El Congreso se pone en manos del TS para gestionar a los presos y evitar riesgos de fuga

El Congreso pisa terreno desconocido. La toma de posesión de los diputados presos —Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull—, prevista para el próximo día 21, supone una situación sin precedentes. La Cámara no ha abordado aún la logística a la espera de que el Supremo informe oficialmente de que se dará permiso a los presos para comparecer y de las condiciones del mismo. Fuentes parlamentarias explican que los partidos están en alerta para preparar la gestión con un problema añadido: Ana Pastor cesa de presidenta el día anterior, por lo que esa sesión se inicia en medio de un vacío de poder.

La toma de posesión del acta de diputado requiere una serie de trámites. Los partidos recogen las credenciales ante la Junta Electoral Provincial y luego hay papeleo que hacer en el Congreso: presentar una declaración de la renta de bienes, informar de sus ingresos, recibir el móvil... Estos días van pasando por la carrera de San Jerónimo los diputados electos, que además reciben instrucciones prácticas, aunque lo pueden hacer mediante un representante. Pero ninguno adquiere la condición de diputado hasta que en el pleno del día 21 juren o prometan acatar la Constitución desde el hemiciclo tras ser llamados en orden alfabético y que no puede ser delegada.

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Beatriz Parera

Al contrario que en el Parlamento de Cataluña, el reglamento del Congreso no prevé que se haga por delegación, así que los presos del 'procés' que salieron elegidos en las pasadas elecciones generales deben ser trasladados al Congreso. El Supremo no podrá obstáculos en esta autorización. Pero, a una semana de la fecha señalada, la Cámara no ha empezado a estudiar la logística. ¿Estarán en la sede parlamentaria toda la sesión? ¿Cómo llegarán hasta allí? ¿Irán esposados? ¿Quedará un policía en la puerta del hemiciclo? ¿O tendrán que escoltarles los agentes hasta el mismo escaño? "La Mesa de la Diputación Permanente está en alerta con este tema pero no se ha tratado", añaden fuentes de otros partidos. El día 20 se reúne la Mesa de la Diputación Permanente para preparar el traspaso de poderes e informar de cómo quedan las cuentas de la Cámara, pero ya no tiene mando sobre lo que ocurre el día 21. Al final es el secretario general del Congreso, un funcionario, quien puede tener un papel clave en el tratamiento con la policía. Algo parecido ocurre en el Senado con Raül Romeva.

Según informan fuentes jurídicas, el Supremo remitirá en los próximos días un oficio tanto al Congreso como al Senado en el que destacará la importancia de evitar el riesgo de fuga y pondrá el acento en la seguridad del acto. Las dos Cámaras están alojadas en complejos de gran envergadura y, en el caso de la baja, con varios edificios interconectados por túneles. Se trata de un verdadero laberinto donde la seguridad supondrá todo un reto policial. Nada que ver con los traslados diarios que se efectúan desde las prisiones de Soto y Alcalá a la sede del Supremo donde los cinco presos asisten al juicio del 'procés'.

Diputado y huido

Salvando las distancias y el tiempo, existen antecedentes de huidas en situaciones comparables. Transcurría el año 1989 cuando el miembro de Herri Batasuna Ángel Alcalde fue incluido en las listas al Congreso de la formación 'abertzale'. Alcalde había sido detenido un año antes bajo la acusación de colaboración con ETA después de que se incautara un informe presuntamente de su autoría al jefe etarra Santiago Arróspide Sarasola, 'Santi Potros'. Estaba en prisión preventiva y la Fiscalía pedía para él ocho años de prisión. Accedió a un escaño después del asesinato de su compañero de formación Josu Muguruza.

Entonces se consideró que no había sido procesado en firme y su salida de prisión para tomar posesión del cargo se combinó con un suplicatorio sin cuya tramitación no era posible volverse a la cárcel. En seis días, del 5 al 12 de diciembre, Alcalde desapareció. No sin antes aprovechar su paso por las Cortes para prometer el cargo "por imperativo legal" e insultar al presidente de la época, Felipe González, que vivía aquella jornada su investidura. Estuvo en paradero desconocido más de 10 años.

El día 21, día grande en el Congreso, se complica así en esta ocasión. El reglamento del Congreso establece que "la sesión constitutiva será presidida inicialmente por el diputado electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de secretarios, por los dos más jóvenes". Primero se elige la Mesa —el presidente y los cuatro vicepresidentes y otros cuatro secretarios—, que luego dirigirá el día a día en la Cámara y que esta vez tendrá mayoría de izquierdas. Después, los diputados desde el hemiciclo son llamados uno a uno en orden alfabético para jurar o prometer la Constitución. En esta ocasión, cuatro de ellos serán reclusos.

El Congreso espera así que el tribunal del 'procés' le informe con detalle del protocolo a seguir. Detalles como el tiempo de permanencia en las Cámaras o el tipo de custodia necesario deberán así seguir las instrucciones que se remitirán de forma previa. Dentro del Congreso hay una pequeña comisaría de policía y aunque el traslado lo realiza la Guardia Civil, en la Cámara la seguridad corre a cargo de la Policía Nacional. Interior no quiso comentar el viernes el operativo.