"Necesitaban dinero": un agente detalla cómo buscaron fondos en China y ayuntamientos

Los guardias civiles continúan pasando, uno detrás de otro, ante el tribunal del 'procés'. Cada una de las jornadas de esta sexta semana aporta nuevos detalles y este jueves ha sido el turno de las estructuras para la futura independencia. El cabo que se ocupó de analizar los papeles del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, detalló cómo el Govern buscaba recaudar fondos para la futura república. Necesitaban más de 20.000 millones, explicó.

"El registro del señor Salvadó fue espectacular en cuanto a documentación: aduanas, catastro...", empezó diciendo, levantando ya la expectación. Según explicó, había una preocupación muy grande en cuanto a la financiación: "Una vez se declarase la independencia, cómo podían sobrevivir....". El trabajo se dividió en dos: el vicepresidente actual, Pere Aragonès, buscaba financiación internacional y la creación de un banco central de Cataluña, mientras que Salvadó se ocupaba de la gestión interna de impuestos.

Para ello, tenían preparado un programa informático, encargado a IBM: "Ahí había una factura de 240.000 euros en que se hablaba de él". Necesitaban 4.500 millones de euros de este programa y una inyección posterior más grande. Entre la documentación de Salvadó, se encontró también un correo electrónico en un 'pendrive', sin remitente, solo copiado el texto, que hablaba de que pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. También contaban con 6.000 millones de ingresos de ayuntamientos y 1.300 millones de impuestos propios.

El cabo recordó un inventario valorando bienes inmuebles, activos y pasivos a repartir. También había un viaje a Eslovenia de Pere Aragonès, visita que se reflejaba en un documento con el membrete de la Generalitat, de la Conselleria de Economía, en el que constaba una hoja de ruta que ponía 'independencia de Eslovenia' y hacía una comparativa. "Yugoslavia era una federación en colapso y España, no. España es un país mucho más poderoso", sostenía el informe.

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El agente cerró además el círculo de la secretaria judicial que salió espantada de la Conselleria de Exteriores, donde se habían producido incidentes en la puerta provocando que la letrada acabase llorando, según detalló otro guardia civil hace dos días. El testigo fue quien la recibió en Economía horas después para el registro del despacho del director de Patrimonio, Francesc Sutrias, y explicó que llegó muy nerviosa. Tuvieron que facilitarle la entrada por el 'parking'. Dejaron que se calmara y le dieron agua.

La mañana continuó con otro guardia civil que estuvo presente en el registro de la vivienda de Sutrias. Una vez más, la secretaria judicial se encontró una concentración frente a la puerta por la que tenía que salir. "Había unas 70 personas, allí en Rubí, la letrada de la Administración de Justicia y yo, como íbamos de paisano, decidimos salir del edificio como si fuéramos una pareja de vecinos del bloque", explicó el agente. Explicó que la actitud de los manifestantes no era violenta, pero el fiscal le preguntó si la secretaria estaba nerviosa. “Aquellos días estábamos nerviosos todos, creo”, respondió el guardia civil.

La "ratonera" de Unipost

Los últimos guardias civiles de la mañana relataron los altercados que se vivieron durante el registro de Unipost. El problema llegó a la hora de abandonar la nave tras la operación. Los agentes dejaron la salida en manos de los Mossos, que les llevaron por una calle que "era una ratonera", aseguró el primero. "Era estrecha, estaba en obras y había elementos que impedían la marcha del convoy, como así sucedió", explicó. "En un momento dado, dimos con una zanja. Mi superior, el letrado de Justicia y yo, que íbamos en el mismo coche, pensamos que nos habíamos quedado ahí".

Los manifestantes no dudaron en aprovechar la oportunidad. "Delante de los vehículos, incluidos los de los Mossos, habían tirado las vallas para impedir la salida del convoy, y la gente tenía la cara pegada en el cristal, movieron las chapas que tapan las zanjas para que los vehículos cayeran en ellas". El objetivo era claro: "Vi en la cara de la gente, por primera vez en mi vida profesional, el reflejo del odio. Los Mossos se tuvieron que emplear a fondo".

El segundo describió una escena similar. Y volvió a referirse a la salida como una ratonera. "Insultos, amenazas, cánticos, grabaciones de todo tipo... Creo que no era una cosa casual, porque llegó un político que se entrevistó con ellos y luego salió en los medios. Ahora doy plena fe de que se trataba de un señor relacionado con el Ayuntamiento de Terrassa, que les estaba alentando, animando, una actitud nada pacífica". Dos barreras cortaban su vía de escape mientras los mossos trataban de desalojar a los manifestantes y optaron por la calle en obras. "Todos los vehículos que fueron pasando caían en la zanja. Ni siquiera los todoterrenos podían salir. Solo a base de insistir lo conseguimos". Al igual que otros agentes que comparecieron en días anteriores, destacaron cómo el letrado de Justicia que acudió al registro se tapó la cara para no ser reconocido. "Tenía miedo, temor, no se sentía seguro de la actuación que estaba llevando... Recuerdo que iba muy nervioso".

El último guardia civil fue un paso más allá al relatar el registro de la nave situada en Bigues i Riells, donde se hallaron casi 10 millones de papeletas para el referéndum. No dudó en comparar la situación que se vivió con la 'kale borroka' del País Vasco: "Un compañero le dio un pañuelo al letrado y él se tapó la cara. Tenía miedo. Era para tenerlo, porque la gente estaba bastante exaltada. No he vivido el conflicto vasco, gracias a Dios, pero compañeros míos de allí me han dicho que se asemejaba a los inicios del conflicto vasco, de la cara de odio de la gente".

Llegado el turno de las defensas, los abogados trataron de impugnar el registro de Unipost alegando que la operación se llevó a cabo sin mandamiento judicial. "Nuestros superiores nos dicen que hay que ir allí porque nos ha llegado una información que dice que puede haber materiales susceptibles de ser empleados el 1 de octubre", argumentó el primero. "Un trabajador se limitó a decirnos dónde estaba la mercancía y que no tenía ningún problema en colaborar con nosotros", se defendió el segundo. Cuando el abogado de Sànchez, Turull y Rull lanzó la pregunta por tercera vez, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le cortó en seco: "Sobre la legalidad o no, nos pronunciamos nosotros".