Sánchez da un ultimátum a Ayuso para declarar el estado de alarma en Madrid
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TRAS LA DECISIÓN DEL TSJM

Sánchez da un ultimátum a Ayuso para declarar el estado de alarma en Madrid

El presidente ha telefoneado a Díaz Ayuso para ofrecerle que la declaración del estado de alarma sea conjunta o que dicte una orden de medidas especiales en materia de salud pública

Foto: Sánchez da un ultimátum a Ayuso para declarar el estado de alarma en Madrid
Sánchez da un ultimátum a Ayuso para declarar el estado de alarma en Madrid

El Gobierno ha decidido tomar las riendas e intervenir Madrid, con o sin el concurso de la comunidad, para frenar la segunda ola de la pandemia ante la "preocupante" evolución de las cifras de contagio. El presidente, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario este mismo viernes para estudiar la aplicación del estado de alarma en la capital. El objetivo de esta medida sería evitar la salida de los madrileños ante el puente del 12 de octubre para disminuir el riesgo de expansión de la segunda ola de la epidemia en otras comunidades autónomas.

La decisión ha sido comunicada a la presidenta madrileña en forma de ultimátum. Tras regresar del viaje oficial a Argelia y reunirse con su equipo cerca de las 22:00, el presidente del Gobierno ha llamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el fin de ofrecerle tres alternativas legales para mantener las medidas previstas en la orden revocada este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El resultado sería siempre el mismo, el confinamiento perimetral de toda la capital, y solamente variaría el instrumento legal.

La primera opción es que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una orden de medidas especiales en materia de salud pública. La segunda, que sea la propia CAM quien solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión. La última, y la que parece la más probable debido al rechazo de Ayuso hasta ahora, es que sea el Gobierno del Estado quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud.

La presidenta madrileña le trasladó a Sánchez en una segunda conversación telefónica que en la mañana de este viernes se reuniría con su equipo para estudiar las alternativas y que posteriormente le comunicaría su decisión. Con todo, desde el entorno de Ayuso insistían la noche de este jueves en rechazar un confinamiento en toda la ciudad: "Nuestras zonas básicas estaban funcionando y pueden ser lo mejor". La hora de celebración del Consejo de Ministros quedó por tanto sin fijarse a la espera de esta conversación pendiente entre Sánchez y Ayuso. Se valora retrasarlo como máximo hasta las 12:00. Esta misma mañana, Sánchez tenía previsto viajar a Barcelona con Felipe VI.

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La entrada en vigor del estado de alarma, si la tiene que decretar el Gobierno, podría ser inminente, ya que el Ejecutivo solo debe informar al Congreso de la decisión y someterla a votación de la Cámara Baja al cabo de 15 días en caso de que fuese necesario prorrogar la medida otras dos semanas. La duración del estado de alarma, en todo caso, será al menos de 15 días tras su publicación en el BOE.

Sánchez ha optado así por una decisión drástica, sin esperar a la reunión prevista para este viernes con la Comunidad de Madrid, a la vista de la evolución de los datos epidemiológicos y hospitalarios y de que los responsables de la Administración autonómica rechazasen celebrar un encuentro la tarde de este jueves. Hasta ese momento, el presidente del Gobierno, de visita oficial en la capital de Argel, había insistido en apostar por la "máxima colaboración" y en buscar un punto de encuentro respetando las competencias autonómicas. Otras comunidades, como es el caso de Castilla y León o Galicia, ya habían aplicado confinamientos perimetrales en grandes ciudades —Ourense, León o Palencia—, aun con cifras menos alarmantes que las de Madrid.

Estas medidas excepcionales y en forma de ultimátum se producen después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de levantar las medidas que la Comunidad de Madrid se vio obligada a aplicar respecto de una orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la que se impuso el cierre en Madrid capital y otras ciudades madrileñas. Los magistrados han considerado que las medidas adoptadas carecen del marco legal suficiente para limitar derechos fundamentales. En concreto, aseguran que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud empleada por el Gobierno como apoyo para lanzar su orden comunicada a las comunidades autónomas carece de la suficiente habilitación legal para establecer restricciones de movilidad.

Una vez conocida la decisión, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha emplazado a las autoridades madrileñas a un encuentro para coordinar la acción entre ambas administraciones y retomar el diálogo. No obstante, desde la Comunidad de Madrid se ha considerado "una prioridad ineludible" antes de la reunión contar con una orden "trabajada y completa pero sencilla", que prevé tener lista ya este mismo viernes y que recoge medidas "sensatas, justas y ponderadas" para la región.

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Para el tribunal, la decisión de Sanidad suponía una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los jueces señalan directamente que la única salida para suspender derechos es la alarma. "El sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales", dicen.

La sala subraya que "se está ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre", restricciones acordadas por la Comunidad de Madrid que sí fueron avaladas. Argumenta que, como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es "la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por el que se aprueba la declaración de actuaciones" para frenar la expansión del virus. Para los magistrados, "resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país".

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