Fiscalía abre la vía para la exculpación penal de las residencias por las muertes por covid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha sentado las bases de su criterio sobre la responsabilidad penal de los responsables de residencias de la tercera edad y del personal sanitario frente a las muertes por covid-19 durante la primera hora. El departamento ha decretado el archivo de unas diligencias de investigación abiertas el pasado 3 de abril a raíz de una denuncia presentada por la Asociación el Defensor del Paciente contra una residencia de Madrid en el que fallecieron 23 personas como consecuencia de la pandemia para que dilucidara la responsabilidad de la entidad en los fallecimientos.

El representante del Ministerio Público argumenta que no aprecia en la denuncia hechos con "relevancia penal", y la decisión es importante porque abre un camino que, aunque no suponga la exculpación penal del medio centenar de responsables de residencias investigados por el Ministerio Público, sí define las líneas que va a seguir el departamento que dirige Dolores Delgado. Apunta, eso sí, "posible responsabilidad civil que en su caso le pudiera corresponder". En los próximos días se van a decretar en Madrid y en el mismo sentido otros cinco sobreseimientos. Los denunciantes pueden pese al criterio respaldado, acudir directamente a los tribunales.

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Como paso previo al decreto de archivo, la Fiscalía procedió a recabar informes y documentación relativos al caso, tanto en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad como a la directora de la residencia. Al mismo tiempo instó a la geriatra de referencia de las residencias de Madrid para que redactase un informe sobre los criterios de naturaleza médica, clínica o asistencial "que hubieran determinado la decisión sobre las derivaciones sanitarias en las fechas de los hechos".

En este caso concreto, la Consejería explicó que, a fecha 18 de mayo de 2020, en la residencia denunciada se contabilizaban 38 usuarios fallecidos, de los que siete habían sido derivados a un centro hospitalario, teniendo certeza de que, de los 31 fallecidos en la residencia, uno de ellos estaba contagiado de covid-19, mientras que otros 28 presentaban sintomatología compatible con esa enfermedad.

Fiscalía argumenta que no aprecia en la denuncia hechos con "relevancia penal", y la decisión es importante porque el camino

En su informe relataba que el primer caso sospechoso se detectó el 8 de marzo, momento en el que se informó a los familiares de los residentes y se comenzó a articular un mecanismo de coordinación con las autoridades responsables. Fue a partir de ahí, "en cumplimiento de las pautas que iban recibiendo", cuando se procedió a elaborar protocolos de intervención a los pacientes con sospecha de haber contraído la enfermedad y a habilitar espacios seguros. Primero se acometió el aislamiento en áreas específicas para más tarde suspender las actividades comunes y suprimir las visitas. "A medida que la situación avanzaba, se dispusieron nuevas medidas, se realizaron desinfecciones, requiriendo la colaboración de la UME cuando fue preciso, y se siguieron los protocolos sanitarios para los casos de fallecimiento en residencia", alegó la Consejería.

El informe sostiene también que los responsables de la residencia proveyeron a su personal de los equipos de protección individual en cuanto estuvieron disponibles. Incluso detalla que en los momentos más críticos de la crisis sanitaria, cada trabajador dispuso de una mascarilla FFP2 a la semana, dos mascarillas quirúrgicas al día, una bata 1 par de calza y un gorro al día. Pese a las bajas por contagios, la Consejería subraya que en la residencia denunciada se realizaron diversas contrataciones lo que permitió que se mantuvieran en los rangos normales de personal por número de residentes. Añade incluso que, en relación con los residentes que presentaban síntomas de covid-19, los responsables de la residencia denunciada siguieron los criterios recibidos por parte de las autoridades competentes, consistentes en mantener una relación constante con su centro hospitalario de referencia.

La Fiscalía se refiere a la comisión de delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica. En cuanto al primero, recuerda que debe apreciarse un comportamiento imprudente. La residencia denunciada venía cumpliendo con estas obligaciones con anterioridad a la situación de pandemia y se refiere al momento inicial de la difusión de la pandemia en el que hubo una falta generalizada de ciertos materiales sanitarios y de equipos de protección y una saturación de los servicios médicos tanto de asistencia primaria como hospitalaria, Pese a ello, este centro y otros muchos, adoptaron una serie de resoluciones que trataron de adaptar el marco normativo a la situación.

"A la vista de todo lo expuesto, puede concluirse que la actuación de la residencia se ajustó a su deber jurídico"

"A la vista de todo lo expuesto, puede concluirse que la actuación de la residencia se ajustó a su deber jurídico de garante en las especiales circunstancias en que se produjo la situación de riesgo, sin que se aprecie una actuación concreta cuya voluntaria omisión haya sido determinante para el resultado finalmente producido. Si bien es cierto que la actuación pudo haber sido diferente en caso de no habernos encontrado inmersos en una pandemia, en ese contexto se adecuó a lo que le era jurídicamente exigible, por lo que no se observan indicios de la comisión de un delito de homicidio imprudente en relación con su gestión general para con los residentes", indica.

Omisión del deber de socorro

Respecto a la omisión del deber de socorro, los fiscales recuerdan que el delito viene constituido por una conducta omisiva sobre el deber de socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, y una culpabilidad constituida no solamente por la conciencia del desamparo de la víctima y la necesidad de auxilio, sino además por la posibilidad del deber de actuar. Al mismo tiempo descarta la existencia de una voluntad de omitir otros cuidados siendo "consciente" de que ello podría determinar la muerte de sus residentes, "y, mucho menos, atribuirle la finalidad de buscar el resultado". Por el contrario, la Fiscalía argumenta que del análisis de los planes y actuaciones diseñados y llevados a cabo en esas fechas, sus constantes peticiones de ayuda y su permanente contacto con los responsables hospitalarios de referencia para el adecuado tratamiento de sus residentes, se desprende su "voluntad de intervenir para evitar los resultados lesivos que, lamentablemente y por causas que excedían de su ámbito de dominio, no pudieron en parte impedirse".

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En cuanto a la denegación asistencia sanitaria, asegura que la falta de responsabilidad penal en los responsables y trabajadores de la residencia resulta "especialmente aplicable" al personal sanitario que "se esforzó en la medida de sus posibilidades para evitar tanto los contagios como la evolución médica desfavorable de los pacientes y, desde luego, su muerte". Y es que el decreto de archivo recalca que "en todo momento" se siguieron las directrices para el seguimiento y derivaciones de pacientes en el contexto epidemiológico subyacente, y se aplicaron los tratamientos médicos prescritos al efecto, "por lo que no cabe hablar de omisión".