El nuevo Congreso, abocado a suspender de funciones a los diputados presos del 'procés'

El Congreso afronta estos días una situación única: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull, presos del 'procés', acudirán el martes en un furgón de la Guardia Civil a la Cámara para tomar posesión del escaño que lograron en las pasadas generales. Pero después de eso, y de forma casi automática, la Mesa del Congreso deberá proceder a su suspensión como diputados, según fuentes parlamentarias y jurídicas. Después de que el Tribunal Supremo haya descartado tramitar el suplicatorio que reclamaban los reclusos y a la vista de que el reglamento del Congreso prevé la suspensión de las personas procesadas y en prisión preventiva, no hay otra salida. En la carrera de San Jerónimo nadie cree que vaya a haber una pugna con el tribunal.

El próximo martes, una vez se encuentren todos los diputados electos en el hemiciclo, la policía dejará entrar a los presos del 'procés' que salieron elegidos por ERC y JxCAT. Los escaños en esa sesión no están asignados, así que tendrán que ocupar los sitios que queden libres. Una vez elegida, la Mesa hará el llamamiento para que todos juren o prometan acatar la Constitución, algo que se puede hacer "por imperativo legal" desde que en los ochenta encontraron esa fórmula diputados de HB. Solo entonces habrán adquirido "la condición plena de diputados". Un día antes, este lunes, visitarán tanto el Congreso como el Senado para realizar de forma personal los trámites necesarios para obtener sus actas. La Sala de lo Penal ha dado su plácet para ambas cuestiones.

El Supremo considera que la suspensión corresponde a la Mesa del Congreso, no al tribunal

Serán diputados entonces, sí. Pero efímeros. El siguiente paso inevitable supone que quedarán suspendidos. No se puede ser diputado cuando se está procesado en firme y en prisión. El reglamento del Congreso establece que serán suspendidos los diputados "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta". También contempla esa posibilidad la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El suplicatorio es un permiso previo que la Justicia solicita al Parlamento para proceder penalmente contra uno de sus miembros.

El Supremo ya ha determinado que esa autorización de las Cámaras no es ahora necesaria por lo que solo resta determinar de qué modo se va a formalizar la suspensión de los presos. En este caso, el Tribunal Supremo no tiene intención de pulsar el botón rojo. El tribunal del 'procés' dictó esta semana un auto en el que explicaba de forma prolija, consciente de la importancia del asunto, su postura sobre el suplicatorio. Con un juicio en su tramo final y un procesamiento firme dictado hace meses, no cabe tramitar ahora esa solicitud de autorización a las Cortes sobre los presos. Ese escrito iba más allá y ya dejaba en evidencia la postura de los siete magistrados: la suspensión de funciones no depende del poder judicial, depende del legislativo.

Así se ha comunicado a las Cortes en un breve oficio en que se remite la resolución y se indica a las cámaras que procedan en consonancia. No habrá otras comunicaciones. El margen de maniobra de la Mesa es más bien escaso frente a la norma.

En el reciente escrito que firma Manuel Marchena, se especifica: "Las previsiones normativas del reglamento de ambas Cámaras para el caso de que un diputado o senador resulte procesado y se declare su prisión son bien expresivas". Se destaca la importancia del derecho participativo de los afectados y se recuerda que este puede verse afectado, en su caso, "en la medida en que se pretenda su ejercicio de una manera incompatible con la situación cautelar de privación de libertad en la que en este momento se encuentran".

El auto incide en que el propio reglamento señala la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios. También se refiere a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y lo hace, para mayor claridad, en una resolución en la que, además de denegar la pertinencia de suplicatorio, el tribunal se pronuncia contra la libertad provisional. No hay mucho más que decir. A + B + C solo conducen a un destino: la suspensión.

La mayoría de la Mesa que salga el martes, previsiblemente de PSOE y Podemos, tendrá como primera decisión la suspensión de los diputados

El Supremo tenía la opción de esgrimir la Lecrim de forma expresa y exclusiva para la suspensión de los diputados. Pero no lo ha hecho. En su artículo 384 bis, esta norma establece que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". Ahora, el tribunal ha considerado más adecuado que la vía para la suspensión, inevitable como ya se ha dicho, llegue de la propia Cámara. Será así ésta la que deba escoger el camino. Sea el del reglamento o sea el de la Lecrim, o sea, en definitiva, la suma de los dos, el destino final es el mismo.

El escenario es distinto al que abordó en su día el magistrado Pablo Llarena. El instructor optó entonces por apelar al 384 frente al Parlament de Cataluña en la que fue una de sus decisiones más polémicas. El reglamento de la cámara autonómica no contemplaba la previsión que sí incluyen los del Congreso y el Senado.

"Si el Supremo dice que no hace falta el suplicatorio, el Congreso no lo va a discutir", anticipan fuentes parlamentarias. La Mesa del Congreso que salga elegida el martes próximo, previsiblemente con una mayoría de PSOE (tres miembros) y Podemos (dos) frente a PP (dos) y Ciudadanos (dos), será entonces la que deba abordar la suspensión de los diputados. Aunque el artículo del reglamento del Congreso que trata la suspensión no cita específicamente quién debe suspenderlos, en otro artículo se atribuye a la Mesa las tareas del reglamento "que no estén atribuidas a un órgano específico". Así, la suspensión será el primer asunto de calado en la Mesa de la socialista Meritxell Batet cuando sea elegida presidenta del Congreso.

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En la Cámara aún no han estudiado si esa suspensión la tiene que pedir algún grupo o es un trámite que abordará la Mesa de oficio. Es previsible que, ante las dudas, los que la integren se decidan por solicitar un informe a los letrados de las Cortes. Las fuentes consultadas no creen, en cualquier caso, que el Congreso vaya a ir al conflicto contra el Supremo. Si la mayoría de PSOE y Unidas Podemos entiende que no es la Mesa la encargada de suspenderlos, se abriría un conflicto institucional y un frente político ante PP, Ciudadanos y Vox.

En el caso de Oriol Junqueras, la suspensión de funciones de diputado es sobre todo simbólica. El líder republicano ya ha anunciado que dejará su acta de diputado porque es cabeza de lista de ERC a las elecciones europeas. En su caso, correría la lista de ERC. Pero Sànchez, Rull y Turull, diputados de JxCAT, no han anunciado si dejarán el escaño. En el Parlament de Cataluña, varios de los presos y fugados no han dejado su acta durante año y medio, de forma que el independentismo perdió la mayoría. La falta de tres o cuatro diputados no afecta a la mayoría absoluta, que sigue fijada en 176 escaños. Pero sí a la mayoría simple, donde hacen falta más síes que noes. En ese caso, la investidura en segunda vuelta o la Ley de Presupuestos, por ejemplo, serían más baratas para Sánchez. Raül Romeva ha sido elegido senador, aunque como en ese caso el PSOE tiene mayoría absoluta, su presencia o ausencia no influye en el día a día.