Diputados y presos: los cinco candidatos en preventiva por el 'procés' sacan escaño

Cinco presos-diputados. Los resultados de este domingo han dado escaño a los candidatos al Congreso o al Senado por ERC y JxCAT que se encuentran en prisión preventiva por su procesamiento por rebelión y malversación en el 'procés'. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull volverán a ocupar este lunes su lugar en el banquillo del juicio que se sigue en el Supremo con una sensible diferencia. En unos días, después de que el tribunal autorice que tomen posesión de forma presencial, serán reclusos pero también unos miembros más de la Cámara Baja.

El triunfador de la noche es sin duda Oriol Junqueras. ERC se ha convertido en la primera fuerza de Cataluña, por primera vez en su historia, y dobla en resultados a los de Puigdemont, que se quedan con siete escaños. Y harán doblete gracias a la presencia en el Senado de Romeva. Pese a la enorme distancia con los de Esquerra y el indudable varapalo que representa, los tres presos de la formación del 'expresident' huido también han logrado plaza. El caso del presidente de ANC era más claro, dado que lideraba la lista por Barcelona. Pese a las dudas que se han prolongado hasta el último momento, también Rull y Turull, cabezas de lista por Tarragona y Lleida, se beneficiarán del único escaño obtenido por su partido en estas dos circunscripciones.

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Su nombramiento efectivo queda ahora en manos del tribunal que preside Manuel Marchena. Y los cinco serán diputados de pleno derecho. El Supremo no va a poner obstáculos. Para adquirir la condición para la que han sido elegidos, se requiere la recogida de sus actas parlamentarias y la salida de la cárcel de Soto del Real, donde se encuentran ingresados en la actualidad para acudir cada semana al juicio del 'procés', para asistir a la sesión constitutiva del Congreso y el Senado. No se escapa a nadie la ironía de la situación que exige que, para que sean diputados, juren o prometan respetar la Constitución de forma presencial.

Más difícil será el encaje para su presencia en futuros plenos o para el ejercicio del voto. El Supremo dará otro paso más. Comunicará a las cámaras la situación de procesamiento de los acusados que, en el caso de sus pasados cargos en el Parlament, les valió una suspensión preventiva. Los servicios jurídicos tendrán que examinar si esto les permite o no ejercer de forma efectiva.

El artículo 384 bis entra aquí de nuevo en juego. En él se prevé, en concreto, que una vez sea firme un auto de procesamiento y esté decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, "el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Ninguno de los reglamentos de las dos Cámaras prevé el modo de actuar en caso de 'señorías' en prisión. Se contemplan otras situaciones, como la enfermedad o la maternidad y paternidad, para la votación telemática. El de la Cámara Alta incluye la precisión de una "imposibilidad física" para acudir. Es previsible que armar el puzle de esta situación, sin precedentes a nivel nacional en democracia, quede al albur de las mesas de ambas instituciones. Y el 'marrón' es considerable.

La situación se prolongará, al menos, hasta que se dicte sentencia. Los plazos que maneja el tribunal de cara a la duración del juicio, dado el actual ritmo de declaraciones de testigos, sitúan el visto para sentencia para el próximo mes de junio. A partir de ahí, deliberación y redacción de sentencia. No se conocerá, así, la resolución hasta el próximo otoño, en septiembre u octubre. Una condena, incluso por desobediencia, llevará aparejada la inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Queda por delante medio año de legislatura en que los presos tendrán garantizado un lugar en el Parlamento nacional.