El Gobierno negocia ahora con los grupos cambios en los decretos para tener su voto

Pedro Sánchez salió muy preocupado del pleno del Congreso del 25 de marzo, que acabó pasadas las dos de la madrugada. Ya llegó al hemiciclo muy tocado por la situación general y por cómo ha impactado el coronavirus en su entorno personal y político.

Esa noche escuchó a la práctica totalidad de los partidos cuestionar su gestión durante la crisis y al final, además, la mayoría gubernamental perdió una votación. Pasó casi inadvertido y no era trascendente, solo era para tramitar como proyecto de ley uno de los decretos, pero ponía en evidencia la ausencia de respaldo en el Parlamento en el momento más delicado y, por tanto, su debilidad.

En el resto de votaciones, al Gobierno le salvaron PP, Ciudadanos y Vox. Y de los partidos que permitieron su investidura, solo el PNV sumó sus votos a los de PSOE y Unidas Podemos.

La preocupación provocó llamadas cruzadas entre Carmen Calvo, Pablo Iglesias y otros miembros del Gobierno para constatar que no podía volver a pasar y que había que asegurar los votos antes de llegar al pleno. Esa vez, el PP había aceptado no presentar propuestas al decreto, pero sería un enorme riesgo quedar en las siguientes votaciones a merced de los partidos que más critican al Gobierno. O que pueda volverse a forzar la tramitación de los decretos como proyectos de ley para que puedan ser enmendadas.

Un ministro explica que fue la evidencia de un error acumulado: no haber buscado complicidades, ayuda y respaldo de los demás partidos desde que empezó la crisis. Lo atribuye a que se pusieron todos los esfuerzos en la gestión sanitaria, en la económica y en la de comunicación, olvidando la política. Nadie se encargó de esa gestión política, que en la normalidad consiste en estrechar las relaciones con los socios parlamentarios que son necesarios en las votaciones. Y también con la oposición de PP y Ciudadanos para hacerles copartícipes de algunas decisiones, especialmente, las de la declaración de alarma.

La situación se agravó el fin de semana pasado cuando el presidente del Gobierno participó en la reunión telemática con los presidentes autonómicos y escuchó aún más críticas. Creció cuando el domingo se aprobó un decreto que fue perfilado durante la tarde y se publicó en el BOE casi en el límite de la medianoche, con el consiguiente caos.

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El lunes fue el día del malestar de todos los partidos, expresado especialmente por PNV y ERC, y Pablo Casado quien protagonizó una intervención dura y con argumentos inapelables que venían a decir: nos piden nuestros votos sin siquiera informarnos de lo que se aprueba. De esa forma, el martes, los miembros del Gobierno llegaron al Consejo de Ministros con posiciones críticas de casi todos los medios de comunicación por esa unilateralidad y con rechazo de todos los partidos sin excepción a su manera de actuar, hasta el punto de poner en riesgo la futura convalidación del decreto.

Esa mañana desde la Moncloa se pusieron en marcha varias rectificaciones con instrucciones a los ministros: no confrontar, pedir disculpas e intentar acercamientos con los partidos.

Esa tarde el Gobierno y el PSOE contactaron con el PNV y esa relación ha tenido continuidad este viernes con una conversación entre Pedro Sánchez y el 'lehendakari' Iñigo Urkullu. El mismo martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pablo Iglesias pidió disculpas; la vicepresidenta Nadia Calviño explicó en rueda de prensa el decreto de "hibernación" con tantas salvedades que los nacionalistas vascos lo dieron por "descafeinado" en lo que ellos pedían y la portavoz María Jesús Montero hizo guiños al diálogo a todos los partidos.

El Gobierno y el PSOE ya negocian con PNV y ERC futuras decisiones, que podrían trasladarse al decreto de ampliación de prórroga por otros 15 días que, con toda seguridad, se aprobará la próxima semana. Los nacionalistas vascos han expresado al Gobierno su disposición a apoyar la covalidación del último decreto tras los contactos de los últimos días. El objetivo esta vez es tener aseguradas las votaciones, acordando en lo posible el contenido del decreto, especialmente con sus socios de investidura.

También están previstos contactos este fin de semana con el resto de líderes políticos, empezando por Casado, para consultar la prórroga. Esta vez sí. Aunque algún miembro del Gobierno no oculta su sorpresa por la lentitud con la que se mueve el presidente, casi como si se tratara de hacer la política habitual, la de antes del desastre. El trasatlántico suele necesitar mucho espacio para virar, pero en este caso lo que no hay es tiempo.

El miércoles, Ignacio Varela ponía en circulación la idea de unos nuevos Pactos de la Moncloa y, a partir de ahí, ha germinado esa idea. El Gobierno, por boca de José Luis Ábalos, la ha dejado crecer.

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Fuentes del Ejecutivo matizan ese propósito y lo dejan por el momento en buscar apoyo de todos a medidas esenciales como la prórroga de la alarma y su posterior levantamiento progresivo y el apoyo a Sánchez para negociar ante la UE, entre otras posibilidades de acuerdo. Pero ven muy difícil intentar siquiera acuerdos sobre la limitación de despidos o el resto de medidas del llamado "escudo social". Aunque añaden que Sánchez está dispuesto a escuchar propuestas y a rectificar su unilateralidad.

El PP es más que escéptico sobre esos supuestos Pactos de la Moncloa después de semanas sin contacto siquiera con el Gobierno; rechaza muchas de las medidas aprobadas por el Gobierno y se remite a la comisión de estudio que propone para que desde el Congreso se controle al Ejecutivo, con comparecencia de todo el Gobierno, incluido Sánchez, y posibilidad de hacer propuestas. Pero si hay una propuesta del presidente del Gobierno se sentarán a hablar.

Unidas Podemos también desconfía de ese supuesto pacto porque teme que PP y Ciudadanos quieran ir más allá de lo que consideran conveniente y, por ejemplo, podría limitar las medidas de "escudo social". Al Gobierno le quedan más medidas, empezando por la renta mínima que el ministro José Luis Escrivá negocia con las comunidades autónomas.

El partido de Inés Arrimadas es coherente con su política de mano tendida, pese a no haber tenido respuestas.

El PNV tampoco parece partidario y ERC, también escéptico, explica: "Podemos escuchar y aportar. Pero en todo lo que tenga un tufillo patriotero absurdo no nos encontrarán". ERC, pese a que negocia con el Gobierno, dio ayer un paso en la línea del PP de pedir explicaciones al Gobierno en el Congreso. En concreto, solicitaron las comparecencias de varios ministros en la Comisión de Sanidad y que se reúnan la Comisión de Interior, y la de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para que los respectivos ministros se sometan al control parlamentario de los grupos. Para ello, piden que se habiliten medidas de seguimiento telemático para minimizar los desplazamientos de los diputados y diputadas.

Por el momento, el Gobierno está estudiando la posibilidad de utilizar los próximos plenos del Congreso, en los que tiene que convalidar los decretos relacionados con el estado de alarma, para recabar respaldo político ante la Unión Europea. Por ejemplo, para involucrar a Pablo Casado en esa negociación con sus socios conservadores europeos.

La próxima semana, antes del 11 de abril, tendría que haber un pleno para pedir la autorización con la que prorrogar el estado de alarma y en las siguientes semanas otro para convalidar decretos que contienen medidas del llamado "escudo social" para hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus. No obstante, si las negociaciones de estos días dieran fruto y el Gobierno se garantiza los apoyos a todos los decreto, podrían ir a un pleno largo la próxima semana, junto al de prórroga de la alarma.

Fuentes del Grupo Socialista del Congreso aseguran que existe incluso la posibilidad de que en uno de esos plenos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aproveche para informar de la última cumbre europea, que tuvo lugar hace una semana por vía telemática. Añaden que están a falta de la decisión final de la Moncloa y la conveniencia de unir ambos debates.

De hecho, hace días el Gobierno registró en el Congreso una petición de comparecencia del presidente para aportar esa información y a la espera de que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fije la fecha. La petición de comparecencia ha pasado ya por la Mesa del Congreso y acumula otras cumbres de las que no se ha dado información. Concretamente, se refiere al "Consejo Europeo Extraordinario celebrado el 20 y 21 de febrero y para informar del Consejo Europeo Ordinario que se celebrará los días 26 y 27 de marzo".

La ley obliga a dar cuenta de esas cumbres en el Pleno del Congreso, pero esa obligación se viene incumpliendo sistemáticamente por diferentes motivos, lo que ha provocado el malestar de la oposición.

La última vez que Sánchez compareció en el pleno para dar información de una cumbre europea fue el pasado mes de septiembre y lo hizo para informar de una celebrada en el mes de junio de 2019. En aquellas cumbres europeas, celebradas del 20 al 21 de junio y entre 30 de junio y el 2 julio, se pactaron los nombres de los responsables de las principales instituciones de la UE. Es decir, hace casi ocho meses de la última cumbre de la que Sánchez informó al Pleno del Congreso.

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En este momento, España mantiene un pulso con estados de la UE como Holanda o Alemania a cuenta de las ayudas y el apoyo para hacer frente a la crisis económica que provoca el coronavirus. La pasada semana se celebró la tensa cumbre europea, por vía telemática, y Sánchez podría necesitar recabar el apoyo del Pleno, aunque ese tipo de sesiones no incluye votación.

En esa cumbre europea, los estados decidieron darse quince días para presentar nuevas propuestas. Ese plazo termina la semana de 13 de abril. Es decir, entonces debería celebrarse otra cumbre europea que daría lugar a otra comparecencia de Sánchez. Puede elegir entre utilizar el pleno previo al 11, donde se votará la prórroga, o esperar al primer pleno ordinario, previsto para el 21 de abril, pero entonces ya tendría que dar cuenta de dos cumbres y habría acumulado otra sin dar cuenta de ella al Congreso como exige la ley. La próxima semana se reunirá por vía telemática la Mesa del Congreso y, entre otros asuntos, estudiará la fecha de ese pleno.