras. Después de las elecciones autonómicas, Cifuentes decidió paralizar el procedimiento para redefinir la inversión. Se encontró la oposición de las empresas ajdudicatarias, que consideraron que el acto de la mesa de contratación era firme. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón el pasado febrero al Gobierno de Cifuentes y avaló el desestimiento de la licitación.

Como ya informó El Confidencial, Velasco también acaba de ordenar nuevas diligencias sobre la presunta financiación ilegal del PP. Según fuentes cercanas al caso, además de visitar la Dirección General de Justicia, los agentes de la UCO requirieron este martes en la Consejería de Presidencia varios expedientes de Arpegio, el ente encargado de la gestión del suelo público y de los planes Prisma de inversión en obras de los municipios madrileños. El juez indaga en las adjudicaciones de infraestructuras que Granados habría concedido a constructores de su entorno a cambio de presuntas comisiones ilegales, pero también investiga los 22 consorcios urbanísticos impulsados por Arpegio durante el mandato del presunto cerebro de la trama. Esos convenios permitieron la construcción de más de 40.000 pisos.

Velasco también está investigando el plan de hospitales que impulsó el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2005 para construir seis nuevos centros en colaboración con operadores privados, como adelantó 'El Independiente'. El juez ha centrado sus pesquisas en la dotación del plan reservada para gastos de publicidad, que representó en torno al 1% de su presupuesto total, situado en 2.258 millones de euros. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado se llevaron documentación de la Consejería de Sanidad.