PSOE y Podemos escenifican sus diferencias en temas de Estado y acercan las elecciones

El PSOE superó la primera sesión ordinaria del Congreso en seis meses. Superó la mayoría de peticiones de comparecencia de la oposición y solo Carmen Calvo —no Pedro Sánchez— tendrá que acudir a la Cámara para dar explicaciones por el Open Arms. Pero el mapa de las votaciones en la Diputación Permanente delimita los serios problemas que afronta una posible coalición entre PSOE y Unidas Podemos. En asuntos de Estado como Cataluña o la política policial con la cumbre del G-7, Podemos se alineó con ERC, Junts y Bildu, y el PSOE sumó la mayoría con PP, Ciudadanos y Vox. La sombra de la repetición electoral se proyectó el martes sobre todos los presentes en el Congreso.

Una jornada con actividad en el Congreso ya es noticia. La Cámara lleva al ralentí desde finales de 2015, enfrascada en proposiciones no de ley y comisiones de investigación que rara vez llegan a conclusiones por la fragmentación. Desde las pasadas elecciones, la situación se ha agravado. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha batido todos los precedentes de bloqueo: dio tres meses a Sánchez para la investidura y superó los registros para constituir las comisiones. El resultado es que la Diputación Permanente, el órgano de guardia, se ha reunido para ver qué ministros comparecen pero lo ha hecho a punto de expirar agosto, con el periodo ordinario a la vuelta de la esquina.

Pablo Iglesias considera que la gestión del Gobierno en el caso del Open Arms le beneficia en una eventual repetición electoral

La oposición reclamaba que Pedro Sánchez acudiera de inmediato a explicar los consejos europeos de finales de junio y julio, algo a lo que está obligado por ley. El PSOE alega que con el Gobierno en funciones no corresponde un control pleno por parte de la Cámara, lo contrario que decía en la oposición, y logró retrasar esa comparecencia hasta septiembre y sin fecha. Dado que el 23 de ese mes se disuelven las Cortes si no hay investidura, Sánchez vuelve a apurar los plazos. Para lograrlo, contó con el apoyo de Unidas Podemos, que al final no quiso apretar por ese flanco, y del PNV. Por 30 votos a favor, 34 en contra y cinco abstenciones, el presidente se salvaba de nuevo de ir al Congreso y explicará en España el reparto de cargos de la UE con más de dos meses de retraso.

Lo mismo ocurrió con otras comparecencias, como la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o la del de Agricultura, Luis Planas. Podemos solo entregó a Carmen Calvo, que se verá obligada a acudir el jueves a un pleno extraordinario sobre el Open Arms por sus declaraciones de que el Gobierno podía multarlo. Esa comparecencia la había pedido Podemos, aunque Noelia Vera se encargó de hacerlo de forma suave, dejando claro que seguro que Calvo puede aclararlo todo. Podemos evitó que fuese Sánchez el que compareciera.

Pablo Iglesias considera que la gestión del Gobierno en el caso del Open Arms le beneficia en una eventual repetición electoral. Cree que Sánchez primero asumió el discurso de la mano dura y al final cedió, con lo que pierde por la izquierda sin ganar por la derecha, de ahí que mandara a Calvo a la Cámara. Los diputados de Unidas Podemos esperan la anunciada oferta de Sánchez para la semana que viene, en la que previsiblemente el PSOE insistirá en un Gobierno socialista con apoyo exterior de Podemos. En el grupo parlamentario, muchos no quieren elecciones pero no ven cómo Pablo Iglesias podría aceptar ahora lo que rechazó en julio. Para el sector más pablista, ese Gobierno 'a la portuguesa' ha sido ensayado durante el mandato de Sánchez y no ha funcionado.

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El ambiente de repetición electoral era mayoritario en el Congreso. De Podemos a Vox, los comentarios en los pasillos eran que nadie imagina cómo se puede deshacer el nudo que bloquea la formación de Gobierno: las diferencias son evidentes, los socialistas parecen cada vez más decididos a ir a las urnas y queda menos de un mes para evitarlo —han pasado ya cuatro desde las elecciones—.

A esa sensación contribuyeron los resultados de otras dos votaciones en el Congreso. ERC y Junts habían pedido la comparecencia de Josep Borrell, todavía ministro de Exteriores, "para informar sobre el informe de España Global que, además de contener aseveraciones injuriosas sobre la sociedad catalana, también viola la presunción de inocencia de los presos políticos". Se trata de un informe elaborado para medios internacionales y embajadas en que el Ejecutivo contrarresta el discurso independentista.

Para Podemos, el informe de Exteriores contra el independentismo es "cutre, 'hooligan' y sesgado" y Borrell y Lozano son "como Quim Torra"

La diputada de Unidas Podemos Aina Vidal, del sector más soberanista de los comunes, no solo anunció que su grupo apoyaría la petición de comparecencia sino que se explayó. Consideró que el documento de Exteriores es "cutre, 'hooligan' y sesgado", que "falta a la verdad" y que Sánchez pone a "sus propios Quim Torra" al frente de la política exterior. La propuesta no salió adelante porque el PSOE votó con PP, Ciudadanos y Vox y sumaron 55 diputados contra los 14 de Podemos, ERC, Junts y Bildu.

La imagen de Podemos alineado con el independentismo al margen del PSOE no es la primera de la legislatura. A pesar de que el Congreso es una Cámara en barbecho desde hace seis meses, la misma situación se dio en mayo cuando se decidió suspender a los diputados presos del 'procés'. Entonces, Podemos pidió en la Mesa que no fueran suspendidos de funciones y el PSOE lo sacó adelante con PP y Ciudadanos.

En julio, cuando Sánchez evidenció su veto a Iglesias, apuntó a este tipo de votaciones, en ocasiones sin importancia práctica y de poca relevancia pública, como clave para justificar su rechazo a la coalición. "Hay diferencias sustanciales en la política de Estado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Ellos defienden el derecho a la autodeterminación. Ellos sostienen que hay presos políticos. Ellos recurrieron la aplicación del artículo 155, con esa crisis que vivimos en el año 2017. En definitiva, hay cuestiones en que somos muy divergentes. Fíjese, hace dos días, en la Junta de Portavoces, Junts per Catalunya presentó una reconsideración por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados a la suspensión de los presos electos. ¿Sabe lo que votó Unidas Podemos? Votó a favor de esa reconsideración".

Aunque en campaña Iglesias afirmó que Unidas Podemos aceptaría la política del PSOE en Cataluña y los comunes renunciaron a pedir el referéndum de autodeterminación, Cataluña sigue allí, marcando un abismo. Finalmente, el PSOE evitó la comparecencia de Borrell gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox, que si algo criticaron fue la tibieza del informe de España Global.

La sesión en el Congreso dejó otra brecha en asuntos de Estado entre los únicos que pueden formar Gobierno. Bildu reclamó la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para dar cuenta sobre los controles policiales y militares realizados con motivo de la celebración de la 45ª Cumbre del G-7 que se celebra en Biarritz del 24 al 26 de agosto de 2019". La portavoz de Bildu denunció que Francia tenía una lista negra arbitraria e ilegal de activistas que no podían cruzar la frontera y que España colaboró en cumplirla.

Junts y ERC apoyaron la moción y, de nuevo, Podemos se sumó. Txema Guijarro justificó que esa cumbre del G-7 pretende usurpar las funciones de la ONU y criticó que no se escuchara a los manifestantes de la contracumbre, entre los que había miembros de Podemos. Tampoco salió adelante gracias a que la derecha votó con el PSOE.

Para Joan Mesquida, de Ciudadanos, era una broma pedir la comparecencia de Marlaska por esto y no por la inseguridad en Barcelona, el pacto antiyihadista o sus declaraciones de que teme ser atracado por la Gran Vía de Madrid y que para evitarlo se cambia la cartera de sitio cuando pasea por el centro de la capital. La maratoniana jornada, más de siete horas con todo tipo de puntos, dejó el debut de los fichajes de Ciudadanos. Además de Mesquida, el polémico Marcos de Quinto se estrenó como portavoz de Economía y Edmundo Bal lo hizo en el tema catalán. Bal, abogado del Estado del 'procés' hasta que fue relevado por el Gobierno de Pedro Sánchez, defendió que durante el otoño de 2017 hubo violencia en Cataluña, justo lo que el Gobierno de Sánchez le obligó a quitar de su escrito de acusación hace menos de un año y que le acabó costando el puesto.