Fomento advierte a Podemos de que no aprobará por ahora otro decreto del alquiler

No habrá una segunda oportunidad para Podemos. No, al menos, por ahora. Es el mensaje que traslada el Gobierno antes incluso de que se consumara la primera gran derrota parlamentaria que se le venía encima. La formación morada tenía decidido tumbar el real decreto ley de medidas para el fomento del alquiler porque en él no se limitan los precios de los arrendamientos en las zonas más tensionadas, pese a que el Ejecutivo había ofrecido alternativas para incorporar esa medida, siempre y cuando saliera convalidado el texto salido del Consejo de Ministros. Pero al decaer por el rechazo rotundo de Podemos —recibió 243 votos en contra por 103 a favor y una abstención—, el Ministerio de Fomento ya advertía horas antes de que no llevará a la Cámara en breve otro decreto de corte similar, como le reclamaban sus socios preferentes.

El Gobierno encajó mal, muy mal, el bofetón del partido de Pablo Iglesias. Una negativa que tampoco llegaba por sorpresa, pues ya desde que José Luis Ábalos explicó la iniciativa en La Moncloa, Unidos Podemos advirtió de que no lo apoyaría porque incumplía el acuerdo político que firmaron en octubre el presidente, Pedro Sánchez, y el propio Pablo Iglesias. En aquel texto se decía que se habilitaría a los ayuntamientos para elaborar un índice de precios de alquiler de referencia y podrían declarar, "temporal y excepcionalmente", una zona urbana de mercado tensionado cuando se hubiera producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual.

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El real decreto ley que salió aprobado del Consejo de Ministros el pasado 14 de diciembre no contenía esa parte del acuerdo. El Gobierno alegaba en las últimas horas que para poder regular el precio de los arrendamientos era necesario primero disponer de una estadística oficial, y por eso la semana pasada la secretaria general de Vivienda reclamó al INE que elaborara con "máxima prioridad" ese censo de precios del alquiler. Ofreció distintas alternativas para contentar a Podemos. Una, tramitar el decreto como proyecto de ley, a fin de introducir enmiendas de los grupos durante la tramitación. Dos, introducir la petición de la formación morada como una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Y tres, aprobar más adelante un decreto de medidas complementarias que contuviese esa medida, siempre que el Congreso convalidara este miércoles este primer texto emanado del Consejo de Ministros.

"Podemos quería ver tumbado el texto. Quizá es un puñetazo en la mesa, pero ahora pierden derechos inquilinos y desahuciados", dicen en Fomento

"Podemos quería ver el texto del Gobierno tumbado —indicaban a este diario fuentes próximas al ministro de Fomento, José Luis Ábalos—. No se han replanteado nada. Hasta el viernes pasado no se quisieron sentar con nosotros, y solo nos pedían que retirásemos el texto. No sabemos si querían dar un puñetazo en la mesa o seguir alguna estrategia, pero lo cierto es que ahora se perderán derechos para los arrendatarios y más protección para los desahuciados".

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PDeCAT y PNV no se alinean con Podemos

En Fomento no son partidarios —al menos, ahora mismo— de llevar otro decreto ley al Congreso porque no tendría garantizados los apoyos. El problema con que tropieza el Gobierno, insisten desde el entorno de Ábalos, es que PNV y PDeCAT se oponen a fijar un techo de precios. Y ambos son fundamentales en la ecuación. "Presentemos lo que presentemos no tendría el respaldo de la mayoría del Congreso. Así que de momento no vamos a presentar ningún decreto más. No hay que precipitarse. Hay que actuar con calma, no como si fuera prueba-error", argumentan. No habrá, pues, "decretos tentativos" cada mes para ver si alguno de ellos concita el consenso de la Cámara.

En el Gobierno creen que otro decreto no tendría garantizados los apoyos: "De momento no vamos a presentar ningún decreto. No hay que precipitarse"

El PDeCAT, en efecto, defiende el índice de precios de referencia que puso en marcha la Generalitat en junio de 2017 para controlar la subida de los alquileres, pero no respalda "regular" la renta, como confirmaron fuentes del partido. Y el PNV comparte la existencia de una burbuja y es partidaria de, "en colaboración con las comunidades, tratar de tomar alguna medida para frenar ese incremento".

Fomento señala que su plan B, en consecuencia, es "seguir trabajando en una Ley de Vivienda mucho más ambiciosa" y más complicada técnicamente. Será un texto "más trabajado" que requiere más tiempo de elaboración y, de hecho, no hay una fecha prevista de alumbramiento del proyecto. Es pronto para saber si esa futura ley —que quizá ni pueda llegar a tramitarse— contendrá esa regulación de precios del alquiler o se vehiculará por otra fórmula. En el departamento de Ábalos insisten en que hay que tener primero esa estadística oficial para a partir de ahí actuar.

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Tramitación atascada

Podemos rechazó las alternativas ofrecidas por el Ejecutivo porque no veía seguridad en ellas. Tramitar el decreto como un proyecto de ley tiene la pega de que depende de los ritmos que marque la Mesa del Congreso, que controlan con su mayoría PP y Ciudadanos. De hecho, una parte (12) de los decretos leyes impulsados por el Ejecutivo se tramitan como proyecto en la Cámara Baja, y la mayor parte de ellos están atascados, sin avanzar. Un ejemplo: el texto que posibilita la exhumación de Francisco Franco: fue convalidado en septiembre pero desde entonces está bloqueado, y el Ejecutivo quería introducir enmiendas para impedir que el dictador fuera inhumado en la catedral de la Almudena. La obstrucción de la Mesa ha hecho al Gabinete buscar vías alternativas.

El Ejecutivo ofreció tramitación como proyecto de ley, enmiendas en los PGE o un decreto de medidas complementarias, pero no convenció a Podemos

Ábalos, en la defensa del decreto ley de medidas del alquiler, insistía frente a Podemos que la norma que hoy pasaba por el Congreso era un "primer paso" que tendría que ir acompañado de medidas adicionales, "en las que trabaja el Gobierno". Y reiteraba que la ratificación por parte de la Cámara es "necesaria" y una "oportunidad" porque da seguridad al propietario y al inquilino, porque frena la intervención de los fondos buitres y pone en pie un parque de 20.000 viviendas sociales.

"Es una oportunidad que no podemos perder. Las oportunidades se aprovechan o se desaprovechan y esta es una oportunidad... Trata de dar respuesta política urgente al mercado de vivienda en España y frena la reforma de 2013 que estimuló subidas desorbitadas de los precios", señaló el ministro, informa EFE. "Le pido que sigan trabajando con Podemos para acordar un nuevo real decreto en breve —reclamaba por su parte la diputada de En Comú Podem Lucía Martín—. Escuchen a las plataformas de afectados, las demandas de los inquilinos. Sean valientes y pónganse en el lado de los que les necesitan". También el diputado de ERC Joan Margall instaba al Ejecutivo a regular los precios de los alquileres en las ciudades.

Una vez que el Congreso deroga el decreto ley y se publica esa decisión, el texto deja de estar en vigor. Decae. Así, todas las medidas que han estado vigentes en el último mes desaparecerán. Y en ellas quieren incidir en Fomento para que se vea qué se pierde por lo que interpretan como una cerrazón de Podemos: la prórroga de los alquileres de tres a cinco años (siete si el propietario es una persona jurídica), la exclusión de los pisos turísticos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (al tratarse de una actividad económica), la intervención de los servicios sociales de los ayuntamientos para paralizar un desahucio de familias vulnerables o la limitación de las fianzas.

En el Ejecutivo no temen por ahora que el mal ambiente de este martes en el Congreso vaya a imposibilitar la tramitación de los Presupuestos por parte de Podemos. La parte del acuerdo sobre vivienda era "específica" y la formación morada "entendía que tenía que ir en este real decreto ley", manifestaba en los pasillos de la Cámara la titular de Hacienda, María Jesús Montero. "Nada tiene que ver con la tramitación presupuestaria y han comprobado que tenían todas las partidas pactadas antes incluso de que las aprobara el Consejo de Ministros", añadió, volviendo a manifestar su "optimismo" respecto a la aprobación de los PGE de 2019.