Ayuso aspira a convencer a Sánchez: sin alarma y confinamientos por zonas

La Comunidad de Madrid trabajó tarde y noche para tener preparada una una nueva propuesta de restricciones a la movilidad que contemplara los efectos jurídicos del fallo del TSJM, que había tumbado las medidas impuestas desde el Ministerio de Sanidad la semana pasada y que implicaban el cierre de la capital y otros nueve municipios madrileños. El objetivo era presentarlo al grupo covid, con las dos administraciones, el viernes por la mañana. Pero a última hora del jueves, superadas ya las diez de la noche, saltó la noticia de que Pedro Sánchez convocaría un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en Madrid. El puente del 12 de octubre, en el que se mueven millones de ciudadanos y la falta de comunicación con la Comunidad, precipitó la decisión.

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso hablarán a primera hora de la mañana, después de que la presidenta regional pidiera algo de tiempo, para "intentar pactar una solución". Se intercambiaron dos llamadas telefónicas anoche en las que el presidente le trasladó que Madrid debía mantener las restricciones que la justicia tumbó y que para ello existen tres opciones: que la Comunidad dice una orden al amparo de la ley de salud pública de 1986 como autoridad competente, que ambas administraciones pacten la aplicación del estado de alarma o que directamente el Gobierno lo decrete si no hay acuerdo.

En la Comunidad, sin embargo, insisten en que seguirán adelante con su propuesta. De hecho, la propia Ayuso mantuvo en un tuit por la noche que "las zonas básicas estaban funcionando y pueden ser lo mejor" en referencia a la hoja de ruta iniciada hace semanas y que apostaba por confinamientos muy selectivos en las áreas más afectadas. "Llevamos trabajando en la propuesta todo el día", aseguraban fuentes del Ejecutivo madrileño.

Después de un pulso continuo con el Ejecutivo central y de acatar la imposición del cierre de la capital y otros nueve municipios, los jueces tumbaron las restricciones del Ministerio de Sanidad por entender que no contaban con una cobertura legal suficientemente potente para afectar derechos fundamentales. Sanidad quería reunir al Grupo Covid en la misma tarde del jueves para pactar una nueva solución tras el varapalo del TSJM, pero los mensajes del ministerio no fueron respondidos en la Puerta del Sol. La presidenta aseguró que quería retomar el diálogo, pero no tenía tanta prisa. La prioridad, insisten en su entorno, era desarrollar una nueva orden con todos los detalles sanitarios y jurídicos. Esa falta de comunicación, unida a la víspera del puente, hizo reaccionar al presidente del Gobierno.

En todo caso, fuentes de Moncloa dejaron claro que independientemente de la cobertura legal que se dé a las restricciones, éstas continuarán siendo exactamente las mismas: confinamientos perimetrales en diez municipios de la región, incluido Madrid capital. También si se decreta el estado de alarma.

La propuesta de Sanidad

Todos los pesos pesados de la Consejería de Sanidad —encabezada por Enrique Ruiz Escudero y su número dos, Antonio Zapatero—, junto con el equipo jurídico de Madrid, se vieron desde primera hora de la tarde para armar un documento “que tenga buen anclaje jurídico” y esté “avalado por todos los criterios epidemiológicos”. Dicho de otra manera: Madrid entendía que la verdadera prisa no atendía a una reunión de políticos, sino a analizar las consecuencias del auto del TSJM y pensar en una propuesta “rigurosa y sencilla” que diera certidumbre a la ciudadanía.

En la comunidad, consideraban “indispensable” acudir a la reunión con un documento elaborado que discutir y proponer. “Da la sensación de que vuelve a ser una reunión a toda prisa por imposición. Preferimos trabajar y elaborar una propuesta concreta”, explicaban en la tarde de ayer fuentes del Gobierno regional para excusar su negativa de verse ya con el ministerio.

TE PUEDE INTERESAR

El TSJM pone en evidencia la decisión del Gobierno de renunciar a cambiar la ley

Fernando Garea

La cuestión es que el tiempo apremiaba y una de las preocupaciones mira precisamente al inicio de un puente de cuatro días. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ya mostró su preocupación precisamente por los desplazamientos que se puedan producir durante este largo fin de semana. "La movilidad es una de las razones por las que las epidemias se extienden de zonas de alta incidencia a zonas de baja incidencia. Este fin de semana es puente. En otros años, vienen a salir de Madrid entre 1,2 y 1,5 millones de madrileños. Siendo una de las zonas de mayor incidencia, aunque se haya ido estabilizando, implica riesgos", dijo. La comunidad intentó curarse en salud incluyendo en la declaración de Ayuso, ya el jueves a mediodía, una advertencia sobre que los madrileños no piensen en el puente, porque en esta ocasión deben quedarse en casa.

TE PUEDE INTERESAR

El TSJM tumba las restricciones de Illa en Madrid al afectar a derechos fundamentales

Pablo Gabilondo

Restricciones por zonas

La nueva orden de Madrid irá en línea con la hoja de ruta inaugurada hace tres semanas, que apostaba por medidas de restricción en zonas básicas de salud, es decir, por barrios y en aquellas áreas más afectadas, para evitar el cierre total de los municipios. Un plan que la comunidad no ha dejado de defender, poniendo datos encima de la mesa, con una menor incidencia acumulada de casos en todas las áreas que se venían aplicando, y a la que se suma la menor presión hospitalaria, en ingresos, Urgencias y camas UCI.

La propuesta, eso sí, pretendía adaptarse a “las circunstancias actuales”, que ya no son las de hace dos semanas, insisten desde Sol, y podría tener “un desarrollo mayor” que la anterior. Con todo, la línea a seguir sería por tanto la de confinamientos selectivos o medidas que afectarían zonas muy concretas. Precisamente, el consejero de Justicia e Interior de Madrid, Enrique López, insistió mucho en la necesidad de actuar “con prudencia y mesura” cuando se trata de restringir la movilidad. Pero el Gobierno central no parece estar por la labor de esta linea.

Más allá de las cuestiones que afectan la movilidad, el Ministerio de Sanidad emitió un comunicado a última hora del jueves recordando que de todas las restricciones adoptadas la semana pasada, la única que ha dejado de ser válida es la prohibición de entrar y salir de los municipios afectados. El resto, como las limitaciones de aforo y horario en establecimientos hosteleros, siguen estando vigentes.

Por ahora, solo hay tres territorios con restricciones a la movilidad: las zonas básicas de Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), Humanes de Madrid y Villa del Prado. El auto del TSJM no afecta estos casos, como tampoco todas las medidas que la comunidad había ido adoptando antes del viernes pasado, y que fueron modificando la orden 668/2020, de 19 de junio. Ahí está recogida, por ejemplo, la limitación de las reuniones a seis personas.

Plan B jurídico

El Gobierno regional tiene claro que el TSJM ha puesto en evidencia la falta de un marco jurídico estable para gestionar la pandemia por parte del Gobierno central, y “la invasión competencial” del ministro Illa “interviniendo de forma errática e irresponsable” la gestión de la comunidad. Así lo ven fuentes de Sol, que además insisten en que el Ejecutivo central “ha generado más confusión de la que había”.

También el PP nacional pone el foco en el titular de Sanidad. Pablo Casado aseguró que “la situación del ministro se ha vuelto insostenible”, al recalcar que la orden que impuso a la Comunidad de Madrid (y que no apoyaron otras comunidades en el Consejo Interterritorial de la semana pasada) se ha llevado un duro golpe por parte del TSJM.

Los seis jueces también sacan los colores al Gobierno central por no “haber abordado una reforma del marco normativo más acorde con las necesidades de combatir eficazmente la pandemia y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país”. Otro síntoma de reforzamiento para los populares, que llevan meses exigiendo al Ejecutivo un plan B jurídico que permita tomar medidas para controlar la pandemia sin recurrir al estado de alarma ni dejar la decisión en manos de los jueces. “Lo que se ha puesto de manifiesto con el fallo es que el Gobierno no ha hecho los deberes en todo este tiempo y que teníamos razón exigiendo una alternativa”, insisten desde Génova.