La Audiencia Nacional investiga ya el fallido Campus de la Justicia de Esperanza Aguirre

Nuevo frente judicial que se abre contra la gestión de los anteriores gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. El juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha decidido investigar el faraónico y fallido proyecto de Campus de la Justicia que puso en marcha Aguirre y que nunca llegó a concretarse. En este proyecto se invirtieron unos 130 millones de euros, aunque solo se llegó a terminar uno de los 12 edificios previstos. Se trata de una investigación declarada secreta por el juez José de la Mata, que ya ha requerido esta misma semana información y documentación a la Consejería de Justicia.

El magistrado admitió el pasado 3 de agosto una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en relación con distintas prácticas presuntamente irregulares cometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA (CJM), que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos. La investigación parte de una denuncia inicial presentada por los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos, que llevaron ante la Justicia todas las irregularidades detectadas en una comisión parlamentaria que duró meses.

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El Gobierno, presidido entonces por Cristina Cifuentes, también incorporó otra denuncia. El consejero de Justicia al que salpica el proyecto es Alfredo Prada, hoy integrado en el equipo de Pablo Casado como responsable de la nueva oficina que vela por la idoneidad de los cargos del PP. El proyecto, que intentó unificar en un único complejo todas las sedes judiciales de la región, también fue fiscalizado por la Cámara de Cuentas, que en un demoledor informe de 240 páginas analiza todas las irregularidades detectadas en los años en que estuvo operativa esta sociedad, entre enero de 2005 y diciembre de 2014. La Cámara de Cuentas concluye que el campus no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, de los principios que deben presidir la contratación del sector público.

El megaproyecto de Aguirre no contaba con documentación justificativa del proyecto, además de adolecer de falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo en varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc. Igualmente, en el ámbito relativo a la contratación y pagos, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad o en ausencia de documentación que justifique la existencia de expediente para la contratación o la causa de los pagos efectuados.

El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355,92 euros. De todo el proyecto realizado, solo constan las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabados y en situación de abandono. Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación, se encuentran la gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007), la aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid (2007), la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.

También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de Goya 66, la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia, el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel, la edición y distribución del libro 'Foster+Partners', el servicio de asesoramiento jurídico a CJM o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (2008), entre otros. El juez ha comenzado a practicar las primeras diligencias para la averiguación de los hechos. Por el momento, no hay personas imputadas.

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Sin contar los gastos de personal, Campus de la Justicia invirtió 95,3 millones de euros en un proyecto que resultó ser un fiasco. Esta cifra incluye 61,6 millones de las obras del proyecto que se dan como pérdidas tras la paralización del mismo. De los 12 edificios previstos, solo se construyó uno, el Instituto de Medicina Legal. Los costes de urbanización y de trabajos realizados suman 78,7 millones de euros (22 se los llevó el instituto y 34,8, la urbanización). Campus pagó 11,6 millones en honorarios profesionales de direcciones técnicas de edificios que nunca se levantaron. En los 10 ejercicios transcurridos de su constitución a su disolución, la empresa acumuló pérdidas de algo más de 63 millones. De momento, no existe ninguna imputación formal en la causa, aunque están siendo investigados los 32 consejos de administración que la empresa Campus tuvo desde su creación.