Sánchez y Urkullu crean un grupo de trabajo para estudiar el acercamiento de presos

Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu estudiarán conjuntamente la posibilidad de la aproximación de los presos de ETA. El vehículo será un grupo de trabajo montado por los dos gobiernos. Pero sin la presión de fechas ni de calendarios. Se irá viendo poco a poco, pero ni siquiera existe una mínima orientación de cuándo podría producirse el primer traslado fruto de un cambio en la política penitenciaria.

Sánchez abrió este lunes la ronda de entrevistas en La Moncloa con los presidentes autonómicos, citados por orden de antigüedad de sus estatutos, lo que explica por qué Iñigo Urkullu se convirtió en el primero de la lista. El lendakari ya había remitido al Gobierno un documento con las 37 materias aún pendientes de transferir a Euskadi, entre ellas la gestión de la Seguridad Social, Prisiones o la Inspección de Trabajo. Vitoria también demandaba el cambio en la política penitenciaria: en concreto, el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco —que apoya el nuevo delegado del Gobierno, el socialista Jesús Loza— o a penales próximos a la comunidad.

El lendakari explicó que, en efecto, los dos presidentes abordaron, en su encuentro "cordial" y "positivo" en La Moncloa de casi dos horas, la modificación del sistema, pero que será un grupo de trabajo montado entre los dos gobiernos para la "normalización" de la política penitenciaria, grupo que "hará un análisis y una actuación" de este asunto, y el que se encargue de dictaminar los tiempos. "No hemos fijado ningún plazo concreto", insistió el jefe del Ejecutivo vasco, para quien, más importante que las fechas es que se trabaje primero en el "cambio" de concepción de la política penitenciaria. Urkullu también apuntó que sobre la mesa estuvieron muy presentes las "cautelas" que ambos comparten sobre la necesidad de que esta modificación del trato a los presos de ETA se corresponda con la dignidad y memoria debida a las víctimas del terrorismo, política que, recordó, ya hacen las instituciones vascas.

Lo que busca el Ejecutivo de Vitoria es un nuevo "enfoque", una reorientación de la política penitenciaria que supere las medidas de "excepcionalidad", la dispersión de los reclusos, que a su juicio no tiene sentido una vez disuelta la banda. Un cambio que evite el "desarraigo" social de los reos, facilite su "reinserción" y no castigue a sus familias. Sánchez ya ha manifestado en los últimos días que después del anuncio de fin de ETA, y por tanto del "reconocimiento de su derrota por parte del Estado de derecho", es "evidente que la política tiene que adaptarse a esa nueva realidad". Pero el Gobierno, defiende, ha de tener en cuenta, "como no puede ser de otra manera, a las víctimas del terrorismo".

Aunque el grupo específico abordará la cuestión de los reclusos etarras, ninguna de las partes se plantea horizontes temporales ni fechas

"Creo que es momento de avanzar en la convivencia normalizada", relató Urkullu, quien garantizó el apoyo "mayoritario" de las instituciones y de la sociedad vasca a las decisiones que en este ámbito se puedan ir adoptando. Los dos pactaron mantener una "relación directa en materia de convivencia". Un hilo Madrid-Vitoria continuo, en definitiva.

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Comisión "bilateral y permanente"

Pero ese no fue el único acuerdo al que llegaron Sánchez y Urkullu. También pactaron volver a reunir la comisión de trabajo "bilateral y permanente", para "avanzar" en el traspaso de las 37 competencias pendientes a Euskadi, y que recoge el Estatuto de Gernika de 1979. Ambos consensuaron "priorizar" el estudio de tres materias que están más trabajadas: la transferencia de la A-68 y parte de la A-1 y del puerto de Pasaia, las prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social.

El Gobierno central reconoce que será complicado el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, y Urkullu asume que es "delicado"

Las dos más complicadas son, obviamente, las dos últimas. La primera, como reconoció el dirigente del PNV, está "conexa" con el cambio de orientación de la política penitenciaria, en cumplimiento con la legislación vigente. La segunda es una "cuestión delicada", admitió, aunque se trata únicamente de pasar al País Vasco la gestión económica de la Seguridad Social, no la caja única, que no se romperá en ningún caso. "Nos vamos a dar un tiempo para la reflexión", aseguró el jefe del Ejecutivo de Euskadi, de nuevo sin marcarse horizontes temporales. Fuentes de La Moncloa añadían que este último es un tema "muy complicado", dando a entender que difícilmente se podrá llevar a cabo. En el Gobierno de Sánchez también precisaban que el grupo de trabajo específico que se va a crear gira en torno a prisiones, entendido de forma general, si bien asumen, como ya dijo el presidente, que la disolución de ETA obliga a hacer una reflexión.

En el corto plazo, lo que sí se abordará de forma casi inminente son dos traspasos ferroviarios que dan cumplimiento a una sentencia firme del Tribunal Constitucional. Se trata de las líneas Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barkaldo. Para ello, se convocará la comisión mixta de transferencias en julio, para materializar ese cambio de gestor. Además, los dos mandatarios acordaron la conformación de una comisión bilateral de cooperación para el desistimiento de los recursos presentados por el Gobierno central anterior, el de Mariano Rajoy, contra normas vascas, como el que interpuso contra la ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 o el que planteó contra los Presupuestos autonómicos de 2018 por incrementar la masa salaria de los funcionarios, o los que subsisten sobre aspectos más técnicos.

Una "convención constitucional"

Durante el encuentro en La Moncloa, también se discutió, según el lendakari, sobre la necesidad de reflexionar sobre el modelo de Estado desde la asunción de una "una realidad plurinacional y la existencia de hechos diferenciales que demandan un tratamiento propio y singular". "No hemos hablado de ruptura, sino de convivencia desde el respeto mutuo", contó Urkullu. Su visión es que hay que explorar la vía de una "convención constitucional" que permita "interpretar el espíritu originario del pacto" que alumbró la Carta Magna en 1978. "Esto supone apostar por un constitucionalismo útil al servicio de resolver los problemas y no enconarlos", defendió el dirigente peneuvista, quien recordó que el Parlamento de Vitoria también trabaja en una propuesta de actualización del Estatuto de Gernika, la única carta autonómica que no ha sido modificada desde la Transición.

Urkullu valora que se abra la puerta al "diálogo institucional permanente" y arranque una nueva relación basada en la "confianza" y la "lealtad"

Urkullu señaló que el presidente no le pidió que el PNV se integre en la comisión territorial abierta en el Congreso, antesala de la subcomisión de reforma constitucional, como tampoco hablaron de futuros acuerdos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019, pues ambas cuestiones dependen de la negociación del Ejecutivo con la formación nacionalista, no con el Ejecutivo de Vitoria, precisamente por la bicefalia que impera en el PNV desde sus orígenes.

Las dos partes valoraron positivamente la reunión. Para Urkullu, se abre una "puerta al diálogo institucional permanente". Se inaugura una relación "de confianza y lealtad", "normalizada", que espera que se demuestre "fructífera en beneficio mutuo". El lendakari puso en valor el mismo hecho de que Sánchez lo recibiera cuando ni siquiera lleva un mes en el poder, porque en su segundo mandato en Vitoria —que arrancó a finales de 2016—, Rajoy no había despachado formalmente con él en La Moncloa. Tampoco se constituyó un grupo de trabajo para analizar las competencias pendientes de traspaso. El dirigente recordó que su encuentro de este lunes había sido precedido por una reunión preparatoria de la ministra de Política Territorial, la catalana Meritxell Batet, y el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka. El despacho en Madrid entre los dos mandatarios "ratifica esa voluntad de trabajo compartido".

La Moncloa valora el ambiente "distendido y cordial" y la creación de dos grupos de trabajo: uno para relajar la conflictividad y otro de transferencias

Fuentes del Gobierno socialista elogiaron la agenda "muy práctica" con la que Urkullu viajó a Madrid y valoraron la conversación "muy franca", "distendida y cordial", que ambos mantuvieron, y subrayaron el hecho de que ambos compartieran la necesidad de rebajar la conflictividad actual. En la nota oficial, La Moncloa recalca el acuerdo para poner en marcha dos grupos de trabajo, "ambos manteniendo el marco de la legalidad". Uno, para justamente reconducir esa conflictividad ante el TC, de forma que se revisarán todas las impugnaciones presentadas contra decisiones del Ejecutivo vasco, y el segundo para "evaluar y avanzar en las transferencias pendientes", la primera de las cuales será el traspaso de la gestión de las líneas ferroviarias citadas.

Además de las cuestiones domésticas, los dos mandatarios hablaron de Europa, tanto de los presupuestos europeos como de la unión monetaria, bancaria y fiscal. Coincidieron también en la "atención prioritaria que requieren los flujos migratorios" y expresaron el "compromiso" de ambos gobiernos en compartir "esfuerzos". Urkullu resaltó la necesidad de caminar hacia una Europa "más social y competitiva". Reiteró la "vocación europeísta" de su Ejecutivo y su disposición a colaborar para construir "más Europa frente a quienes plantean menos Europa".