El Gobierno 'corrige' a Urkullu y rebaja el anuncio sobre presos tras verse con Sánchez

El catálogo de acuerdos tras una reunión puede ser más o menos amplio. Según quién los cuente. Y en este caso las versiones chocaban notablemente. No era idéntico, desde luego, el relato que de la entrevista de Pedro Sánchez con Iñigo Urkullu ofrecía La Moncloa al que tejió el propio lendakari en su comparecencia ante los medios. Sobre todo en lo relativo a una materia especialmente sensible, el acercamiento de los presos de ETA a cárceles de Euskadi o cercanas a la comunidad. El jefe del Ejecutivo vasco apuntó que había consensuado la creación de un grupo de trabajo para analizar esta cuestión. Pero en el entorno del mandatario socialista no recogían el montaje de esa comisión como uno de los pactos alcanzados. El acento se situaba en aspectos distintos, aunque el tono general, y esto es muy importante, es de distensión.

Sánchez inauguró este lunes su ronda con los presidentes autonómicos con Urkullu, al ser el jefe del Gobierno de la primera autonomía que vio aprobado su Estatuto. Le seguirán el catalán Quim Torra, el 9 de julio; el gallego Alberto Núñez Feijóo, el 17, la andaluza Susana Díaz, el 23. El propósito del presidente es "normalizar" las relaciones institucionales, rebajar la tensión. Tender puentes. Recuperar el diálogo. El test de estrés llegará con la entrevista con el 'president' de la Generalitat, pero también la cita con el lendakari estaba cargada de relevancia. Y hacían falta gestos, aunque no se materialicen en acuerdos concretos y tangibles hasta pasado un tiempo. No hay presión insalvable por parte de los nacionalistas vascos, ni exigencias concretas e inmediatas. No quieren romper la baraja.

[Consulte aquí en PDF el comunicado oficial de La Moncloa]

El primer gesto era la propia reunión, como reconoció Urkullu a la salida. En su segundo mandato al frente de Lehendakaritza, que arrancó a finales de 2016, aún no había sido recibido por el anterior presidente, Mariano Rajoy, de manera formal, y eso que su Ejecutivo y el PNV firmaron dos sustanciosos acuerdos presupuestarios que, de no haberse cruzado la moción de censura, habrían garantizado la continuidad en el poder al líder del PP hasta 2020. Sánchez y Urkullu conversaron durante cerca de dos horas, en un ambiente "distendido y cordial", como destacó La Moncloa. Una cita "positiva", en la que ambos mandatarios abrieron la puerta al "diálogo institucional permanente", para garantizar una "dinámica de trabajo estable y constructivo", un "nexo permanente de relación", desde la "confianza" y la "lealtad", según elogió el dirigente del PNV.

El lendakari defiende un "nuevo enfoque para la política penitenciaria" tras el fin de ETA, una "nueva política que supere las medidas de excepcionalidad"

En su introducción inicial ante los periodistas, Urkullu insistió en la necesidad de un "nuevo enfoque para la política penitenciaria en este nuevo tiempo tras la disolución definitiva de ETA", una "nueva política que supere las medidas de excepcionalidad", la dispersión de reclusos. El jefe del Ejecutivo autonómico entregó los documentos 'Hitzeman' ('La vía legal'), 'Zuzen Bidean' y la 'Propuesta para una reorientación legal de la política penitenciaria y el acercamiento de las personas presas'. Señaló que entendía y compartía las "cautelas" del presidente por la necesidad de no olvidar a las víctimas del terrorismo.

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Sin la presión de los tiempos

En el turno de preguntas, el lendakari concretó más el contenido de su conversación. "En relación con la política penitenciaria, lo que hemos acordado es también conformar un grupo de trabajo para un análisis y una actuación en orden a ese objetivo, que es fundamental, la normalización de la convivencia en la sociedad vasca, teniendo en cuenta el ámbito de las víctimas del terrorismo y el cumplimiento de la legislación penitenciaria". Repreguntado por los plazos manejados, indicó que no los hay. "No hemos fijado un calendario para lo que pueda ser el ámbito de la modificación, de la gestión de la política penitenciaria. Sí hemos adoptado el acuerdo de conformar un grupo de trabajo compartido entre ambos gobiernos, y será el grupo de trabajo el que, en función de lo que pueda ser la gestión de la política penitenciaria, vaya dictaminando o determinando los tiempos que puedan corresponder. Pero nosotros no hemos fijado ningún plazo concreto", respondió literalmente sobre la cuestión del acercamiento de los presos de ETA.

Urkullu detalla que en la reunión se adoptó "el acuerdo de conformar un grupo de trabajo compartido entre ambos gobiernos" sobre presos

Además, el lendakari relató que se iba a crear un "grupo bilateral de trabajo permanente" para "avanzar" en el análisis y negociación de las 37 competencias contempladas en el informe de transferencias pendientes aprobado en el Parlamento vasco en septiembre de 2017. Se priorizará, dijo, el estudio de tres materias que se encuentran más adelantadas, como las autopistas A-68 y parte de la A-1, el puerto de Pasaia y la gestión de las cárceles vascas. En el corto plazo, aseguró, se abordarán los traspasos de las líneas ferroviarias Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barakaldo que dan cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional —para lo que se convocará en julio la Comisión Mixta de Transferencias—, y a medio plazo se analizarán los trabajos desarrollados por la ponencia de autogobierno con el objetivo de su actualización y profundización.

Y también se acordó, siguió el lendakari, la creación de una comisión bilateral de cooperación para estudiar qué recursos ante el Tribunal Constitucional presentados por el Ejecutivo central —el de Rajoy— contra decisiones del Gobierno vasco pueden ser retirados.

Hasta ahí lo más concreto de la reunión de este lunes, siempre según la narración del dirigente vasco. Pero la versión no era gemela a la ofrecida por el equipo de Sánchez. La cuestión de los reclusos de la banda no aparecía siquiera mencionada en la nota oficial que La Moncloa lanzó pasadas las cinco de la tarde, comunicado al que se remitían los interlocutores gubernamentales, puesto que no hubo comparecencia ni del presidente ni de ninguno de sus ministros. En él, se informaba de que Sánchez y Urkullu habían decidido la puesta en marcha de dos grupos de trabajo que "echarán a andar en el mes de julio, ambos manteniendo el marco de la legalidad".

La gestión de la Seguridad Social

El primero de ellos, decía La Moncloa, tiene por objeto "reducir la conflictividad ante el TC". Ese grupo "revisará todos los recursos de inconstitucionalidad" interpuestos contra normas vascas, "para buscar una salida a la situación actual". El segundo será un "grupo de trabajo bilateral y permanente encargado de evaluar y avanzar en las transferencias pendientes", y la "primera expresión" será el traspaso de las dos líneas de ferrocarriles citadas.

La Moncloa señala que uno de los grupos de trabajo es para revisar los recursos contra decisiones del Gobierno vasco y otro sobre transferencias

La nota de La Moncloa tampoco hace referencia expresa a una transferencia pendiente recogida en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, que Vitoria reclama y que Urkullu citó sin ambages: la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El presidente vasco recalcó que no se trata de la ruptura de la caja única, sino del traspaso de la gestión, una cuestión no obstante "delicada", tanto por la situación del sistema —que sufre un agujero de 18.000 millones de euros— como por las pensiones. La reflexión se vehiculará a través, por tanto, de ese grupo de trabajo sobre transferencias, además de en los espacios plurales como la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso. En La Moncloa ya anticipaban que este es un tema, de entrada, "muy complicado".

Este periódico preguntó posteriormente al equipo de Urkullu, y se reafirmó en lo dicho durante su rueda de prensa en Madrid: que el acuerdo con Sánchez se basaba en la creación de tres grupos de trabajo. Tres, y no dos. Uno sobre presos, otro sobre transferencias y otro sobre recursos de inconstitucionalidad. Y subrayaban las mismas fuentes oficiales de Lehendakaritza que aunque el jefe del Ejecutivo vasco en sus respuestas utilizaba la expresión genérica de "política penitenciaria", obviamente se refería al acercamiento de presos, por lo que se le preguntó explícitamente además. El propio Urkullu justificó que, una vez disuelta la banda, había que velar por el "arraigo" de los reclusos en sus territorios, por no castigar a sus familias y por facilitar su "reinserción", fin último de las penas privativas de libertad.

Este es el momento de "avanzar en la normalidad" de la política penitenciaria, esgrimió, y para aplacar esas "cautelas" que tiene el presidente y comparte con él, le trasladó la serie de iniciativas que su Gobierno y el resto de instituciones vascas despliegan desde hace años para tener en cuenta "la memoria, el reconocimiento y reparación a las víctimas".

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Las palabras del delegado del Gobierno

En Lehendakaritza no querían confrontar con la versión de La Moncloa, pero se reafirmaban en las palabras del dirigente peneuvista y alegaban que tal vez la mayor prevención del Gobierno de Sánchez obedecía a que la cuestión de los presos etarras pueda resultar "incómoda", aunque al tiempo advertían las mismas fuentes que el presidente se ha referido a este tema en las dos únicas entrevistas que ha concedido desde que accedió al poder. En ambas, en TVE y en 'El País', defendió que, tras el fin de ETA, es "evidente que la política tiene que adaptarse a esa nueva realidad", si bien se ha de tener en cuenta, "como no puede ser de otra manera, a las víctimas del terrorismo", y sin sembrar la discordia entre las formaciones políticas, sin quebrar el consenso.

El nuevo delegado del Ejecutivo central en Euskadi defendía la reorientación de la política penitenciaria y el "acercamiento progresivo" de reos etarras

El nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, el socialista Jesús Loza, advertía de hecho este lunes, en la promesa de su cargo en Vitoria, de que es necesaria una "reformulación de la política penitenciaria" tras la desaparición de ETA y se mostró favorable al "acercamiento progresivo e individualizado" de los presos de la banda.

Sí hubo otras reflexiones compartidas. Por ejemplo, la apelación a seguir haciendo esfuerzos para generar más empleo y de mayor calidad, para mejorar la competitividad industrial y el desarrollo de una política energética más sostenible y eficiente, para impulsar las políticas activas de empleo —especialmente entre los jóvenes y los desempleados de larga duración— y para apostar por la investigación como palanca para el crecimiento. También los dos dirigentes coincidieron en la necesidad de seguir trabajando por la convergencia europea y caminar hacia la unión monetaria, bancaria y fiscal, y compartieron el análisis de atender los flujos migratorios desde la óptica de la solidaridad y los derechos humanos. Hace falta, entendieron, una política común en la UE que dé respuesta tanto a las necesidades de los migrantes como de los refugiados y solicitantes de asilo.

Para Urkullu, también es básico reflexionar sobre el modelo de Estado actual, desde la asunción de una "realidad plurinacional y la existencia de hechos diferenciales que demandan un tratamiento propio y singular". "No hemos hablado de ruptura, sino de convivencia desde el respeto mutuo", incidió el lendakari, que señaló a Sánchez la conveniencia de celebrar una "convención constitucional" con motivo de los 40 años de la Carta Magna, que sirva para interpretar el "espíritu originario" con el que nació el texto de 1978. De nuevo, nada inasumible, ni maximalismos como los de Juan José Ibarretxe. El PNV no está en esa posición desde hace años, y menos ahora.

Javier Fernández carga contra la "pasividad" de todos, incluido el PSOE, ante el nacionalismo

El presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández, siempre se ha mostrado tremendamente crítico con los nacionalistas. Carga contra ellos y también contra quienes no los han combatido. Esas reflexiones las dejó reflejadas este lunes durante su intervención en el curso de verano ‘Constitución, modelo territorial y financiación', organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) en el campus madrileño de la Universidad Rey Juan Carlos.

Fernández llamó a combatir el “adoctrinamiento implacable del supremacismo”. A su juicio, los constitucionalistas no supieron actuar a tiempo para frenar las continuas “deslealtades” del nacionalismo por temor a ser tachados de “antinacionalistas prematuras”, y justo por esa inacción cree el presidente del Principado que se ha llegado a una situación de total tensión en Cataluña. “Hemos llegado hasta aquí porque permitimos que se fuera destruyendo la Transición como narrativa”, indicó. Fernández sostuvo que si los nacionalistas han logrado colocar sus reivindicaciones es por la “pasividad” y la permisividad de todos (incluidos los socialistas), que en ocasiones pactaban con ellos y las asumían con normalidad, informa Europa Press.

Para el jefe del Ejecutivo asturiano, hace “mucho” que el nacionalismo empezó a “ganar la batalla del lenguaje”, y lo logró “por incomparecencia” de los demás, y porque estos aceptaron como normales la existencia de “nacionalistas de izquierdas”, la “sobrelegitimación” del discurso soberanista o que utilizaran su poder institucional para alumbrar un proceso de “nacionalización intensiva” mientras reducían el Estado a una mera estructura administrativa. Ahora ya está claro que el “dilema nacionalista” ha vencido y que no hay forma de “mirar para otro lado”, porque ya no hay un “nacionalismo de amagar y no dar”. Hay que empezar a asumir, subrayó, que los independentistas han “quebrado civilmente Cataluña mediante el “enfrentamiento entre las instituciones de autogobierno de Cataluña y el Estado”.

Fernández también pidió al presidente del Gobierno, que intente "encauzar" la reforma del modelo de financiación autonómica, que Pedro Sánchez dejó para la próxima legislatura. Para el presidente asturiano, este asunto "no puede estar dos años sin tocarse", por lo que es necesario que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera para avanzar en la revisión del sistema.