El juez pide detener a Norman Foster si se niega a declarar por el Campus de la Justicia
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El juez pide detener a Norman Foster si se niega a declarar por el Campus de la Justicia

Sospecha que el Gobierno de Esperanza Aguirre abonó al arquitecto unos honorarios de más de 13 millones de euros por proyectar dos edificios para el proyecto fallido

Foto: El juez pide detener a Norman Foster si se niega a declarar por el Campus de la Justicia
El juez pide detener a Norman Foster si se niega a declarar por el Campus de la Justicia

La Audiencia Nacional busca a Norman Foster. El juez José de la Mata ha reclamado a las autoridades suizas que encuentren y detengan al arquitecto británico en caso de observar resistencia después de tratar, durante meses, de localizarle para tomarle declaración por su intervención en la construcción del fallido Campus de la Justicia de Madrid.

Según indica en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado quiere escucharle para conocer si cobró del Gobierno madrileño que dirigía Esperanza Aguirre más de 13 millones por proyectar dos edificios para esta ciudad judicial que nunca llegó a levantarse.

Horas después de conocerse su posible detención en el caso de que se niegue a declarar, el equipo jurídico del arquitecto ha emitido un comunicado: "Ha estado ayudando a las autoridades con su investigación como testigo de la acusación. Ya hemos dado testimonio en una declaración como testigo para la acusación", asegura. "Seguimos colaborando activamente con el tribunal para ayudar con sus consultas. Nuestros esfuerzos se han visto frustrados por las restricciones debidas al coronavirus. Lord Foster sigue comprometido y disponible para ayudar y continuamos en contacto con las autoridades españolas para que esto suceda".

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De la Mata investiga la posible comisión de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y/o delitos societarios vinculados con el proyecto después de que la Cámara de Cuentas de Madrid concluyera que llegaron a formalizarse contratos por valor de 332 millones de euros, a los que se suman otros 8,4 millones de euros en modificaciones y prórrogas, y que se pagaron 9,5 millones en concepto de indemnizaciones y 4,8 millones de euros en "gastos sin soporte contractual". Mantiene imputado al ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y ex consejero de Justicia Alfredo Prada.

En el año 2006, el Gobierno regional anunció a bombo y platillo que el prestigioso arquitecto se encargaría de diseñar los dos primeros edificios del Campus, dedicados al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y a la Audiencia Provincial.

Así se establecía en un acuerdo que firmó Foster con el también consejero de Justicia e Interior. Su estudio debía encargarse de redactar el proyecto inicial de edificación y la posterior construcción de estas dos sedes situadas en un gran complejo ubicado en el ámbito de Valdebebas que debía concentrar todos los órganos judiciales con sede en Madrid, a excepción del Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional.

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Según explica el juez en su auto, en abril de aquel año Foster y Prada firmaron un acuerdo y un posterior memorándum que incorporaba un proyecto de construcción de ambos edificios de 179.691.000 euros. Los honorarios del arquitecto se calculan en la documentación en poder del Juzgado en 11.621.003 euros, a los que se añade en concepto de gastos un 15 por ciento sobre el montante total de honorarios.

El contrato quedó suspendido en octubre de 2008 cuando el importe total facturado por el estudio del británico, Foster and Partners, ascendía a 10.621.809,06 euros (incluyendo gastos). En el memorándum se establecía que en caso de rescisión del contrato podría cobrar el 10 por ciento del montante que restara por facturar en ese momento "para reflejar la proporción de los servicios parciales ejecutados".

El juez asegura que según consta en el análisis de las cuentas bancarias, la empresa levantada para el proyecto del Campus le pagó en total 13.777.335 euros, produciéndose el último movimiento bancario en enero de 2009, tres meses después de la suspensión del contrato. "En la certificación de octubre del 2008 se acredita que los trabajos realizados totalizan importe de 10.621.807,84 euros", dice el juez.

Tras tratar de forma infructuosa de escuchar su testimonio dese el pasado marzo, el juez ha decicido recurrir a un riesgo de arresto. "Teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en paradero desconocido, se interesa que, por las Autoridades Policiales Competentes, se proceda a la averiguación de domicilio de Norman Foster, a efectos de su localización y citación. La citación debe realizarse con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer", pide el magistrado. Propone como fecha para la tomarle declaración el día 14 de diciembre en caso de que se le localice.

La instrucción

El magistrado admitió en agosto de 2018 una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en relación con distintas prácticas presuntamente irregulares cometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA (CJM), que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.

La investigación parte de una denuncia inicial presentada por los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos, que llevaron ante la Justicia todas las irregularidades detectadas en una comisión parlamentaria que duró meses.

El antiguo consejero de Justicia al que salpica el proyecto es Alfredo Prada, después integrado en el equipo de Pablo Casado como responsable de la nueva oficina que vela por la idoneidad de los cargos del PP. El proyecto, que intentó unificar en un único complejo todas las sedes judiciales de la región, también fue fiscalizado por la Cámara de Cuentas, que en un demoledor informe de 240 páginas analiza todas las irregularidades detectadas en los años en que estuvo operativa esta sociedad, entre enero de 2005 y diciembre de 2014.

La Cámara de Cuentas concluía que el campus no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, de los principios que deben presidir la contratación del sector público.

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