La Fiscalía irrumpe en la suspensión de los presos y pide actuar ya contra Junqueras

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido este miércoles un escrito al tribunal del 'procés' en el que el Ministerio Público reclama que ordene a las Cortes la suspensión inmediata de los cinco presos que obtuvieron escaño en las últimas elecciones. En el escrito los fiscales del alto tribunal solicitan, en concreto, que se comunique a la Mesa del Congreso y el Senado que "deben proceder a la aplicación inmediata del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", norma que prevé la medida en caso de procesamiento firme por rebelión y encarcelamiento preventivo. Apoyándose en este artículo, el Ministerio Público sostiene que "para la efectividad y cumplimiento de la citada previsión legal, ambas Cámaras parlamentarias deben proceder a la ejecución sin más trámites de la medida de suspensión en el ejercicio de sus funciones".

La iniciativa se produce cuando es evidente la reticencia del nuevo Congreso a asumir la responsabilidad de la decisión. Nadie parece querer activar la congelación preventiva del estatuto de diputado de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, pese a que existe un acuerdo mayoritario sobre la pertinencia de la medida. Desde la Cámara Baja, no se oculta que se preferiría que fuera el Supremo quien dictara una orden directa. Acatar y no decidir. Los motivos de esta postura tienen distintas lecturas. Hay quien destaca que en las Cortes existe la plena consciencia de que los derechos políticos de los presos acabarán en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y, por ello, cualquier cautela es buena. Hay quien apunta que un desaire a ERC de este calibre no es el mejor modo para el PSOE de arrancar una legislatura que aborda con números justos y en la que no conviene cerrar la puerta a apoyos.

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El escrito trata así de lograr una respuesta contundente desde el alto tribunal que, además, centre el foco en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la pata jurídica que sustenta la suspensión, y aleje de la ecuación la interpretación del reglamento de las Cámaras, que apunta también a la suspensión previa tramitación de un suplicatorio —permiso previo de las Cortes— que, en esta fase, la de juicio oral, los siete magistrados que juzgan a los presos diputados y al resto de acusados por rebelión han considerado innecesaria.

La irrupción de la Fiscalía serviría así como un modo de lanzar la patata caliente de al TS. Y esto, pese a que los magistrados ya han dejado claro que la decisión está en manos de las Cámaras. La solicitud fiscal se produce cuando la sala ya se ha dirigido a ambas sedes parlamentarias, a las que ha indicado que tanto la ley como los reglamentos internos sustentan la suspensión y a las que ha pedido que actúen en consecuencia.

La irrupción de la Fiscalía serviría así como un modo de lanzar la patata caliente de nuevo al Tribunal Supremo

Las fuentes consultadas aportan una lectura más. Consideran que esta iniciativa pretende "asegurar" la suspensión. Reforzar de algún modo su obligatoriedad y prevenir un 'stand by' indeterminado o, incluso, una interpretación extraña de la norma que dificulte la congelación del desempeño de los electos.

La suspensión de funciones de los diputados presos es la primera pugna política de la legislatura. El Tribunal Supremo ha apuntado al Congreso que su deber es hacerlo porque el reglamento de la Cámara establece que los diputados en prisión preventiva no pueden ejercer. En el auto en que el tribunal del 'procés' rechazó tramitar el suplicatorio, también se menciona la Lecrim, aunque no se incluía la referencia concreta al artículo-llave para activarla. PP, Ciudadanos y Vox han reclamado una suspensión inmediata, pero la socialista Meritxell Batet, nada más salir elegida presidenta del Congreso, pidió tiempo para estudiarlo. La Mesa de la Cámara se reunirá después de que Batet visite al Rey. Batet enfrió así la suspensión inmediata.

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El trasfondo político es que todo el mundo da por hecho que los presos no pueden ejercer como diputados, bien por el ya famoso 384 bis de la Lecrim, que el juez Llarena ya aplicó a los que eran diputados del Parlament, bien por el reglamento del Congreso. Así lo apuntó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que antes de llegar al Congreso declaró en la Cadena SER: "Están encausados y no pueden ejercer su cargo".

La postura socialista, marcada por Calvo, deja claro que la mayoría de la Mesa considera que hay que suspenderlos, algo que fuentes parlamentarias ven inevitable. Pero Batet ha preferido pedir antes un informe a los letrados de las Cortes. Los socialistas creen que ante una suspensión que puede acabar en Estrasburgo, es mejor ir dando pasos sólidos.

La suspensión de los diputados puede tener un efecto beneficioso para la investidura de Pedro Sánchez. Oriol Junqueras ha anunciado que dejará su acta porque es candidato a las europeas, por lo que en la práctica está esperando a que le suspendan para que corra la lista. Pero los tres de JxCAT, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, no han aclarado si la mantendrán. Si siguen con el acta —y lo han hecho en el Parlament durante más de un año—, la mayoría simple necesaria para la investidura en segunda votación sería más barata para Sánchez, que podría lograrla sin el independentismo.

La elección de Batet ha dejado claros los límites de la gobernabilidad socialista. Batet obtuvo 175 votos en las dos votaciones, uno por debajo de la mayoría absoluta. Sin ERC, y de momento no se le espera (no mientras compita con JxCAT en Cataluña por el cetro del independentismo), los socialistas no suman mayoría ni alineando a Unidas Podemos, los comunes, PNV, Compromís, Coalición Canaria y PRC. Eso augura un dolor de muelas para aprobar cada ley.

En el Congreso están convencidos de que la suspensión es inevitable, pero preferirían que la aplicara directamente el Supremo y evitar un asunto espinoso. Si los socialistas apoyan la suspensión, se pueden ver además votando en la Mesa junto a PP y Ciudadanos mientras que los dos miembros de Unidas Podemos —uno de ellos Gerardo Pisarello, hasta ahora mano derecha de Ada Colau— optan por otra postura.