El Gobierno condiciona la presentación de los PGE a tener antes atado el apoyo de ERC

El Gobierno quiere tener los Presupuestos Generales del Estado aprobados "cuanto antes". Pero tampoco correrá. Y, al menos por ahora, no está dispuesto a tropezar con el muro del Congreso, una bofetada inicial al proyecto capital de todo Ejecutivo que sería difícil de digerir en un arranque de legislatura. El Ministerio de Hacienda llevará las cuentas de 2020 a la Cámara Baja cuando tenga garantizados los apoyos que aseguren su tramitación, no antes. Es decir, que solo los presentará si ERC se aviene a facilitar su aprobación. Pedro Sánchez, pues, sigue esta vez una estrategia distinta a la que marcó el final de su primer mandato, cuando registró el proyecto de ley en el Congreso aun sin contar con los avales suficientes. Asumió el riesgo, lo perdió y se vio abocado a un adelanto electoral.

El Consejo de Ministros de este martes dio los primeros pasos tangibles para la elaboración del proyecto de Presupuestos. Fijó un límite de gasto no financiero para 2020 de 127.609 millones de euros, lo que supone un 3,8% más respecto a las cuentas base de 2019, y fijó un objetivo de déficit público para 2020 en el 1,8% del PIB.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que compareció tras la reunión semanal del Gabinete con la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, volvió a indicar que la intención del Ejecutivo, expresada en ocasiones anteriores por el presidente, es que los PGE estén definitivamente aprobados antes de que finalice este verano. Pero evitó "afinar" más los plazos y concretar cuándo presentará ella misma el texto a la Cámara, porque esa decisión, la de marcar el calendario inicial, sí depende del Gobierno.

La portavoz recordó que este Gabinete de coalición con Unidas Podemos no disfruta de una mayoría absoluta que garantice que la tramitación culmina en éxito. Así que antes quiere trabajarse los apoyos. "Mantendremos contactos y reuniones con los grupos parlamentarios para asegurar que se produce una aceptación del trámite" y que por tanto "se rechazarán las enmiendas a la totalidad" que puedan presentar los grupos. Esas "reuniones preliminares" con los partidos, y que tendrán lugar "antes de que el proyecto de ley entre en el Congreso marcarán la fecha" en que pueda registrarse. Si el Gobierno dispusiera de una mayoría ya suficiente, podría "comprometer de forma más atinada el calendario de llegada" de los PGE a la Cámara Baja, justificó. "Pero tenemos que trabajar en el entorno plural que los ciudadanos han votado y eso obliga a ponerse de acuerdo con las formaciones políticas incluso para que se le dé vía libre al inicio del trámite, más allá de que puedan presentar enmiendas [al articulado] a lo largo de su tramitación", explicó.

"Mantendremos contactos y reuniones con los grupos parlamentarios para asegurar que se produce una aceptación del trámite", dice Montero

Para el Ejecutivo, pues, es fundamental asegurarse que pasa el primer filtro parlamentario. Una vez que los PGE llegan al Congreso, al cabo de tres semanas se celebra el debate de totalidad en el pleno, en el que se discuten las enmiendas de devolución del proyecto de ley, que se votan conjuntamente. Solo si se rechazan todas ellas, el texto redactado por el Gobierno sigue su curso y se comienzan a discutir las enmiendas parciales, al articulado, en ponencia y comisión. El dictamen, con las modificaciones incorporadas, pasaría a su discusión en el pleno y de ahí pasa al Senado. Si la Cámara Alta introduce cambios, el texto regresa al Congreso para su aprobación definitiva. Por tanto, lo que busca el Gobierno es cerciorarse de que la primera barrera, la del rechazo de las enmiendas de totalidad, lo supera. El argumento que esgrimirá es que España necesita contar ya con unas cuentas públicas "urgentes, oportunas y necesarias", ya que los PGE en vigor son los prorrogados que elaboró Cristóbal Montoro en 2018, antes de la moción de censura que aupó a Sánchez a la Moncloa.

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Javier G. Jorrín

¿Estará Carmen Calvo?

PSOE y Unidas Podemos suman 155 diputados, a 21 de la mayoría absoluta. A ese bloque probablemente se sumarían partidos como PNV, Más País-Compromís o Teruel Existe, pero la clave fundamental es ERC, que ya ha advertido de que si no hay avances en la mesa de diálogo entre gobiernos para abordar el futuro de Cataluña no habrá legislatura.

Sánchez "determinará las personas" que se sienten a la mesa de diálogo. La "falsa polémica" del mediador está "zanjada": lo serán los ciudadanos

Sánchez acordó con Quim Torra el jueves pasado en Barcelona que la reunión constitutiva de este foro, que coliderarán los dos presidentes al menos en esta primera cita, se celebrará en este mes. Pero no se conoce la fecha ni el formato, y sobre la composición solo se ha desvelado que se sentará el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias y, por la delegación del Govern, el 'vicepresident', Pere Aragonès. Ni tan siquiera se sabe si también Sánchez estará acompañado de su número dos, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Estrategia distinta a la del primer mandato

Montero no quiso dar muchos más detalles. La mesa "se convocará en breve", dijo, y el presidente "determinará las personas" que integren la representación del Gobierno de la cuota PSOE. Lo que no habrá es un mediador, como demanda insistentemente Torra. "La falsa polémica sobre el tema del mediador ha quedado perfectamente zanjada, no es necesaria la figura de un mediador", señaló la portavoz. La ministra se apoyó en lo que afirmó Sánchez en Barcelona el pasado jueves: que serán los ciudadanos españoles los "testigos de estas conversaciones" que se trasladarán "con absoluta transparencia, con luz y con taquígrafos". En cualquier caso, añadió, el Gobierno tiene una "vocación inequívoca" de diálogo para encontrar puntos de encuentro que sean satisfactorios para el conjunto de España y para Cataluña. Esa vocación de diálogo es una "hoja de ruta" que el Gobierno "intensificará, a pesar de las convocatorias electorales", las ya agendadas para el 5 de abril en Galicia y Cataluña y las que quedan por fijar en Cataluña. "El diálogo no puede esperar, es obligatorio, urgente y necesario", mantuvo.

El Ejecutivo remarca que "no contempla" la opción de no disponer de los apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos de 2020

Esto significa que la presentación de los Presupuestos quedará muy condicionada por los avances que haya en este mesa entre gobiernos y podría alejar la intención primera del Ejecutivo, que era la de presentar el proyecto de ley entre finales de marzo y principios de abril. A la pregunta de si no Hacienda no llevará los PGE a la Cámara si no logra amarrar los apoyos necesarios, fuentes del departamento insistieron en que esa opción "no se contempla", porque directamente "no se contempla" no contar con los respaldos suficientes.

En el primer mandato de Sánchez, el PSOE se encontraba en una debilidad parlamentaria absoluta, con 84 diputados. El presidente mantuvo una estrategia cambiante. En un primer momento, renunció a presentarlos si no contaba con los apoyos necesarios pero, tras las andaluzas del 2 de diciembre, se aprestó a elaborar el proyecto de ley, al margen de que tuviera o no el aval de los grupos. El rechazo en el pleno le sirvió entonces para preparar la carrera electoral del 28-A. Ahora, sin embargo, es consciente de que un varapalo parlamentario, recién llegado al Ejecutivo, le erosionaría gravemente, por lo que prefiere caminar sobre seguro.

Pablo Iglesias puede "posibilitar" la interlocución, pero la posición no cambia: ni referéndum ni amnistía

Que se siente Pablo Iglesias en la mesa de diálogo no supone un cambio de posición respecto al referéndum de autodeterminación o la amnistía por parte del Gobierno, como querría ERC. En ningún caso. El mensaje que quiere trasladar el Ejecutivo es el que formarán parte de este foro aquellos que "faciliten la vía de encuentro, independientemente del cargo de cada uno". Por tanto, se sentarán aquellas personas que, a juicio de Pedro Sánchez, "tienen más capacidad para posibilitar" esa convergencia, según indicaron fuentes del Gabinete de coalición. 

Pero la posición no cambiará. En el Gobierno recordaban este martes que ya Iglesias se comprometió a respetar las directrices marcadas por Sánchez tanto en política exterior como en el abordaje del conflicto en Cataluña. La posición la definirá el PSOE, aunque, obviamente, "habrá una coordinación previa" entre los dos partidos para que se escuche una voz única. "No se trata de un reparto de roles, de poli bueno o poli malo". 

Cada gobierno decidirá quién compone su delegación, pero sí se pactará la fecha constitutiva y el lugar de esa primera mesa de diálogo.