La Guardia Civil investiga la muerte por covid de ancianos "mezclados" con enfermos en Cataluña
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La Guardia Civil investiga la muerte por covid de ancianos "mezclados" con enfermos en Cataluña

El juez del caso Voloh rastrea posibles responsabilidades penales en la gestión de la pandemia en las residencias de Cataluña tirando de las escuchas a un implicado en la trama de corrupción

placeholder Foto: Llegada de pacientes a un hotel de Barcelona en plena primera ola. (EFE)
Llegada de pacientes a un hotel de Barcelona en plena primera ola. (EFE)

El juez del caso Voloh sobre el presunto desvío de fondos públicos al 'procés' independentista, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, está investigando la gestión de la crisis del coronavirus en Cataluña tras detectar indicios de delito en las escuchas telefónicas a uno de los principales implicados en la presunta trama de corrupción, el exconsejero de ERC y empresario Xavier Vendrell, que recibió dinero por gestionar en la sombra el traslado de internos de residencias de la tercera edad durante las peores semanas de la pandemia.

Las diligencias, en manos de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña, apuntan que los departamentos de Salud y Asuntos Sociales de la Generalitat, liderados por dirigentes de ERC, provocaron la infección de residentes sanos al trasladarlos a establecimientos para contagiados y extraviaron a mayores de otros centros. Algunos de esos ancianos fallecieron. Otros, en el mejor de los casos, vieron cómo dejaban de administrárseles la alimentación y los medicamentos que tenían pautados. Además, las pesquisas probarían que el Govern vetó el ingreso hospitalario de usuarios de residencias con más de 80 años.

Foto: Vacunación de una persona mayor dependiente en Valencia. (EFE)

Las pistas salen de las conversaciones interceptadas a Vendrell, que fue contratado a finales de marzo de 2020 por Cinta Pascual, propietaria de uno de los mayores grupos de residencias de Cataluña (Onada Serveis) y presidenta de la patronal autonómica (ACRA). Pascual quería que usara sus contactos en ERC para encontrar plazas hospitalarias a los ocupantes de sus centros contagiados por el virus. Vendrell aceptó el encargo a cambio de un salario de 5.000 euros mensuales, aunque los facturó a través de su empresa Forum “para que no figurase su nombre”.

Una de las conversaciones sobre las que pivota esta línea de investigación de Voloh se produjo el 2 de abril de 2020 por la noche. Vendrell y Pascual comentaron que la Generalitat había “mezclado” a personas de residencias “que no habían contraído covid-19 con aquellas otras que sí lo tenían”. Asimismo, en otra llamada del 4 de abril, Vendrell habló con un interlocutor sobre la desaparición de varios mayores de la residencia Marvi Park de Barcelona. Un episodio similar ocurrió en la residencia de Nova Alegría, también en la Ciudad Condal. “Nadie de la residencia de origen la ha acompañado y ahora no se sabe dónde está”, afirmó su interlocutor. “Me han dicho que tenían a otro abuelo en la misma situación”.

Foto: Traslado de una anciana a un hospital para ser atendida durante el estado de alarma. (EFE)

La instrucción ha dado un salto en las últimas semanas. Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al procedimiento, la Guardia Civil ha efectuado nuevas indagaciones que indican que, efectivamente, ancianos sin el virus fueron enviados esos días a las clínicas de las mutuas Fremap y Copérnico, en Barcelona, que estaban reservadas exclusivamente para contagiados. Su destino tendría que haber sido el hotel Room Mate Carla, habilitado para acoger a residentes sanos, pero la Generalitat se equivocó de destino.

Una responsable del Consorcio Sanitario de Barcelona, un organismo dependiente del Departamento de Salud que dirigía Alba Vergés, de ERC, admitió a Vendrell en otra conversación el error en los traslados. Según el sumario, esa responsable, Montserrat Casamitjana, explicó que el triaje lo había hecho su equipo, pero no sabía lo que había ocurrido. La equivocación llegó a Oriol Amorós, alto cargo del Departamento de Asuntos Sociales, encabezado por otro político de ERC, Chakir El Homrani. Sin embargo, el episodio fue silenciado para evitar que llegara a los familiares de los afectados y a los medios de comunicación. El propio Amorós confesó el 3 de abril en otra intervención que nadie estaba informando a las familias de lo que estaba pasando.

Apuntan ahora a que algunos de los ancianos que fueron movidos por error terminaron contagiándose de coronavirus y fallecieron

La reconstrucción judicial efectuada por la Guardia Civil apunta ahora a que algunos de los ancianos que fueron movidos por error terminaron contagiándose de coronavirus y fallecieron. Ya se han confirmado varios casos, pero las averiguaciones todavía no han concluido. También se habría acreditado que se perdió el rastro de mayores que requerían atención médica. De confirmarse, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de homicidio imprudente, que se sumaría a las acusaciones de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación que ya se ciernen sobre los principales involucrados, Vendrell entre ellos.

Foto: Personal sanitario acude a la residencia geriátrica Santa Oliva, en Barcelona. (EFE)

Las escuchas demostrarían, del mismo modo, que la Generalitat rechazó la asistencia hospitalaria a los usuarios de residencias. “A personas con pluripatologías, que son todos los que están en residencias, y con más de 80 años y llenos de patologías, no se les administrará ningún tratamiento”, aseguró Cinta Pascual en otra conversación, lamentándose de que el Departamento de Salud no contara la verdad a la ciudadanía. “Lo único que podemos hacer es un buen final de vida (…) No se dice por qué se mueren. Porque no se les darán los retrovirales”.

Ni siquiera todos los mayores de residencias que fueron abandonados a su suerte encajaban en ese perfil. En otra escucha, la presidenta de la patronal catalana contó a Vendrell que el Departamento de Salud había rechazado el ingreso de un usuario de 76 años. “La cabeza la tiene bien, pero se morirá y ya está. He pensado en llevarlo al hospital y dicen ¡no!”, afirmó Pascual. Otra interlocutora de Vendrell afirmó que había descubierto que el Hospital Clínic de Barcelona, uno de los centros de referencia de la red pública catalana, tampoco quería a personas de residencias. “Que viejos no, no quiere viejos… Los viejos, que se mueran en residencias”, captó la Guardia Civil.

Foto: Protestas en Barcelona contra las muertes por covid en residencias. (EFE)

A finales de abril de 2020, la situación seguía siendo caótica. La falta de personal cualificado era tan grave que, a pesar de las medidas de confinamiento en vigor en ese momento, un usuario de la residencia Para llel de Barcelona desapareció del centro por su propio pie. El día 25 de ese mes estuvo a punto de producirse otro traslado erróneo. Mayores infectados iban a ser alojados en el hotel Room Mate de los libres de coronavirus. “Es una cagada detrás de otra”, reconoció ese día Vendrell.

El antiguo dirigente de ERC, que militó en la organización terrorista Terra Lliure, demostró tener un altísimo nivel de interlocución con el Govern de Quim Torra. Pese a su papel en la crisis de las residencias, su nombre no trascendió hasta que se desencadenó la operación Voloh el pasado mes de octubre. La Guardia Civil lo detuvo en su domicilio y se incautó de abundante información. También se le acusa de promover la recalificación irregular de 48.000 metros cuadrados en Villa Bugatti, una finca rústica en la localidad de Cabrera de Mar en la que había construido salones de fiestas y un centro de negocios.

El juez del caso Voloh sobre el presunto desvío de fondos públicos al 'procés' independentista, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, está investigando la gestión de la crisis del coronavirus en Cataluña tras detectar indicios de delito en las escuchas telefónicas a uno de los principales implicados en la presunta trama de corrupción, el exconsejero de ERC y empresario Xavier Vendrell, que recibió dinero por gestionar en la sombra el traslado de internos de residencias de la tercera edad durante las peores semanas de la pandemia.

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