El Gobierno culpa a Podemos del fiasco del alquiler, pero insiste en negociar con ellos

Primer varapalo serio al Gobierno. Primer golpe. Primer toque de atención. El Ejecutivo se veía obligado a tragarse su decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda porque su socio preferente, Podemos, lo dejaba en la cuneta. La formación de Pablo Iglesias advirtió desde el primer momento de que no apoyaría a Pedro Sánchez en un texto que no contemplaba su petición expresa de regulación del precio de los alquileres y cumplió su palabra hasta el final, en un momento de grave crisis interna. Los socialistas culpan a los morados de haber desaprovechado la "oportunidad" de haber mantenido en vigor medidas que protegen a los inquilinos y a los desahuciados. "Y ellos tendrán que explicarlo", deslizan. Pese al "traspié", al "tropiezo", al "accidente", como llaman en la Moncloa y en Ferraz a la primera gran derrota parlamentaria de Sánchez, no cunde una sensación de tragedia ni de naufragio. Tampoco se palpa un clima de ruptura con Podemos, un aliado que sigue siendo necesario para lo que reste de legislatura, por mucho que el presidente haya recibido su primer aviso por parte de los de Iglesias.

Los socialistas, no obstante, sabían que no podían "frivolizar" sobre lo ocurrido. Solo en tres ocasiones anteriores el Congreso se había negado a convalidar un real decreto ley del Gobierno de turno en 40 años de democracia. La primera vez, en 1979, con la UCD en el Ejecutivo. La segunda, en 2006, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue por error. La tercera, en marzo de 2017, con Mariano Rajoy, por la estiba. Y la cuarta y última, este martes. Por la vivienda, una bandera más que señera de Podemos. Un total de 103 diputados (PSOE, PNV, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias) apoyaron el decreto ley, por 243 noes (PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Foro, Bildu y UPN) y una única abstención de una parlamentaria de En Marea.

En el pleno de la Cámara Baja se sometían a votación otros siete decretos, y todos ellos sí salieron adelante, aunque en dos —liberalización del transporte ferroviario y medidas para una transición justa de la minería del carbón— Podemos se deslindó de la posición del PSOE y prosperaron gracias al respaldo o la abstención del PP. Precisamente esas otras siete victorias permitieron al Ejecutivo mitigar la imagen de la derrota.

El Ejecutivo se declara "satisfecho" con el balance, porque de los 25 decretos leyes impulsados en 2018, el Congreso ha convalidado 24, el 96%

De hecho, fuentes gubernamentales recalcaban que de los 25 reales decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros en 2018, el Congreso ha convalidado 24, "lo que supone un 96% de la actividad política" del Ejecutivo a través de esta figura. "Y tres de cada cuatro han recibido menos de cinco votos en contra", apuntalaban. El decreto número 26, el que salió de la Moncloa el pasado 11 de enero, aún debe pasar por la Cámara Baja.

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Un "accidente"

El Gobierno se declaraba "satisfecho" con este balance porque "le ha permitido desarrollar parte de su agenda del cambio, la más urgente". "Una urgencia que han entendido el resto de grupos parlamentarios, por cuanto el 80% de esos reales decretos leyes serán tramitados por el procedimiento de urgencia también como proyectos de ley. El Gobierno ha demostrado su capacidad para generar zonas de consenso en beneficio de la ciudadanía", señalaban las mismas fuentes.

Los socialistas no "frivolizan" sobre el golpe, pero tampoco dramatizan. El plan B es sacar ahora una Ley estatal de Vivienda, aún sin fecha

En el Grupo Socialista y en el Ejecutivo, no obstante, eran conscientes del varapalo sufrido en el Congreso. "Esto es un accidente, un tropezón, y nos cuesta comprenderlo. El rechazo procede de lo que no está en el decreto [la regulación de los precios de los alquileres], no de lo que sí está", señalaba un alto cargo del Gabinete. "Hay preocupación, sí, pero no nos vamos a hacer el harakiri. Sí nos incentiva a negociar, como estamos haciendo, hasta la extenuación", señalaban fuentes de la dirección parlamentaria. "Es cierto que se alimenta la sensación de debilidad, pero no te queda otra que tragártelo y fuera", añadían por su parte en Ferraz.

Fomento no prevé por ahora presentar un segundo decreto ley similar al tumbado este martes en la Cámara. Alega que la demanda de Podemos, la regulación de las rentas de los arrendamientos en las zonas más tensionadas, no cuenta con el consenso de PNV y PDeCAT, socios imprescindibles también para el Gobierno. Así que el plan B será otro: seguir trabajando en una Ley estatal de Vivienda, "de marcado carácter social, que incluya la creación de una estadística oficial de alquiler más transparente e instrumentos legales que eviten que los fondos buitre se queden con las viviendas sociales, así como la movilización de suelo público para la creación de 20.000 nuevas viviendas públicas". Pero ese proyecto no tiene fecha aún de aprobación, y al optarse por una tramitación ordinaria, la ley puede sufrir bloqueos por parte de PP y Ciudadanos, que controlan la Mesa del Congreso, y ver la luz muy, muy tarde.

La irritación de los socialistas con Podemos era visible, aunque en la tribuna y en las declaraciones públicas midieron el tono, empezando por el propio titular de Fomento, José Luis Ábalos. En el entorno del ministro se subrayaba que los morados no quisieron sentarse a la mesa hasta el pasado viernes porque su única intención era "ver tumbado" el decreto ley, y que no aceptaron ninguna de las tres alternativas que se les ofrecieron desde el Ejecutivo: tramitar el decreto como proyecto de ley —el problema es que PP y Cs impiden con sus votos que las normas sigan su curso parlamentario—, incorporar sus peticiones vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 —cuentas que no es seguro que salgan— o aprobar un nuevo decreto ley de medidas complementarias una vez convalidado este primero.

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Ahora, en el marco de los PGE

Fuentes próximas a Ábalos se lamentaban de la "mala imagen" que la izquierda proyectaba tras este pleno. La derecha "traga carros y carretas" y pacta, "y aquí la izquierda se fija en el pelo de una gamba", denunciaban, mientras afeaban a Podemos su actitud de "todo o nada".

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No obstante, en el PSOE y en el Gobierno trataban por todos los medios de desvincular el fiasco del decreto del alquiler con los PGE o con futuros textos que lleguen a la Cámara. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía ante los medios en que el desencuentro con Podemos es puntual y que la relación sigue siendo "magnífica", por lo que el acuerdo que firmaron Sánchez e Iglesias no peligra. Ábalos, en 'Hora 25', en la SER, se manifestó "siempre dispuesto a abordar" la regulación de los precios de los alquileres, y ahora el "contexto" en el que debe hablarse es en el marco presupuestario.

Pero, en todo caso, lo que ya se pierde es "tiempo", y mientras, señaló, pierden aquellos a los que buscaba proteger el decreto ley, a los inquilinos y los desahuciados, pues el texto, ya derogado por el Congreso, prorrogaba los contratos de tres a cinco años (siete si el propietario es una persona jurídica), sacaba los pisos turísticos de la Ley de Arrendamientos Urbanos o suspendía el proceso de lanzamiento hasta que los servicios sociales interviniesen. Ahora, al revertirse el decreto, se vuelve a la situación anterior a su entrada en vigor, a la reforma liberalizadora del PP de 2013. "Ellos [Podemos] tendrán que explicar por qué quieren volver a una situación mucho peor", reflexionaban ofuscados desde el Gabinete y desde el Grupo Socialista. "Aquí ni es un drama ni se buscan responsables", añadían en Ferraz, porque la sensación es que se ha intentado negociar y buscar el consenso hasta el final, sin éxito. Ábalos también había reconocido que el texto era un "primer paso" con medidas urgentes, un "decreto de mínimos" pensado para contentar a los grupos que sostienen a Sánchez. No ha sido así.

Unidos Podemos, no obstante, tampoco considera rotos todos los puentes de interlocución con el Ejecutivo. En la tribuna, la diputada Lucía Martín se felicitaba del terreno recorrido en los últimos días y recordaba que su no en la votación no buscaba "humillar" al Gobierno, ni hacerle "daño", "ni deshacer el espíritu de la moción de censura", sino que "es un acto para exigir medidas valientes que protejan a la mayoría de la ciudadanía". Pero el grupo capitaneado por Iglesias lleva meses muy molesto con el Gobierno. La decisión de gobernar por decreto ley del Ejecutivo de Sánchez los relega a un papel más que secundario. El Consejo de Ministros aprobaba un viernes una medida popular incluida en el acuerdo de Presupuestos que firmó con Iglesias y un mes después el Congreso debía ratificarlo, ya sin apenas publicidad, con los votos de Podemos.

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La queja de los diputados morados es que los ministerios no les consultaban nada sobre los decretos que preparaban. Para evitar filtraciones, muchos departamentos han optado por la opacidad absoluta, por mandar al BOE los decretos leyes y luego ofrecer a sus socios tramitarlos como una ley donde sí pueden introducir enmiendas. Pero, con el control de la Mesa por parte de PP y Ciudadanos, eso no tiene apenas recorrido. "Nos han dicho que eso se ha acabado y que nos van a consultar", señalaban con cierto escepticismo fuentes de Unidos Podemos después de anunciar que votarían no al decreto ley del alquiler.

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En el Ejecutivo, mientras, advertían de que continuarán hablando y discutiendo con sus socios. "No se llevan a la Cámara sin negociar. Otra cosa es que tras las conversaciones que se tienen no se consiga la mayoría suficiente para obtener la convalidación", apuntaba a este diario una ministra. Ella y otros miembros del Ejecutivo niegan que la Moncloa haya dado una orden para esforzarse más en las negociaciones. "Siempre se les dice que hablen antes de llevarlo al Consejo. Pero Podemos necesita su espacio. Hay que entenderlos. Este golpe seguro que servirá para que los ministerios sí negocien con más ahínco", reforzaban desde el equipo del presidente.

Aunque en el PSOE y en el Ejecutivo había quienes intentaban vincular esta oposición a la crisis interna de Podemos por la marcha de Íñigo Errejón, la crítica era pública desde hacía meses, e Iglesias ya había dicho, el mismo día en que Ábalos sacó del horno su decreto ley, que si no había cambios no contaría con su apoyo y que los pactos estaban para ser cumplidos ('pacta sunt servanda'). En diciembre, Podemos se abstuvo en un decreto ley de Industria que salvó el PP en el último minuto con su abstención.

La colaboración de PSOE y Unidos Podemos es algo imprescindible, especialmente con el cada vez más probable estirón de la legislatura hasta 2020. En la Moncloa cada vez hay más optimismo sobre los Presupuestos y Sánchez ha cedido con los independentistas en cuestiones polémicas, como la creación de una mesa de partidos, y ha accedido a negociar la transferencia de prisiones al País Vasco con vistas a que pueda ser una realidad para enero de 2020.

Al posponer el adelanto electoral, el Ejecutivo tiene que conjugar su pacto con Podemos y aunar intereses de grupos conservadores como PNV o PDeCAT. Lo mismo ocurre con las medidas acordadas contra los beneficios de las eléctricas, que difícilmente apoyarán los nacionalistas vascos y que están pendientes de aprobación.

El Gobierno prevé transferir 33 competencias a Euskadi... incluida prisiones para enero de 2020

El entendimiento entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco, mientras, se va encauzando. Este martes, el portavoz del Gabinete de Vitoria, Josu Erkoreka, informó de que Madrid había remitido el calendario de negociación para traspasar a Euskadi un total de 33 competencias hasta enero de 2020, de las 37 que tradicionalmente han reivindicado los nacionalistas. Entre ellas, se incluye el sistema de prisiones, pero no las cuatro que hacen referencia gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

La negociación se hará en tres paquetes, arrancándose el diálogo por las materias más sencillas. Los primeros acuerdos, según calcula el Gobierno socialista, podrían llegar para marzo de 2019 en siete materias. El siguiente bloque llegaría para el verano. Y las competencias más complicadas de abordar, entre ellas la gestión de las instituciones penitenciarias, no estaría completada, como poco, hasta enero de 2020. 

Erkoreka dijo tener una sensación "agridulce" tras las conversaciones con el Gabinete de Sánchez, por las "discrepancias" en dos asuntos claves: situar el diálogo sobre prisiones en el último bloque y no hablar nada de las cuatro relativas a la Seguridad Social (Inspección de Trabajo y Seguridad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la gestión del régimen económico).

#Transferencias No ocultamos una sensación agridulce. Esperábamos que incluyera todas las transferencias pendientes y seguiremos reclamándolas. Pero también destacamos la importancia de empezar a trabajar

 

El dirigente nacionalista sí valoró, no obstante, que el Ejecutivo central haya remitido su propuesta de calendario, y subrayó que hay "margen suficiente" para el traspaso al País Vasco de estas 33 materias antes de que Sánchez disuelva las Cortes, si es que logra agotar su mandato en junio de 2020, informa EFE. 

No obstante, el portavoz del Gobierno vasco señaló que no tiene la garantía "absoluta" de que esta programación pueda cumplirse porque es "innegable" que puedan aflorar "dificultades y obstáculos" durante la negociación por parte de los dos ejecutivos. 

Desde el Ministerio de Política Territorial, que dirige Meritxell Batet y que pilota las conversaciones, insisten en que solo se trata de un calendario de negociaciones (no de materialización de acuerdos) y ponen en valor que tras siete años se haya comenzado el diálogo sobre traspasos. Algunos de ellos, no obstante, serán complicados de vertebrar jurídica y técnicamente, advierten.