El Supremo tumba definitivamente el plan de Acciona y OHL para Ciudad de la Justicia

Nuevo revés para Acciona y OHL. Las dos compañías, que hace cinco años resultaron virtuales ganadoras del proyecto de adjudicación de Ciudad de la Justicia, el faraónico proyecto diseñado por Esperanza Aguirre para concentrar todos los juzgados madrileños en el nuevo barrio de Valdebebas, ha sido definitivamente tumbado por el Tribunal Supremo.

Según acaba de comunicarse oficialmente, “la sala III de los contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado hoy los recursos interpuestos por las empresas Acciona y Obrascón contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de noviembre de 2017, que dio la razón a la Comunidad de Madrid y declaró conforme a derecho la orden del 17 de noviembre de 2015 (…) por la que se dispuso el desestimiento del procedimiento de adjudicación correspondiente al contrato de concesión de obra pública”.

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Acciona y OHL ven así esfumarse un proyecto presupuestado en 1.700 millones de euros, una dispara cifra para las arcas públicas, que ya antes había tenido que parar otro proyecto ante la imposibilidad de asumir el coste, que las dos constructoras propusieron financiar a cambio de cobrar un canón anual de 45 millones de euros durante 30 años.

El proyecto de unificar todos los juzgados de Madrid en Valdebebas nació hace 15 años como Campus de la Justicia, un ambicioso plan que contaba con la firma de arquitectos como Norman Foster, Alejandro Zaera o Rafael de la Hoz, . Pero la llegada de la crisis financiera obliga a la Comunidad a suspender este plan y modificarlo por una concesión que se rebautizó como Ciudad de la Justicia.

Este segundo proyecto se licitó contrarreloj en la recta final del mandato de Ignacio González, que eligió como ganadora a la alianza formada por Acciona y OHL, un triunfo que, a pesar de las presiones, y con toda la trama Gürtel protagonizando diariamente los titulares, nunca llegó a ser refrendado con la rúbrica definitiva de adjudicación.

Cuando Cifuentes llegó al poder, se encontró con que la decisión de liquidar el primero (Campus) había sido llevada ante los tribunales por la constructora Corsán-Corviam y por arquitectos como Rafael de la Hoz y Ángel Borrego, que, entre otros puntos, pedían suspender la adjudicación del segundo proyecto (Ciudad) hasta que se resolvieran sus contenciosos.

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La comunidad optó entonces por desistir del procedimiento de adjudicación a OHL y Acciona, constructoras que llevaron esta decisión ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Esta entidad les dio inicialmente la la razón, al declarar nula la orden de la Consejería de Presidencia, pero la alegría les duró poco.

Como había advertido que haría, la comunidad recurrió esta anulación ante la sala tercera de lo contencioso-administrativo del TSJM, que dio la razón el Gobierno de Cifuentes. Ahora, con Isabel Díaz-Ayuso al frente de la Comunidad, el Supremo ha refrendado esta decisión.

Con su pronunciamiento, el Alto Tribunal deja vía libre para que el nuevo Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos pueda lanzar una nueva licitación y/o redefinir por completo el modelo que ella desee llevar a cabo para los tribunales de la comunidad.