Los tres frentes judiciales tras el exilio: España, a la espera de que Suiza envíe datos

Con Juan Carlos I en el exilio, las investigaciones en España y Suiza siguen su curso. Fuera del país, el Emérito no goza del blindaje que le otorga la Constitución hasta junio de 2014, pero sin ninguna causa judicial abierta en su contra, no se esperan efectos judiciales a corto plazo. Tanto el fiscal suizo como sus homólogos españoles indagan en la "donación" de 100 millones de dólares que el monarca recibió en 2008 de Arabia Saudí, pesquisas que buscan aclarar si fue una comisión por la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas tres años después. Las investigaciones se desarrollan en paralelo y, según apuntan fuentes jurídicas, España está a la espera de que Suiza le envíe el grueso de sus averiguaciones, documentación que se revisará a fondo para comprobar si el Emérito pudo incurrir en algún hecho delictivo tras su abdicación.

Para entender los frentes judiciales que afectan a Juan Carlos I, hay que remontarse a 2018 y, en concreto, a uno de los personajes que ha marcado la política española en los últimos años: el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Entre los archivos que los investigadores encontraron en los registros de las propiedades del policía y sus socios, destacan una serie de audios de encuentros que mantuvieron en 2015 el propio Villarejo, la que fuera amiga íntima del Emérito, Corinna Larsen, y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga. La clave de estas grabaciones se encuentra en cómo ella habla de los supuestos negocios opacos del monarca, apuntando a que tiene cuentas a nombre de terceros en Suiza: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco".

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La Audiencia Nacional abrió una pieza llamada Carol para investigarlo pero, mes y medio después, en septiembre de 2018, archivó la misma: no daba verosimilitud a las afirmaciones de Larsen porque en el momento en que se grabaron su relación con el Emérito se había roto y, por tanto, consideraba que podía haber lanzado estas acusaciones por despecho. A esto se sumaba que los hechos sobre los que hablaba respondían a una etapa anterior a la abdicación del monarca y, como establece el artículo 56.3 de la Constitución, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". El juez Diego de Egea dio entonces carpetazo a las pesquisas, pero la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abiertas unas diligencias por un posible delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a la Meca.

Juan Carlos I quedó así en segundo plano hasta que un año después se supo que Suiza había entrado en el tablero. En concreto, el fiscal Yves Bertossa, que cuenta con todo un historial de detenciones y condenas de personajes poderosos. Ginebra investiga por "blanqueo agravado" a dos presuntos testaferros del Emérito, Arturo Fasana y Dante Canónica, y a la propia Larsen, para lo que pone el foco en la supuesta estructura financiera que pusieron en marcha en el país helvético para lavar dinero de la corrupción y, al mismo tiempo, ocultar el patrimonio oculto del monarca. Dado el contenido de los audios incautados a Villarejo, Bertossa solicitó los mismos a la Audiencia Nacional e incluso viajó a España, arrancando así una colaboración por la que la Fiscalía española espera ahora recibir el grueso de averiguaciones del suizo.

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Para ello, la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de su investigación sobre el AVE a la Meca, trasladó en febrero una comisión rogatoria a Suiza en la que pedía, entre otras cosas, los detalles que hubiesen descubierto sobre la "donación" que Arabia Saudí dio en 2008 a don Juan Carlos, incluyendo las identidades no solo de sus titulares, sino también de sus beneficiarios. La respuesta llegó en julio e incluía información sobre cómo la fundación panameña Lucum ingresó en una cuenta de la banca privada suiza Mirabaud 100 millones de dólares el 8 de agosto de 2008, justificándose como "un regalo según la tradición saudí". Los estatutos de la sociedad panameña contienen la rúbrica del Rey emérito en sus tres páginas y lo sitúan como “primer beneficiario” de los fondos, como puede verse en el acta que adelantó El Confidencial.

Pese a ello, fuentes jurídicas explican que Suiza todavía no ha enviado el grueso de la documentación con la que cuenta Bertossa. En España, interesa especialmente recopilar toda la información sobre las cuentas o las compraventas de propiedades en las que participaron los supuestos testaferros, pues ahí puede encontrarse la clave si se trata de hechos posteriores a la abdicación de Juan Carlos I y, por tanto, perseguibles en España. La investigación ha pasado además de Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo, que ha creado un equipo con cinco fiscales de alto rango para "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado y perdió la inviolabilidad. Los cinco esperan ahora a que llegue la documentación solicitada a Suiza.

Pero las dos investigaciones corrían de forma paralela cuando apareció un visitante inesperado: el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón. El 27 de julio, acordó la reapertura de la pieza Carol e imputó a Larsen, Villarejo y Villalonga, que tendrán que declarar el próximo 7 y 8 de septiembre. El magistrado busca aclarar si Larsen contrató al excomisario para que investigara a una asistente personal que trabajaba para ella y podía estar filtrando información de su vida privada, “sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones”. Los tres frentes judiciales que afectan a Juan Carlos I siguen así su curso por mucho que haya abandonado España: los fiscales del Supremo tienen que recibir el grueso de la investigación de Suiza y en la Audiencia se interrogará a aquellos que en 2015 hablaban de sus supuestos negocios opacos.