La Justicia detecta nuevos acercamientos del independentismo al Gobierno de Putin

El apoyo del Gobierno de Vladímir Putin a los “líderes independentistas catalanes” pilló el pasado viernes por sorpresa al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero es el último hito de una estrategia oculta de alianzas que está en el foco de la Justicia española desde hace meses. El instructor del caso Voloh, en el que se rastrea el presunto desvío de fondos públicos al 'procés' y otros delitos de corrupción, está investigando nuevos movimientos del entorno de Carles Puigdemont para conseguir la ayuda de Rusia en su ofensiva contra las instituciones españolas, según han informado a El Confidencial fuentes próximas a las pesquisas.

El secesionismo ya exploró la vía rusa antes del 1-O, pero ha vuelto a reactivarla ante el continuo desprecio que cosecha en Bruselas. La documentación y las comunicaciones intervenidas por la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña en la última fase de esta causa, el pasado 28 de octubre, han arrojado detalles clave sobre el nuevo acercamiento. Hasta solo unos días antes de la operación, el círculo de confianza de Puigdemont estuvo maniobrando para asegurarse de que los mensajes que este difundía en entrevistas y redes sociales estuvieran alineados con el discurso oficial de Moscú en temas especialmente sensibles para sus intereses, como el envenenamiento del opositor Alekséi Navalni.

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Las críticas del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, por el reciente encarcelamiento de Navalni fueron precisamente las que llevaron al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a reaccionar comparando el caso del disidente con el de los líderes “independentistas catalanes en prisión por organizar un referéndum”. "España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos que haga Occidente en términos de reciprocidad", dijo Lavrov, provocando una reacción inmediata de la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya.

Un político en un organismo clave

Las indagaciones que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, han permitido descubrir que Puigdemont y su entorno hicieron gestiones durante meses para tratar de obtener un respaldo así de explícito del Ejecutivo de Putin y, de paso, abrir otra vía de agua a la imagen de España en la esfera internacional, el tablero en el que se ha volcado el independentismo tras el 1-O. Las declaraciones han generado incluso una crisis en el Gobierno de Sánchez por sus opiniones contradictorias sobre la calidad de la democracia española.

La aproximación de Waterloo a Rusia habría incluido contactos con el Gobierno de Moscú a través de intermediarios. En varios mensajes intervenidos por los investigadores de la Guardia Civil, miembros del círculo de confianza de Puigdemont se felicitan por el nombramiento del periodista Evgenii Alexsandrovich Primakov como nuevo director de la Agencia Federal para Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional (Rossotrudnichestvo), un organismo gubernamental que depende directamente de la cartera de Exteriores de Lavrov y que cuenta con una vasta red de delegaciones por todo el mundo que ha sido utilizada frecuentemente por las agencias de inteligencia rusas para disponer de una cobertura fuera de sus fronteras. Su sede en España está en el número 61 de la calle Alcalá de Madrid.

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El apellido Primakov suena con fuerza en el Kremlin. Su abuelo, Evgenii Primakov, se hizo cargo de la KGB tras la caída de la URSS y en 1996 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores por Boris Yeltsin. Se le considera el ideólogo de la alianza con China e India que permitió a Rusia contrarrestar la pujante hegemonía de Estados Unidos. También propugnó la influencia rusa en los países de su área geográfica, un principio que Putin ha convertido en el eje de su política exterior. El actual presidente ruso encabezó la representación oficial en el multitudinario entierro de Primakov en 2015.

Un frente prorruso en España

La investigación del juez Aguirre también tiene implicaciones para la política nacional. Otros mensajes interceptados revelan que el independentismo está intentando arrastrar al eje ruso a partidos españoles con los que mantiene relaciones preferentes. Los colaboradores de Puigdemont ya habrían establecido contacto con representantes destacados de esas otras formaciones para tratar de sostener un mismo discurso en todos los asuntos cruciales para Moscú.

España no es una prioridad para Putin, pero su Gobierno ha aprovechado en los últimos años cualquier ocasión a su alcance para debilitar la unidad de Occidente, como la votación del Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. La injerencia de Moscú en el 1-O ya ha quedado acreditada y la Policía Nacional investiga desde 2019 la presencia de tres agentes del grupo de inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas en Cataluña en fechas próximas a la consulta.

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La primera fase del caso Voloh halló otras conexiones. Uno de los primeros detenidos, Víctor Tarradellas, exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y asesor destacado de Puigdemont, mantuvo varios encuentros en Rusia con un diputado del partido de Putin, Rusia Unida, el mismo al que pertenece Primakov. Se trata del politólogo Serguéi Markov, con gran peso en el Kremlin y que admitió en noviembre de 2019 sus reuniones con Tarradellas. "Preguntaron qué haría el Gobierno ruso si el nuevo Gobierno catalán reconociese la pertenencia de Crimea a Rusia", declaró a EFE. Según aseguró, su respuesta fue que Rusia no estaba interesada en ningún acuerdo de esas características.

Los 10.000 soldados

En dos conversaciones grabadas por el propio Tarradellas en mayo de 2018, este aseguró que Rusia había ofrecido a Puigdemont el envío de hasta 10.000 soldados si declaraba la independencia tras el referéndum y el pago de la deuda catalana. Sin embargo, según contó el político de CDC a sus interlocutores en esos audios, el entonces presidente de la Generalitat “se cagó en los pantalones” y rechazó la colaboración de Rusia.

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Tras conocerse esa información el pasado octubre, la embajada de Rusia en España publicó un mensaje en su perfil oficial de Twitter para mofarse de la investigación judicial. “Ojo: la información aparecida en los medios españoles sobre la llegada de 10.000 soldados rusos está incompleta. Hace falta añadir dos ceros al número de soldados y lo más impactante de esta conspiración: las tropas deberían ser transportadas por aviones 'Mosca' y 'Chato' ensamblados en Cataluña durante la Guerra Civil y escondidos en un lugar seguro de la Cierra Catalana [sic] hasta recibir a través de publicaciones la orden cifrada de actuar”.

La Audiencia avala la instrucción

El chiste tuvo un gran impacto en las redes sociales, pero no es la primera vez que Rusia utiliza el humor para ridiculizar a sus oponentes. De hecho, los especialistas occidentales que estudian la propaganda rusa han bautizado ese método de desinformación como 'hahaganda'. Consiste en buscar el elemento más extremo e inverosímil de un mensaje para caricaturizar al emisor e inferir que todo lo que dice es absurdo. Moscú lo emplea sobre todo en casos especialmente sensibles, como el derribo del avión MH17 y el envenenamiento de Navalni, o cuando las pruebas son irrefutables por la vía racional.

Una avalancha de nuevos indicios refuerza la investigación sobre las conexiones de Waterloo con Rusia. Además, la Audiencia Provincial de Barcelona avaló la semana pasada la instrucción del juez Aguirre al desestimar un recurso de varios investigados contra la intervención de sus comunicaciones. En un extenso auto en el que se detallan numerosos episodios bajo investigación en el caso Voloh, que abarca incluso delitos urbanísticos, la Sección 21 de la Audiencia resolvió que existen “sospechas fundadas o indicios de criminalidad” para justificar la proporcionalidad de las escuchas telefónicas. El dictamen también supuso un duro golpe a la Fiscalía Anticorrupción, que hasta ahora se había negado a impulsar las pesquisas al considerar que no había pruebas de delito.