SE ARCHIVÓ EN 2018

El juez reabre la pieza de los audios que salpican a Juan Carlos I e imputa a Corinna

Busca aclarar si encargó a Villarejo que investigara a una asistenta personal. También imputa al excomisario, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica, Juan Villalonga

Foto: Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en una imagen de archivo. (Getty)
Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en una imagen de archivo. (Getty)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a Corinna Larsen como imputada el próximo 8 de septiembre. El magistrado del caso Villarejo ha reabierto la conocida como pieza Carol para aclarar si Larsen encargó al excomisario que investigara a una asistente que podía estar filtrando información sobre su vida privada. En las grabaciones que realizaba el policía de los encuentros que mantuvo con ella en 2015, también se les escucha hablar de negocios opacos del rey emérito, pero las pesquisas se archivaron de manera provisional en septiembre de 2018 con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Además de Larsen, se ha citado como imputados para el 7 y 8 de septiembre al propio Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica, Juan Villalonga.

La investigación se abrió a raíz de la incautación de unos dispositivos electrónicos en casa de Redondo, en los que aparecen varios archivos de audio con conversaciones entre Villarejo, Corinna Larsen y Villalonga. Según aseguraba ella en las conversaciones, que fueron grabadas en 2015, Juan Carlos I había cobrado comisiones y guardaba dinero en cuentas de Suiza que no estaban a su nombre: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco". Mes y medio después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigarlo, el juez Diego de Egea cerró la pieza: los "actos" se remontaban a una etapa que iba de 2009 a 2012, cuando el Rey emérito estaba blindado por la inviolabilidad, y no daba verosimilitud a estas afirmaciones.

Pese a ello, Anticorrupción siguió adelante con unas diligencias por un posible delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a La Meca para averiguar si el proyecto pudo verse regada con pagos irregulares. La investigación acaricia inevitablemente aspectos que se acercan a la figura del Rey, pero sin tocarlo. Esa prevención, esa inviolabilidad, no es tal en otros Estados y en marzo irrumpió un invitado que nadie esperaba: el fiscal suizo Yves Bertossa, que indaga, entre otros aspectos, en el envío de 100 millones de dólares a una cuenta de una sociedad panameña que se vincula al rey emérito. Procedían del rey saudí, Abdul Aziz Al Saud. De esa cantidad original se desgajó una donación de 65 millones de euros a una cuenta de Larsen, hechos en los que ahora indaga la Fiscalía del Supremo.

Para explicar la reapertura de la pieza en la Audiencia Nacional, García-Castellón apunta a que, con posterioridad al archivo de la misma en septiembre de 2018, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales sobre el material intervenido a los investigados y la solicitud de cooperación judicial remitida por la fiscalía suiza en relación con estos hechos. En concreto, la pieza vuelve a abrirse para esclarecer la posible existencia de un encargo de Larsen a Villarejo que supuestamente pasaba por conseguir en España unos datos correspondientes a una asistenta personal, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, “sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones”.

El instructor se centra para ello en una de las conversiones mantenidas entre Villarejo y Larsen, en la que ésta le expone al comisario sus inquietudes respecto a una asistente personal española que podía estar filtrando información sobre su vida privada. El juez considera que debe esclarecerse si el encargo llegó a materializarse y si ella pagó al policía, lo que podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo. Dado que el juez y Anticorrupción han mantenido una discrepancia sobre la conexidad entre los hechos investigados en Suiza y España, el magistrado acuerda dar traslado al Ministerio Público a fin de que informe sobre la posible existencia de conexidad delictiva, así como sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimientos de los hechos.

El magistrado argumenta en su escrito que los hechos analizados pueden acreditar la existencia de una actuación concertada dirigida por un funcionario público en activo, Villarrejo, que se lucra recibiendo importante cantidades para la ejecución de diferentes encargos valiéndose de su condición de policía. En el marco de esta actuación, añade García Castellón, “pudiera haber se producido algún tipo de encomienda por parte de Corina Larsen a José Manuel Villarejo, para que, a través de las sociedades que integraban el llamado Grupo Cenyt, procediera a la obtención ilícita de determinada información”.

Horas después de conocerse la imputación, la propia Larsen negó esta tesis en un comunicado enviado a El Confidencial: "Doña Corinna jamás contrató o discutió contratar al Sr. Villarejo y por lo tanto jamás le pagó cantidad alguna. Las autoridades han contado con el material relevante desde enero de 2019. Nuestra cliente defenderá enérgicamente sus derechos contra estas imputaciones, las cuales carecen de fundamento alguno".

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