se cierra la primera etapa del juicio

Del 'concierto delictivo' a 'insurrección': lo que Fiscalía ve probado tras sus 200 testigos

El Ministerio Público considera probados seis indicios que sustentan la acusación por rebelión que mantiene desde el inicio de la causa del 'procés'

Foto: Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, en el juicio del 'procés'. (EFE)
Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, en el juicio del 'procés'. (EFE)

El juicio del 'procés' cierra en su décima semana una etapa. A lo largo de dos meses, y después de esa primera fase en la que declararon los procesados por rebelión y malversación, la sala comenzó a escuchar a los 265 testigos del Ministerio Público. El último se sentó en la silla frente al estrado elevado del tribunal este miércoles por la tarde. Es hora de hacer balance. Según el criterio fiscal, los testimonios practicados han logrado acreditar la rebelión con base en seis líneas que consideran probadas. Del concierto delictivo para la secesión a la violencia insurreccional, estos son los puntos que sustentan la acusación del 'procés':

1. El concierto delictivo entre el Parlament, el Govern y las asociaciones civiles. El equipo de cuatro fiscales considera que la visión completa ofrecida por sus testigos sustenta su teoría de las tres ramas que confluyeron para apoyar lo que, en definitiva y pese a un uso político repetitivo del término que ha pervertido su sentido, fue un golpe al Estado. Este fin, previsto en el artículo del rebelión, el 472 del Código Penal, quedó plasmado en hasta cinco documentos básicos. Más allá de los ya familiares y clásicos Libro Blanco para la Transición Nacional, 'Enfocats' y agenda Jové, la Fiscalía incide en la hoja de ruta de marzo de 2015 —entre partidos políticos y organizaciones soberanistas— y la hoja de ruta de la ANC del periodo 2016-2017, básica para entender ese adelanto de los planes y situar el referéndum en 2017.

Los fiscales consideran que todo se urdió como en una prenda de punto tejida con cuatro colores de lana. Sin aprobación de la Ley 19/2017 que impulsó el Parlament, no hay referéndum. Sin actuación del Govern, que convocó por decreto y llamó a sus miembros a la movilización para alentar el voto, no hay referéndum. Sin la movilización popular y el apoyo de la ANC y Òmnium para fomentarlo, no hay referéndum ("organizaron la votación y la resistencia frente a la actuación policial"), defiende la acusación. Sin la inacción de los Mossos, tampoco hay referéndum, por lo que el dispositivo fue intencionadamente diseñado para ser ineficaz y no cumplir con el mandato judicial.

Más allá del sustento documental, el equipo fiscal sostiene que el propio desarrollo de los hechos, que fue calcando los planes preestablecidos al milímetro, acredita el plan criminal concertado.

Del 'concierto delictivo' a 'insurrección': lo que Fiscalía ve probado tras sus 200 testigos

2. Fuentes fiscales apuntan a El Confidencial que también dan por acreditada lo que fue "una situación insurreccional o de levantamiento generalizado" frente al orden constitucional. Y dan cifras. Hubo más de 200 incidentes violentos, de intimidación, de acoso y de amenaza, que se alargaron desde el 19 de septiembre hasta el día clave de la declaración de independencia, el 27 de octubre. Miles de personas fueron llamadas a participar en los incidentes, con una acción en la concentración de la Conselleria de Economía del 20-S y en el propio 1-O.

3. La violencia, elemento básico. En opinión de la Fiscalía, ha quedado acreditada. Su existencia permitió la celebración del referéndum y logró favorecer la declaración de independencia. Tanto el Govern como los líderes de ANC y Òmnium llamaron a una movilización general destinada a 'proteger' la sagrada votación. La cúpula de Puigdemont había sido advertida del enorme riesgo de que se produjeran graves incidentes de orden público. Todos, unos y otros, conociendo que esos incidentes violentos se iban a producir, llamaron no solo a la movilización para ocupar los centros e impedir el cumplimiento del mandato judicial sino también a resistir y volver a los centros para evitar la actuación policial.

4. Malversación. Según las fuentes consultadas, se ha demostrado el uso ilícito de fondos públicos en campañas de publicidad institucional, el pago y alojamiento de observadores internacionales, la elaboración de informes sobre el referéndum, la elaboración de material electoral y la cesión de locales para una actividad ilícita. La cuantía alcanza "varios millones de euros", señalan.

5. Los Mossos facilitaron el 1-O. Pese a las declaraciones apasionadas de mandos del cuerpo autonómico y la del propio mayor Josep Lluís Trapero, el Ministerio Público considera que la panorámica general de sus dos centenares de testigos ha demostrado la colaboración de los Mossos en la celebración del referéndum. Hay, así, hasta siete pruebas claramente acreditadas:

- El dispositivo diseñado, una pareja de agentes por centro, era "absolutamente ineficaz e inadecuado para impedir la celebración de una consulta ilegal".

- Las pautas de actuación que se dictaron desde arriba dificultaban manifiestamente el cumplimiento del auto judicial.

- Los binomios de Mossos fueron "totalmente" pasivos en la práctica totalidad de los centros.

- En algunos casos opusieron resistencia y llegaron a obstaculizar la acción policial.

- Organizaron vigilancias y seguimientos de los movimientos que efectuaban las Unidades de Policía y Guardia Civil.

- En muchos casos, las incautaciones de urnas y papeletas se produjeron solo y exclusivamente una vez habían terminado la votación y el recuento.

- No hay constancia de que las unidades de orden público de Mossos llevaran a cabo el desalojo de centros de votación, la incautación de urnas y de material electoral.

6. Nada de independencia simbólica: fue real y el Estado reaccionó. El paso de Carles Puigdemont y su DUI supusieron la proclamación de la república catalana. Se generó tal riesgo de ruptura del orden constitucional que el Ejecutivo central tuvo que tirar de la aplicación de "un mecanismo excepcional de defensa del orden constitucional", el artículo 155. Para esa declaración de independencia, para su respaldo internacional, se precisaba esa violencia autogenerada. Fue utilizada como instrumento necesario para presentar en el plano internacional la democracia española como un Estado represor y antidemocrático, y favorecer su reconocimiento como un país independiente.

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