se desconoce el destino

Felipe VI sugirió a Juan Carlos I su salida de España tras consultarlo con Sánchez

Fue el monarca el que sugirió a Juan Carlos I su marcha de España, tras barajar otras posibles decisiones que fueron consultadas y debatidas con la presidencia del Gobierno

Foto: Felipe VI y Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes. (EFE)
Felipe VI y Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes. (EFE)
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“No cabía en España. Su volumen político y simbólico era de tal entidad que la crisis se estaba comiendo a la institución y lastrando la gestión de su hijo”. Esta es la razón de una fuente cercana a Juan Carlos I que explica su aceptación a extrañarse definitivamente. Una decisión que le fue sugerida por el propio el propio Felipe VI tras barajar otras varias, todas ellas consultadas y debatidas con la Presidencia del Gobierno.

El Rey emérito salió este lunes de la Zarzuela con destino desconocido antes de que la nota de la Casa del Jefe del Estado difundiese la carta del padre al hijo y la consideración y reconocimiento de este hacia su predecesor. Pocos minutos después, el letrado que defiende los intereses del padre del Rey, el fiscal en excedencia Javier Sánchez Junco, emitía una nota –por completo inevitable- en la que aseguraba que su cliente estará de forma permanente a disposición de la Justicia.

El Rey emérito abandonó la residencia oficial de la Jefatura del Estado con destino públicamente desconocido. Pero Juan Carlos I tiene “graves” problemas de movilidad –utiliza silla de ruedas-, está en recuperación de una seria operación de corazón que le fue practicada en agosto del pasado año y, según fuentes de su entorno, “se encuentra con un ánimo deprimido”. En estas circunstancias, según informaciones de solvencia, el padre del Rey podría, inicialmente, desplazarse a distintos lugares en países cercanos y fijar después del verano su residencia en uno de ellos. Se barajan aquellos en los que la familia Borbón tiene familiares y amigos. Se citan Portugal, pero también Italia y Francia, países en los que tanto por la rama paterna como materna, el emérito tiene familiares de trato frecuente.

En el estudio de la decisión que este lunes se conoció, tanto la Casa del Rey como la Presidencia del Gobierno han manejado todas las variables y, entre ellas, las de la seguridad de Juan Carlos I, la comunicación de su presencia a los Gobiernos de los países que visite y en el que se instale y hasta los económicos que pudieran ser necesarios. Precisamente, rematar todos estos aspectos del extrañamiento del padre del Rey han llevado mucho tiempo y “enorme discreción” en las gestiones necesarias. Algunas fuentes consultadas comentaban que esta “operación ha sido, salvando las distancias de su naturaleza, tan compleja como la que conllevó la abdicación en 2014” porque han mediado informes reservados de distinto carácter: médicos, de seguridad, jurídicos y diplomáticos.

El objetivo de que fuese el Rey emérito quien tomase la iniciativa remitiendo una carta a Felipe VI no ha comportado “ninguna dificultad”. Desde el pasado mes de marzo, cuando el Rey suspendió la asignación presupuestaria a su padre y renunció simbólicamente a la herencia que podría serle diferida de fondos ilegales u opacos a la Hacienda española, Juan Carlos I era consciente de que su suerte estaba echada. Y de inmediato reparó, como lo hizo primero en 2012 cuando pidió perdón por su viaje a Botsuana y en 2014 con su abdicación, en que su desvelada conducta estaba poniendo, de nuevo, en gravísimo riesgo la reputación de la Corona en un momento político de general cuestionamiento institucional.

Sigue teniendo el título

La primera medida que se descartó fue la derogación del Real Decreto 470/2014 de 13 de junio que mantenía a Juan Carlos I y a su esposa el título de reyes, el tratamiento de majestad, honores similares a los que corresponden a la heredera de la Corona y la correspondiente prelación –puestos cuarto y quinto- en la familia real. En la exposición de motivos de aquella disposición, tales reconocimientos se fundamentaban en la costumbre de otras monarquías pero también, y sobre todo, en “el agradecimiento” al emérito. La renuncia al título o su revocación se contempla como un último recurso tanto por la Casa del Rey como por la Moncloa para el caso de que Juan Carlos I fuese imputado por la Justicia.

Felipe VI sugirió a Juan Carlos I su salida de España tras consultarlo con Sánchez

La idea de que el padre del Rey desplazase su residencia de la Zarzuela estuvo mucho tiempo sobre la mesa pero, igualmente se descartó. Tanto por razones de seguridad –hubiese requerido un dispositivo de seguridad amplio y costoso- como de eficacia ya que no era posible utilizar otro edificio con cargo al erario público ni tampoco sustraer la figura del Rey emérito del foco mediático y de la lógica curiosidad pública. Se llegó a la conclusión de que la permanencia en España del anterior jefe del Estado presentaba, en cualquiera de las soluciones que no fueran el extrañamiento, graves inconvenientes. Se barajó también que el padre del Rey “tomase una largas vacaciones”, presentándolas como tales, pero con fecha de regreso, una alternativa que tampoco resolvía definitivamente la situación.

Un extrañamiento "definitivo"

El autoexilio o extrañamiento de Juan Carlos I solo tenía –y tiene- un inconveniente: que pueda considerarse por la opinión pública y por determinados sectores políticos como una “fuga”, una “huida”. Sin embargo, tal riesgo no se contempla ni en la Casa del Rey ni en la Presidencia del Gobierno porque el emérito ha hecho pública su voluntad de comparecer ante la Justicia si es llamado en un procedimiento penal –o de cualquier otra naturaleza-, está acompañado por un reducido dispositivo de seguridad y advertidos de su situación los Ejecutivos de los países en los que se moverá y, eventualmente, se instalará. Ahora bien: Juan Carlos I no regresará a España si no es para someterse a la Justicia, pero por ningún otro motivo, “sea de la índole que sea”, familiar o de otra naturaleza. Se trata de un extrañamiento definitivo, “sin vuelta atrás”.

Sin embargo, se dan aspectos que no zanjan por entero las exigencias a las que se somete Juan Carlos I. Primero, deben aclararse por completo las versiones –por el momento solo periodísticas- que le atribuyen comportamientos incompatibles con criterios cívicos y éticos y eventualmente con la ley, y que están sometidos a averiguación prejudicial por la fiscalía del Tribunal Supremo bajo la dirección del fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, asistido por la fiscal, también de Sala, encargada de la cooperación internacional en materia penal. Igualmente, podrían derivarse consecuencia de la declaración el próximo día 8 de septiembre de Corinna Larsen y José Villarejo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la pieza separada denominada Carol.

Por otra parte, sigue pendiente la posible regularización de los fondos recibidos por el Rey emérito y otros regalos o donaciones –en tanto no se determine que sean de origen ilícito y constitutivos de un delito de blanqueo de capitales- que implicaría una confesión y, al tiempo, la reposición al erario público de las cantidades defraudadas y que se cifran en decenas de millones de euros. Estos aspectos, que agravan la situación del Rey emérito, se irán resolviendo en los próximos meses.

El Gobierno da por descontado que el autoexilio del Rey emérito se llevará al Congreso de los Diputados por varios grupos políticos. Sería la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ministra de la Presidencia, la que dará explicaciones adicionales y, de ser requeridas, parlamentarias. Ella y el jefe del Gabinete del Presidente, Iván Redondo, con el asesoramiento del secretario general, Félix Bolaños, han conducido este proceso en la Moncloa. En la Zarzuela, el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, ha sido el interlocutor en nombre del Rey. Alfonsín lleva al lado de Felipe VI más de 25 años y es un experto jurista, abogado del Estado en excedencia. Tiene rango de ministro y suscita una general confianza institucional.

La reina Sofía seguirá en Zarzuela

Por lo demás, el extrañamiento de Juan Carlos I no conlleva el de la reina Sofía, que mantiene su estatus en la Zarzuela. La significación de la separación física con su marido, supone, de hecho una definitiva ruptura matrimonial como la que se produjo entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Batenberg, que vivieron separados en el exilio y nunca volvieron a reencontrarse. Doña Sofía y la infanta Elena se encuentran en el Palacio de Marivent, sede estival de los reyes, aunque se supone que este año no comparecerá en la recepción de Felipe VI y la reina a las autoridades de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

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