El sector de las residencias en Cataluña: "Se dejó morir a ancianos de forma indigna"

La gestión de las residencias de ancianos en Cataluña durante las primeras semanas de la pandemia fue un auténtico caos. Así lo certificaron varios representantes de asociaciones del sector que este lunes comparecieron ante la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de ancianos del Parlamento catalán. En estos momentos, la situación ha mejorado un poco, aunque aún hay muchas deficiencias, especialmente en lo que respecta al personal.

María José Carcelén, coordinadora de la plataforma Colectivo Residencias 5+1, relató ante los miembros de la comisión que se habían perdido ancianos y que se vetó el traslado de residentes a los hospitales. Éste es uno de los episodios sobre los que la Administración catalana intentó echar tierra. “Un correo electrónico de una residencia de Sant Andreu enviado a las familias dice literalmente: ‘Actualmente, las derivaciones hospitalarias están muy restringidas’. En la residencia pública Ramon Berenguer hay un informe de los familiares que dice: ‘Desde la residencia, el 30 de marzo nos indican que desde el primer momento se comunicó al Departamento de Salud la situación de aislamiento de los residentes, pero que se produce también la negativa, desde ese mismo Departamento, de la derivación de los casos positivos a la red sanitaria hospitalaria’”.

Carcelén, representante de una de las asociaciones más reputadas del sector (que además interpuso una denuncia en Fiscalía contra 30 residencias), fue muy drástica al comentar la situación: “O sea, los residentes no tuvieron acceso al sistema sanitario de salud. No se les derivó a los hospitales, por lo que se les dejó morir en unas condiciones absolutamente indignas. Creemos que fueron discriminados por razón de la edad y por razón del lugar donde vivían. Sencillamente, se les consideró prescindibles. Absolutamente prescindibles. Hasta ahora, nadie ha pedido perdón ni nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Esperemos que esta comisión haga su trabajo para que eso no vuelva a pasar nunca más”.

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Esta ácida crítica a la Generalitat viene a reforzar la situación de auténtico caos que se vivía en el sector durante los meses de marzo y abril. Según los informes de la Guardia Civil que obran en el sumario que sigue el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, el Govern creó un comité de crisis a finales de marzo, en el que se integró Xavier Vendrell, un exalto cargo de ERC detenido la pasada semana.

Contagios masivos

Vendrell actuaba como el responsable de la patronal de las residencias para el traslado de ancianos a hospitales privados y en las conversaciones telefónicas grabadas con orden judicial se detallan los problemas con que se estaba encontrando. Uno de los datos más escalofriantes era la pérdida de ancianos. Carcelén lo corroboró este lunes ante la comisión: “Había momentos en que no se sabía si los residentes estaban en un hospital o en una residencia. Pero, además, es cierto que se produjeron devoluciones de ancianos a residencias, siendo positivos. Y era evidente que iban a contagiar al resto. Eso pasó, y no sólo en una, sino en muchas residencias”.

A pesar de los escalofriantes relatos de los implicados y de los indicios que constan en el sumario, ERC, JxCat y la CUP vetaron la comparecencia en la comisión de los consejeros de Trabajo, Chakir El Homrani, (de quien dependían las residencias hasta el 8 de abril), y de Salud, Alba Vergès, ambos de Esquerra, los máximos responsables políticos de la gestión. “Podemos hablar de opacidad y de esconder la situación que se estaba dando dentro de las residencias (…) Pero queremos saber cómo ha sido y quién puede haber denegado la derivación a los hospitales”, acusó Carcelén en su comparecencia.

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María José Alarcón, representante de la plataforma Afectados BB Serveis, una red de residencias que está siendo investigada, no fue menos crítica. “Deben pedirse responsabilidades tanto políticas como penales. Las administraciones no atendían adecuadamente a los ancianos y las residencias, tampoco”, subrayó.

También explicó que “las normativas y los protocolos eran confusos: se hablaba de buscar síntomas de contagio. Ni Asuntos Sociales [dependiente de la consejería de Trabajo], ni el Síndic de Greuges [Defensor del Pueblo catalán] ni la Oficina Antifraude hicieron lo que debían. Los directivos de BB Serveis que fueron detenidos siguen funcionando con residencias por Cataluña. Y no hay más denuncias porque quien denuncia sufre acoso, represalias, queda en exclusión social”.

Peligro de volver a repetir la situación

Roberto Martínez, también de la plataforma Afectados BB Serveis, reiteró las críticas en el mismo sentido. “Pese a las muchas denuncias, la gestión ha acabado con muchas vidas perdidas, mucho sufrimiento irreparable e incomprensiblemente no ha tenido consecuencias políticas ni penales”, lamentó. Martínez aseguró que las informaciones sobre cómo se mezclaban residentes contagiados con residentes sanos (lo que se desprendía de las informaciones contenidas en el sumario citada y recogidas por El Confidencial), “hemos tenido testimonios y pruebas de diferentes lugares de Cataluña de que fue así y hoy en día se está volviendo a repetir. Es muy grave”.

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A la gestión hay que añadir la falta de equipos de protección individual (EPIs) y de personal. Alarcón explicó cómo a toda prisa a los ancianos tenían que ponerlos ‘presentables’ porque les llegaba visita. Es que los servicios no funcionaban correctamente y así se detectaron hasta brotes de sarna, por ejemplo. Y la lavandería no daba abasto. La ropa sucia se amontonaba y no había tiempo para lavarla, por lo que vestíamos a los residentes con ropa donada por familiares de fallecidos”.

Los turnos también eran draconianos: las enfermeras acudían a las residencias unas horas a la semana; los médicos, dos horas semanales; por las noches, dos auxiliares tenían que atender a 60 personas. Si alguien se ponía enfermo, al no haber médico, tenían que llamar al centro de atención primaria para que el médico de guardia decidiese si había que llevarlo al hospital. “Lo que debería hacer una enfermera, como dar la medicación, lo estábamos haciendo los auxiliares… era imposible dar un servicio digno y de calidad”, relató Alarcón. Y Carcelén señaló que “ahora tenemos EPIs y mejores condiciones, pero seguimos teniendo falta de personal, que es imprescindible. No hay personal sanitario. Y hay que aislar a los residentes, porque gestionar, debido a la rapidez y la facilidad de contagio, es imposible hacerlo dentro de las residencias. Y eso porque la cocina, la lavandería, los servicios… son comunes. Es difícil mantener un aislamiento completo dentro de ellas”.

En referencia a la situación actual, la propia Carcelén afirmó que “según la Generalitat, en estos momentos tenemos 152 residencias ‘rojas’ [centros que no tienen controlada la pandemia], o sea, 10 más que hace quince días. Y hay 123 residencias donde hay personas infectadas, 65 más que hace quince días. Por tanto, o adoptamos medidas o tendremos los mismos problemas que en la primera fase. Como sociedad, no nos podemos volver a abandonar, volver a dejar morir a los ancianos de este país que lucharon tanto para llegar a tener esta democracia”. La solución pasa por tres ejes básicos: “Hacer tests semanales a trabajadores y residentes, aislar fuera de las residencias a los ancianos y darles la atención necesaria en personas que son absolutamente vulnerables. Sin eso, no podremos atajar esta ola ni la siguiente”.