votación en plena crisis interna de podemos

PSOE y Podemos ponen a prueba su relación en un supermartes con ocho decretos leyes

El Gobierno espera lograr en el último segundo el visto bueno de sus socios, que de momento se oponen al decreto del alquiler y al de la liberalización ferroviaria

Foto: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman su acuerdo de Presupuestos, el pasado 11 de octubre en la Moncloa. (EFE)
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman su acuerdo de Presupuestos, el pasado 11 de octubre en la Moncloa. (EFE)

PSOE y Podemos miden el martes su relación en el Congreso. En plena crisis interna de Unidos Podemos, el pleno afronta una jornada sin precedentes, un supermartes en el que debate sin convalidar ocho reales decretos leyes, los que aprobó el Ejecutivo en su esprint legislador de urgencia en diciembre. Los de Pablo Iglesias han anunciado que están en contra de al menos dos de ellos, el del alquiler y el que liberaliza el sector ferroviario. Y aunque el Gobierno y el PSOE esperan negociar hasta el último minuto para lograr el sí, se ven las costuras de su forma de legislar por decreto ley.

El decreto ley es una fórmula muy cómoda para el Gobierno. En cuanto lo aprueba el Consejo de Ministros entra en vigor y el Congreso tiene un mes para ratificarlo o tumbarlo. En democracia, solo tres decretos leyes no han superado ese segundo filtro. Uno de la UCD, en 1979, otro del PSOE, de 2006, y el último que cayó fue el de la estiba que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, en marzo de 2017. La Constitución reserva esta figura a casos de "extraordinaria y urgente necesidad", pero la precariedad de los 84 diputados del grupo parlamentario que apoya al Gobierno ha hecho que Pedro Sánchez aprobase 26 decretos leyes desde que llegó a la Moncloa.

La cifra supone un récord de arranque de legislatura por encima incluso de lo que hizo Rajoy, que fue muy criticado por Sánchez por abusar de esta figura. El Gobierno socialista justifica que algunos de ellos son trasposiciones de directivas comunitarias y que estaban ya redactadas pero que el Ejecutivo de Rajoy no había traspuesto. Pero el abuso del decreto ley, que el Gobierno ha aprobado en ocasiones sin consultar a sus socios, ha tensado la relación con el grupo que lidera Pablo Iglesias.

El Gobierno confía en lograr en el último segundo una fórmula que le permita sacar los textos. Seguirá negociando "hasta la extenuación"

El martes hay un pleno extraordinario —enero es casi inhábil a efectos parlamentarios— para convalidar ocho de estos decretos leyes. Hay medidas de todo tipo, porque en diciembre el Gobierno aprobó una batería de iniciativas. Los grupos grandes llegaron a ofrecer dividir las votaciones en dos plenos para favorecer el trabajo de los pequeños, pero al final hubo acuerdo en hacer un maratón sin precedentes.

Unidos Podemos ha anunciado que se opone al decreto ley del alquiler porque no incluye la posibilidad de limitar los precios en zonas donde la burbuja esté especialmente inflada. El acuerdo presupuestario firmado entre el Gobierno y Unidos Podemos en octubre incluía "poner techo a la subida abusiva de precios de alquiler en determinadas zonas". El Gobierno aprobó el decreto del alquiler sin dejar manos libres a los ayuntamentos y en Unidos Podemos lo ven insuficiente.

Si Unidos Podemos vota en contra, el PSOE necesitaría otros apoyos, pero Ciudadanos y PP no parecen por la labor. En diciembre, el Gobierno ya estuvo a punto de perder un decreto ley de Industria que salvó en el último minuto el PP con su abstención. La industria del automóvil presionó para poder prorrogar el contrato de relevo, una forma de contratación muy usada en las grandes fábricas, y los de Pablo Casado se ablandaron.

PSOE y Podemos ponen a prueba su relación en un supermartes con ocho decretos leyes

Carta al INE para una estadística oficial

El Ministerio de Fomento encargó el pasado 15 de enero al Instituto Nacional de Estadística que elabore una estadística oficial de precios del alquiler hasta ahora inexistente y que la haga "a la máxima celeridad" [aquí la carta en PDF]. Es un gesto para desatascar el acuerdo. Fuentes de Fomento explican que consideran que no han incumplido el acuerdo y que antes de poner medidas sobre el precio hace falta una estadística oficial que lo mida, porque hasta ahora no hay datos suficientes. Solo con números oficiales, alegan, se podrán obtener los índices de precios de referencia, luego contrastar con los salarios medios y hallar entonces cuáles son las zonas más tensionadas. El último paso sería analizar dónde se puede regular el precio del alquiler y qué Administración se encarga de hacerlo.

"Estamos aún a comienzos de 2019, y necesitamos avanzar en una muestra del mercado de arrendamientos. El compromiso, por tanto, está en marcha y está activo. Lo que hemos hecho en este real decreto ley es poner en pie las medidas más urgentes —explicaban a este diario fuentes de Fomento—, como la prórroga de los contratos de alquiler de vivienda de tres a cinco años (o siete si el propietario es una persona jurídica), o la fijación de dos mensualidades de renta como cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden demandarse al arrendatario". Desde el departamento que dirige José Luis Ábalos se indica también que el acuerdo con Podemos ya advertía de que los ayuntamientos podrían declarar una zona urbana de mercado tensionado "temporal y excepcionalmente", no de manera indefinida.

Solo tres decretos leyes han caído en democracia. Uno en 1979, de la UCD; otro del PSOE, en 2006, y el último, el de la estiba de Rajoy, en marzo de 2017

Tradicionalmente, el PSOE ofrecía a sus socios tramitar los decretos leyes como proyecto de ley una vez convalidados. Ahí sí podían negociar enmiendas pero como ha pasado con el de exhumación de Francisco Franco, luego la Mesa, controlada ahora por PP y Ciudadanos, alarga los trámites y en la práctica lo que no va al 'Boletín Oficial del Estado' en un primer momento corre el riesgo de no ver la luz nunca. Por eso Unidos Podemos se ha plantado. Fuentes de la dirección del grupo explicaron la tarde del lunes que su grupo seguía en el no. El Gobierno puede ofrecer medidas en leyes o incluso un nuevo decreto pero las opciones son limitadas. Fuentes socialistas explicaron que los decretos "están todos en el aire pero ahora mismo ninguno está perdido". Este mismo lunes, la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, ya advertía de que su grupo seguiría negociando "hasta la extenuación", hasta el último segundo.

Otro decreto ley que está en riesgo de caerse es el de la liberalización ferroviaria por la oposición de Podemos. "Mañana, el Gobierno Sánchez pretende culminar la liberalización/privatización de nuestro sistema ferroviario. Con 50.000 millones, es el mayor desfalco a las arcas públicas desde el rescate bancario y pone en riesgo 25.000 empleos. Que no cuenten con nuestro apoyo", expresaba en Twitter el portavoz de Fomento, Sergio Pascual. De confirmarse el no de la formación morada, el presidente necesitará otros apoyos para no perder la votación.

Pedro Sánchez se dirige a Albert Rivera en una sesión de control en el pleno del Congreso de los Diputados. (EFE)
Pedro Sánchez se dirige a Albert Rivera en una sesión de control en el pleno del Congreso de los Diputados. (EFE)

Los decretos leyes superan con mucho a la forma ordinaria de legislar. Desde que está Sánchez, el Consejo de Ministros solo ha aprobado tres proyectos de ley, las formas ordinarias de tramitación: la de mejoras de las condiciones del profesorado no universitario, la de utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros y los Presupuestos Generales del Estado para 2019. El resto de iniciativas (26) han sido iniciadas a partir de decretos leyes.

Esta situación contrasta con lo expresado por Pedro Sánchez hace tres años. Por aquel entonces, el candidato socialista consideraba que Mariano Rajoy había “menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas” al haber aprobado el 34% de sus normas mediante decretos leyes. “Me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece; limitar el uso del decreto ley a las circunstancias indicadas para ello”, afirmó Sánchez en palabras recogidas por 'Maldita hemeroteca'.

Podemos asegura que no se moverá si no hay cambios en la regulación. El Ejecutivo señala que sí ha cumplido su parte del acuerdo

El mandato de Rajoy acabó con un porcentaje de decretos leyes del 40%, muy lejos del 90% que ostenta actualmente Pedro Sánchez. Tanto José María Aznar como José Luis Rodríguez Zapatero se situaron por debajo del 30%. Aparte del recurso cada vez más habitual al decreto ley, los datos recopilados por El Confidencial también evidencian una menor iniciativa legislativa por parte del Gobierno a medida que han pasado las legislaturas.

Los ocho decretos a debate

La sesión comienza este miércoles en el Congreso, a las nueve de la mañana, con el debate del real decreto ley de medidas del alquiler. Después seguirá el que establece un catálogo de herramientas macroprudenciales para evitar la desestabilización del sistema financiero en futuras crisis

El tercer real decreto ley versa sobre las prestaciones por maternidad y paternidad exentas de IRPF, y que permitirá que aquellas personas a las que se les aplicó el cargo entre 2014 y 2018 puedan solicitar su devolución.

Después pasan a debate tres decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros del 21 de diciembre. Uno, como dice el Gobierno, para incorporar al ordenamiento jurídico interno directivas comunitarias pendientes de transposición en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, y cerrar así los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea.

Dos, el real decreto de actualización de los salarios de los funcionarios. Y por último, el de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.

Los dos últimos textos a discusión en el pleno se aprobaron en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre. Uno es el real decreto ley por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, que pretende mejorar las condiciones laborales de los creadores españoles. Y el último es el que contempla la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social para el ejercicio 2019.

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