Fiscalía pide procesar a González y ex altos cargos de OHL por el tren de Navalcarnero

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido procesar a seis personas por la adjudicación a OHL del tren de Navalcarnero en 2007. En un escrito remitido al juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, solicita cerrar la instrucción y sentar en el banquillo, entre otros, al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al exconsejero de OHL, Javier López Madrid, y al empresario Adrián de la Joya. El Ministerio Público apunta al pago de comisiones por parte de ex altos cargos de OHL para lograr el contrato, pero exculpa al expresidente del grupo, Juan Miguel Villar Mir, al no contar con indicios suficientes para formular acusación contra él.

Anticorrupción apunta a que el contrato suspuestamente obedeció a un plan ideado por López Madrid, que es yerno de Villar Mir, y el entonces consejero de Construcción Nacional de OHL, Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas. Para lograr ese propósito, apunta a que ambos destinaron 2,5 millones de dólares para el pago de sobornos a las autoridades de las que dependía la adjudicación, entre cuyos beneficiarios señala al exdirector gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez, y al propio González, que entonces presidía el mencionado ente público y ocupaba la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid.

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El listado de personas que la Fiscalía pide procesar lo cierra el exdirector de Control de Gestión de OHL, Felicísimo Damián Ramos Ramos. En su escrito, apunta a que los hechos investigados encajan con los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, trámite necesario para formular posteriormente su acusación contra cada uno de ellos. Además de Villar Mir, Anticorrupción también deja fuera del caso a los hasta ahora investigados Tomás García Madrid, exconsejero delegado de OHL, y Jesús Trabada Guijarro, exconsejero delegado de la empresa pública MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte).

En cuanto al expresidente de OHL, este siempre se ha desmarcado del pago de 2,5 millones de dólares, pero en 2018 ya mostró sus sospechas de que alguien pudo desviar esa cantidad desde dentro de la multinacional en beneficio propio, sin ofrecer más detalles al respecto. El empresario, defendido por el despacho Business & Law, ha asegurado en repetidas ocasiones que desconoce quién dio la orden de pago de dos transferencias (una de 1 millón de euros y otra de 1,5 millones) de la que habría sido beneficiario, entre otros, Ignacio González, argumentando que él se enteró de que se produjo este abono en mayo del año 2017 a raíz de una investigación interna dentro del grupo.

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En cuanto al fracaso de la obra, Villar Mir se escuda en que se debió a que la Comunidad de Madrid cambió las condiciones del mismo tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento. También sostiene que la crisis económica influyó en que no se llevara a cabo la construcción del ramal ferroviario y que la adjudicación del proyecto de cercanías fue a parar a OHL porque presentó la mejor oferta. Con esta línea de defensa como telón de fondo y ante la falta de indicios recabados, la Fiscalía le deja ahora al margen de los procesamientos solicitados.

El escrito de Anticorrupción llega además tras las recientes declaraciones del exconsejero madrileño Francisco Granados y López Madrid, que el 22 de octubre negaron ante la Audiencia Nacional haber compartido una comida en la que el exdirigente del PP de Madrid le pidió un millón de euros por la adjudicación de la obra pública. La sospecha partía a su vez del empresario David Marjaliza, imputado en Púnica, que aseguró ante el juez que él también había asistido a esa supuesta cita en la que oyó a Granados pedir la mencionada cantidad al empresario. Con esta línea de investigación cerrada, la Fiscalía da por finalizada la instrucción de la pieza.