Un arquitecto que ganó un concurso en el fallido Campus de la Justicia exige 501.000€

El arquitecto Ángel Borrego Cubero ganó el 30 de noviembre de 2007 el concurso público para diseñar el edificio del nuevo Registro Civil que se iba a levantar en el Campus de la Justicia, el proyecto ideado por Esperanza Aguirre para unificar en un solo complejo todas las sedes judiciales dispersadas por la Comunidad de Madrid. Ocho años después, el Registro Civil de Borrego es solo un sueño del que quedan bocetos y maquetas, y en el que se emplearon miles de horas de trabajo que han acabado en los tribunales, ya que Campus de la Justicia (empresa que se creó para poner en marcha el proyecto y que fue liquidada en febrero de 2015) nunca le pagó y le adeuda 501.338 euros.

Esta deuda no está incluida en los 95,7 millones que ya ha costado este fallido proyecto. De hecho, los 300.000 metros cuadrados reservados para el Campus son hoy un erial que alberga rodajes de cine y donde se erige, solitario, el Instituto de Medicina Legal, solo una de las 18 instalaciones previstas, acompañado de un túnel a medio terminar. Borrego, cansado de esperar, puso en julio de este año un contencioso administrativo para resolver el contrato, y en septiembre interpuso una querella criminal contra el liquidador del Campus, Miguel Ángel Fernández, que ya ha comparecido en la comisión sobre la deuda que se celebra en la Asamblea de Madrid. Un portavoz de la Consejería de Justicia señala que el tema tendrá que resolverse en los tribunales.

El edificio creado por Ángel Borrego iba a ser uno de los más vanguardistas del Campus de la Justicia, y en teoría sería uno de los más utilizados de todo el complejo, ya que iba a albergar la sede del Registro Civil, donde se han de notificar e inscribir todo tipo de actos cotidianos, como nacimientos, defunciones, bodas o herencias. El inmueble iba a tener seis plantas, dos bajo suelo, distribuidas en 13.900 metros cuadrados. El coste total de las obras alcanzaría los 19,5 millones de euros, a los que había que sumar 1,18 millones de euros del diseño y proyecto de dirección que había ganado Borrego. El Registro Civil se iba a construir con un material muy ligero, con cojines de ETFE (material plástico estable y de larga durabilidad), concebido como una especie de gran sala cubierta dentro del parque que estaba previsto que atravesara el Campus.

Tras ganar el concurso en noviembre de 2007, el arquitecto comenzó a trabajar junto a su equipo (el estudio OSS) con el interlocutor que asignó la empresa pública Campus de la Justicia, el director técnico Isabelino Baños. En febrero de 2008, Borrego recibió por 'mail' el contrato, pero desde la Administración regional le recomendaron aplazar la firma del mismo para que tuviera más tiempo en concretar los pormenores del diseño. En junio de 2008, Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y gran impulsor del proyecto (estuvo en el jurado que eligió a Borrego), dejó el Gobierno regional por graves diferencias con su jefa de filas, Esperanza Aguirre. Y la firma del contrato se volvió a posponer para septiembre de 2008, después del verano.

El 70% del proyecto

Borrego prefiere no hacer comentarios aunque confirma la querella interpuesta en septiembre y el contencioso puesto en julio. "Hicimos el 70% del proyecto y en julio de 2008 se realizó la última llamada que recibí por parte de la Comunidad de Madrid. Sigo esperando desde entonces". Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid explican que el contencioso del arquitecto está actualmente en la sección tercera: "Se solicitó información a la Comunidad de Madrid que ya ha entregado. Ahora se informará a las partes". Por otro lado, la querella criminal contra el liquidador del Campus ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 54 de Madrid. Borrego se sumó a la querella que en abril había puesto el arquitecto Rafael de la Hoz, que también diseñó otro de los edificios del Campus y tampoco ha cobrado. De la Hoz ganó el concurso de los juzgados de lo penal.

El arquitecto Rafael de la Hoz también se ha querellado contra el Campus de la Justicia, y la empresa Corsán-Corviam ha puesto un contencioso

La firma de ingeniería Corsan-Corviam también ha llevado ante los tribunales al Campus de la Justicia. Esta empresa fue adjudicataria del estudio de seguridad y la dirección facultativa de las obras del edificio de los juzgados de lo Social y Mercantil (que tampoco se ha construido) y reclama los trabajos realizados hasta que el proyecto se paralizó a finales de 2008. La empresa presentó una demanda en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, cuya sentencia obligó a la Comunidad de Madrid (con Ignacio González al frente) a frenar el proyecto que había puesto en marcha en 2014 para sustituir al Campus de la Justicia, la Ciudad de la Justicia. El tribunal dictaminó que el Gobierno regional no podía adjudicar el nuevo contrato hasta que compensase a Corsan por los daños causados, es decir, hasta que resolviese contratos anteriores.

La actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, suspendió el pasado mes de julio la adjudicación de la Ciudad de la Justicia, el proyecto heredado de Ignacio González, a la espera de resolver todos los litigios judiciales pendientes. La construcción de la Ciudad de la Justicia iba a empezar precisamente en julio y finalizaría en el verano de 2019. La obra, a cargo de la UTE (Unión Temporal de Empresas), formada por OHL y Acciona, costaría 483 millones de euros, que pagaría la empresa adjudicataria a cambio de una concesión por 30 años. La Comunidad de Madrid tendría que pagar luego un canon anual de 45 millones de euros por el alquiler y los servicios de las sedes judiciales.