Del fracaso de Aguado como mediador al no tajante de Ayuso: así llegó la alarma a Madrid

Eran las once y media de la mañana del jueves cuando la justicia tumbó las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional saboreaba su primera victoria en el pulso político que desde hace semanas mantiene con Moncloa. Dos semanas antes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sí había avalado sus medidas por zonas básicas de salud y entendía el nuevo auto como un varapalo en toda regla hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Isabel Díaz Ayuso había comparecido en el pleno de la Asamblea de Madrid y su equipo tardó en confirmar si valoraría o no el fallo judicial. Al final, lo hizo ya bien entrado el mediodía y sorprendió, incluso dentro de su propio Gobierno, el tono —poco triunfalista— que empleó para pedir de nuevo dialogo y anunciar que “pronto” tendría lista una nueva orden con restricciones. En ese momento, jueves y a la puertas de uno de los puentes más populares para la ciudadanía, Madrid no contaba con ninguna restricción y nada impedía el éxodo de miles de ciudadanos a segundas residencias y destinos de playa. Comunidades vecinas se echaron a temblar.

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Al ministro de Sanidad, Salvador Illa, le pilló el anuncio del fallo judicial en el Congreso de los Diputados. Se disponía a comparecer en la comisión del ramo y los mensajes en el movil se dispararon. A lo largo del día se produjeron tres llamadas telefónicas del ministro y su homólogo madrileño, Enrique Ruiz Escudero, sin que ninguna de ellas diera sus frutos. Illa quería convocar lo antes posible al grupo covid, en el que se sientan las dos administraciones, para abordar una solución inmediata. El puente del 12 de octubre, insistía (también lo hizo Fernando Simón por la tarde) le preocupaba mucho. En Madrid no tenían tanta prisa por hacerse la foto. Más bien, todo lo contrario. Aprovechando el fracaso del Gobierno con el auto del TSJM, la Comunidad prefería esperar y tener listo un nuevo documento que fuera “intachable” para el Gobierno central.

Era el momento, decían en el entorno de la presidenta, de hacer una orden “con buen anclaje jurídico”, que tuviera en cuenta todos los efectos del fallo judicial anterior, y que les permitiera seguir adelante con su plan de restricciones por zonas básicas de salud que, a su juicio, tanto han funcionado. El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, convertido en mediador de las dos administraciones desde que se inició una guerra sin retorno, respaldó las palabras de Ayuso. Lo hizo en su cuenta de Twitter —termómetro indiscutible— avalando las intenciones de la presidenta de pactar una orden “con medidas ponderadas, efectivas y claras” que no enfrentaran salud y economía.

Poco después, todo empezó a torcerse. El dirigente de Ciudadanos entendía que debían producirse cuanto antes unos contactos con Sanidad que no llegaban. “Entiendo la incertidumbre y el hartazgo que muchos madrileños sienten hoy”, expresaba Aguado ante la constatación de que muchos ciudadanos de la capital se disponían a viajar o hacer reservas para el fin de semana. Y seguía sin producirse la reunión del grupo covid. El Ministerio de Sanidad se quejó de la falta de respuesta de Madrid. Y fuentes de la Comunidad reconocieron a este diario en la tarde del jueves que no se sentarían sin un documento elaborado que presentar. Ese impasse fue crucial. El presidente del Gobierno, que había vuelto de Argelia, desde donde ya lanzó una fuerte advertencia recordando que todos los instrumentos estaban encima de la mesa (incluido el estado de alarma), dio instrucciones a su ministro. Había que actuar sí o sí.

Escudero había insistido a Illa en que le permitirán terminar la orden, que la trabajaba a contrarreloj con los servicios jurídicos de Sol, para después presentarla. Pero a última hora de la tarde, ya casi de noche, el ministro de Sanidad le dio un mensaje definitivo al consejero madrileños: las únicas tres opciones encima de la mesa eran las que había dado el presidente. Sánchez había dejado claro que Madrid reinstaurar las restricciones tumbadas por la justicia, habida cuenta de que el propio TSJM pedía un armazón jurídico más potente que permitiera la afectación de derechos fundamentales (libertad de movimiento). El auto incluso señalaba el estado de alarma como opción, aunque también ponía en evidencia que el Gobierno había hecho oídos sordos al desarrollo de un marco jurídico acorde a la situación.

El ministro se lo repitió a Escudero: podían sentarse las veces que quisiera, pero era una de las tres opciones del presidente sí o sí. Volver a poner en marcha esas medidas a través de una orden dictada por la Comunidad (como autoridad competente) al amparo de la ley orgánica de 1986 (y contar, esta vez sí, con una cobertura legal suficiente); bien a través de un estado de alarma pactado por ambos (que Madrid lo solicitara formalmente) o, en tercer lugar, que fuera el propio Gobierno quien decretara el estado de alarma en caso de no haber acuerdo.

Sánchez y Ayuso hablaron unos minutos por teléfono pasadas las diez de la noche y, según el entorno de la presidenta, el jefe del Ejecutivo no mencionó el estado de alarma en ningún momento. Se emplazaron a hablar en la mañana del viernes, mientras la madrileña insistió en que presentaría una nueva orden. Tres minutos después saltaba la noticia en varios medios de comunicación: Sánchez había convocado un consejo de ministros extraordinario a primera hora de la mañana para decretar el estado de alarma. Con la vocación de dar margen a la Comunidad y que se aviniera a solicitar por su propio pie la excepción constitucional, retrasó la reunión de su gabinete a las 12 de la mañana. Lo presidiría la vicepresidenta Carmen Calvo porque a esas horas él se encontraría en Barcelona con el Rey.

Aguado volvió a lanzarse a través de las redes sociales con la intención de evitar el choque final entre Moncloa y su propio Gobierno, asegurando que coincidía con Ayuso y Sánchez en “la necesidad de tomar medidas para proteger la salud” de los madrileños, y lanzaba su postura sin titubear: “Existe una alternativa y es rehacer la orden según lo establecido en la resolución del TSJM”. Es decir, el vicepresidente pedía a Ayuso que escogiera la primera opción dada por Sánchez.

El viernes a primera hora de la mañana comenzó en la Puerta del Sol una reunión presidida por Ayuso y en la que estaba parte de su gabinete. Aguado, el consejero de Sanidad, y el de Interior y Justicia, Enrique López. También estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y poco después se uniría la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Hubo análisis y debate.

Los dos dirigentes de Ciudadanos defendieron la postura de dictar la orden al amparo de la ley orgánica de 1986 con dos objetivos: evitar a toda costa el estado de alarma (manteniendo el autogobierno) y defender las medidas de la Comunidad, dado que la incidencia de contagios está descendiendo y pronto se vería reflejado. De hecho, consideraban que en unos días el Ministerio daría marcha atrás porque algunos municipios con restricciones, empezando por Madrid capital, ya llevan dos días por debajo de los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Además, como había dicho el vicepresidente la noche anterior, se conseguía restringir la movilidad para los próximos días de puente.

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La presidenta no dio su brazo a torcer. Insistía en que no acataría una orden que implicaba aceptar medidas que consideraba mucho peores que las suyas, tanto a nivel sanitario como para las consecuencias económicas de la región. No le veía sentido a aceptar una nueva imposición del presidente del Gobierno si, insistía, hay tantos datos que avalan los resultados de su hoja de ruta.

El tiempo corría y el reloj avanzaba hacia las doce de la mañana, momento en el que finalmente estaba fijado el Consejo de Ministros. A las doce y veinticinco se produjo la llamada telefónica. Ayuso insistió en su orden y Sánchez se negó a negociar nada más. La decisión estaba tomada y Madrid llegaba tarde. La prensa ya llevaba unos minutos publicándolo. El Consejo de Ministros aprobaría el estado de alarma en Madrid durante 15 días para, exclusivamente, restablecer las medidas que el día anterior había tumbado la justicia.

El vicepresidente de Madrid, que se ha enfrentado a la presidenta en muchas ocasiones sin esconder discrepancias y en aras por mejorar la relación con el Gobierno central, constataba su fracaso como mediador: “La declaración de la alarma era evitable. Había alternativas y los políticos hemos vuelto a fracasar. Los ciudadanos pagan las consecuencias. Mis disculpas por ello”.

Una vez más las dos administraciones culminan su choque aunque, en esta ocasión, las dimensiones son mayores. En el Gobierno regional se ahonda inevitablemente la fractura ya existente, con una parte del Ejecutivo liderada por Aguado que no comparte la decisión tomada. No es la primera vez. Ya les separó acudir a los tribunales cuando la Comunidad pidió medidas cautelares en la Audiencia Nacional contra la orden de Sanidad. Los desencuentros se multiplican y el vicepresidente no culmina ninguno de sus intentos por mediar con Moncloa.

El PP madrileño no esconde su malestar por el papel que ha jugado Aguado en las pasadas semanas, ni esconden que será difícil restablecer la confianza entre socios si es que ese momento llega. A pesar de todo, en la Comunidad, igual que en la dirección nacional del PP, descartan por completo la convocatoria de elecciones anticipadas, una moción de censura o una ruptura del Gobierno madrileño. Tienen que aguantar, cueste lo que cueste, repiten los dos partidos, esta vez sí, en perfecta coordinación.