Los periodistas imputados cuestionan el perdón "selectivo" de Bousselham a Iglesias

Dos de los imputados en el caso Dina, los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, han remitido al juez Manuel García-Castellón un escrito en el que cargan contra la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, al considerar que "pretende excluir selectivamente" cualquier indicio que perjudique al vicepresidente segundo. La crítica de ambos llega después de que la propia Bousselham acusara al magistrado de tener "un interés desmedido y no disimulado de atribuir un delito de daños informáticos" a Iglesias y mostrara su "confianza" en el que fuera su jefe, descartando así proceder contra él en el procedimiento. "O bien la Sra. Bousselham persigue penalmente al Sr. Iglesias, al Sr. Pozas y al Sr. Rendueles, o bien los excluye a los tres, pero lo que no puede es perseguir a unos y excluir a otros", critican los dos periodistas.

El cruce de escritos se produce tras el archivo del caso en el Supremo y la consecuente devolución del mismo al juez del caso Villarejo. Con esta resolución como telón de fondo, García-Castellón busca ahora concretar los indicios de tres delitos: revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. Para ello ha reclamado a la Policía Científica un nuevo informe pericial sobre la tarjeta de la exasesora de Podemos, diligencia a la que ella se opone: "La tarjeta fue dañada con un puntero láser, tal y como ha quedado acreditado en las presentes diligencias, por lo que, esta parte no alcanza a comprender, la diligencia de investigación consistente en una nueva pericial", argumentaba en su último escrito. "La Sra Bousselham no ha interpuesto querella, ni denuncia, ni ha instado acciones contra el Sr Iglesias", insiste.

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Los periodistas, por el contrario, ven con buenos ojos esta diligencia: "Resulta relevante para determinar si los hechos tienen encaje en alguna figura delictiva, saber si los daños a la tarjeta los causó el propio Sr. Iglesias, o incluso la Sra. Bousselham, y ello independientemente de la voluntad que tenga ella de accionar o no penalmente contra él", defienden en un escrito conjunto elaborado por el abogado Sergi Mercé. "De confirmarse que, más allá de los daños aparentemente procedentes del lijado, la tarjeta ya presentaba daños previamente —lo que solo pudo ocurrir en el espacio de tiempo en que únicamente el Sr. Iglesias y la propia Sra. Bousselham tuvieron en su poder la tarjeta— dicha actuación por parte de quienes actúan en condición de presuntas víctimas del delito tendría sin duda relevancia para valorar la existencia o no de responsabilidad penal de los hasta ahora investigados".

Ambos inciden una y otra vez en esta idea, apuntando a que se trata de posibles delitos ante los que "la voluntad de la Sra. Bousselham resulta irrelevante". Línea similar a la que exponen ante la investigación en torno a un posible delito de revelación de secretos, para lo que defienden que "existe una directa conexión entre el descubrimiento de secretos del que sería autor el Sr. Iglesias, y el descubrimiento que se atribuye a los Sres. Pozas y Rendueles, dado que se trataría —aparentemente— de la misma información, los hechos se habrían llevado a cabo en un mismo período temporal, y la actuación de unos y la del otro están estrechamente vinculadas, trayendo causa una de la otra".

De Bousselham a Iglesias

Para sostener que Iglesias debe ser investigado, como pidió al Supremo, García-Castellón se remonta a las ocho de la tarde del 1 de noviembre de 2015, cuando Bousselham y su marido, Ricardo Antonio de Sa Ferreira, denunciaron ante la comisaría de Alcorcón que, estando a punto de salir del Ikea ese mismo día, a él le robaron su abrigo azul. En su interior, según el atestado policial, guardaban las carteras de ambos, sus dos móviles y documentación. La tarjeta micro-SD del móvil de Bousselham supuestamente llegó a 'Interviú' en un sobre anónimo en enero de 2016 y, tras ver su contenido, Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, editora de la revista, llamó a Iglesias y se la devolvió el día 20 de ese mes.

En cuanto a Pozas y Rendueles, entonces director y número dos de la revista, revisaron el contenido de la tarjeta y el primero dejó una copia de su contenido en su ordenador. Días después, el entonces subdirector supuestamente recibió una llamada del comisario José Manuel Villarejo: sabía que tenían información sobre Podemos y quería acceder a ella. Entre finales de enero y principios de febrero de 2016, los dos periodistas se reunieron con él en un restaurante y le dieron el contenido de la tarjeta. Ante el juez han defendido que interpretaron como un requerimiento policial, pero ambos se encuentran imputados por esta entrega.

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Mientras tanto, el posible uso que el actual vicepresidente dio a la tarjeta lleva a plantear su imputación por revelación de secretos. La clave para entender que Iglesias puede ser investigado por este delito pasa por que no entregó de forma inmediata la tarjeta a Bousselham, quedándosela así durante meses. Ella, sin embargo, quita peso a este aspecto en el escrito remitido al juez: "Entiende la Sra Bousselham, que la entrega de su tarjeta por el Sr Iglesias no se efectuara de forma inmediata, dada la confidencialidad en la que fue recibida, y habida cuenta de sus obligaciones públicas y electorales en aquellas fechas", asegura. Lejos de dar por bueno este 'perdón', los dos periodistas consideran que debe seguir investigándose esta cuestión.

En cuanto al segundo delito, el de daños informáticos, el instructor destaca que, cuando Iglesias finalmente devolvió la tarjeta a Bousselham, la micro-SD ya no funcionaba. Si el vicepresidente tuvo acceso al contenido de la tarjeta y meses después entregó la misma destruida, García-Castellón considera que hay que investigarle por ello, por lo que ha pedido la mencionada pericial. Bousselham se opone ahora a ella por considerarla "inútil" e insiste en que pudo acceder "una primera vez" a la tarjeta cuando se la devolvió Iglesias, contradiciendo así otras versiones que ha dado durante el procedimiento.

"En sustento de sus pretensiones se pretende en el recurso dar algún tipo de coherencia a las sucesivas, incoherentes y contradictorias declaraciones de la Sra. Bousselham sobre la cuestión, pero lo cierto es que fue ella quien manifestó que la tarjeta no funcionaba cuando la recibió del Sr. Iglesias y fue a instancias de ella que se envió la tarjeta a la empresa de recuperación, por lo que todos los esfuerzos posteriores por tratar de sostener que la tarjeta sí funcionaba resultan ciertamente extravagantes", critican los periodistas en su escrito.