Cifuentes se blinda contra Ciudad de la Justicia, herencia envenenada de Aguirre

Cristina Cifuentes, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, no quiere herencias envenenadas y, todavía menoscuando estas llevan el sello casi personal de sus antecesores, como ocurre con Ciudad de la Justicia, faraónica obra ideada por Esperanza Aguirre que a punto estuvo de adjudicar su delfín y sucesor, Ignacio González, justo antes de abandonar el Ejecutivo regional.

Uno de los frenos que bloqueó los planes del expresidente es, precisamente, uno de los principales argumentos que ha permitido ahora a Cifuentes parar todo el proceso: la batalla judicial emprendida por Isolux Corsán. La constructora presidida por Luis Delso recurrió alos tribunales tras la decisión de la Comunidad de paralizar el proyecto original de Ciudad de la Justicia, que iba a ser construida por privados pero gestionada por la Administración, y sustituirlo por una concesión a 30 años.

Suma y sigue, porque este polémico cambio se aderezó con una inusual celeridad en los últimos seis meses de legislatura, periodo en el que se anunció el nuevo plan, se lanzó, se tramitó y hasta se dijo quién era el ganador virtual: la UTE formada por OHL y Acciona, cuya propuesta fue la elegida por la mesa de contratación a falta de días para las elecciones.

A pesar de tanta prisa, la adjudicación definitiva requería que el consejo de Gobierno de González se atreviera a dar luz verde en el tiempo de descuento de su mandato, un escándalo que, sin embargo, se temió que se produjera hasta última hora y que habría condicionado a Cifuentes desde su primer día de Gobierno. Consciente de ello, y temerosa de cómo se ha tramitado todo este proyecto, la presidenta ha recurrido a expertos legales para analizar los pasos a seguir y blindarse de nuevas reclamaciones, tanto de la primera como de la segunda versiónde Ciudad de la Justicia, estrategia que ya ha dado sus primeros frutos.

Con un dictamen dela Abogacía de la Comunidad de Madrid en la mano, ha decidido resolver el contrato que tenía con Isolux por una obra que se adjudicó del proyecto original, lo que significa que esta primera versión está definitivamente descartada. Pero no será gratis:ahora la Comunidad deberá sentarse a negociar con la constructora la pertinente indemnización, tiempo que aprovechará para analizar también qué hace con la segunda, que por el momento sólo está suspendida, pero cuyo destino, según diversas fuentes, tiene muchas posibilidades de ser el mismo que el de su antecesor.

Análisis en detalle

Lo que está tratando de evitar Cifuentes son nuevas reclamaciones y enfrentamientos que, para colmo, le vienen heredados de un proyecto con el que nunca se ha mostrado especialmente ilusionada. Y el mejor modo de evitar conflictos es poner a sus expertos a analizar hasta la última consecuencia de tomar una decisión en una u otra dirección.

Hacia qué lado termine inclinándose la balanza dependerá, en gran parte, de dos aspectos. Por un lado, el económico, ya que el nuevo Ejecutivo quiere estudiar con detalle si tiene sentido este proyecto, sus costes y viabilidad. Por otra, las consecuencias que puedan derivarse de la decisión que termine tomándose, sobre todoen lo relativo a posibles indemnizaciones si finalmente se optara por desechar esta obra.

Pero todo este análisis requieretiempo y amenaza con que el proceso de adjudicación que dejó a mitad González caduque y eso termine volviéndosele en contra al actual Gobierno. Para evitar este escenario, el equipo de Cifuentes ha pedido a los dos consorcios que presentaron ofertas, Ferrovial-ACSy OHL-Acciona, que se refrenden en sus propuestas. En caso negativo, habrán sido las propias compañías las que hayan optado por retirarse y, por tanto, les resultarámuy difícil justificar ningún tipo de reclamación.

Con un presupuesto base de licitación de 1.700 millones de euros, la decisión de convertir en concesión público-privada el proyecto de Ciudad de la Justicia también ha levantado en armas al Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), que siempre ha defendido que debería haberse mantenido el modelo original, ajustando los costes.

Apuesta personal de Aguirre

El proyecto de Ciudad de la Justicia siempre se ha identificado como una apuesta casi personal de Esperanza Aguirre, que ideó unificar en Valdebebas todos los tribunales de Madrid. De hecho, cuando todavía era presidenta de la Comunidad se colocó la primera piedra, en el año 2007, y por entonces se esperaba que el complejo estuviera funcionando para 2012, planes que la crisis se encargó de hacer saltar por los aires, hasta que se retomaronbajo la fórmula de concesión, en diciembre de 2014, a menos de seis meses para elecciones.

Con una extensión de 200.000 metros cuadrados, la Ciudad de la Justicia prevé albergar a los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid y a los 554 jueces y magistrados, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales, a más de 5.000 personas del servicio de la Administración de Justicia, más 42.000 abogados y 1.719 procuradores. Según cálculos del anterior Ejecutivo, las obras de este complejo permitiríancrear 2.200 puestos de trabajo y una mejora de una décima en el PIB regional.