iregularidades, acusaciones y amenazas

En Marea acelera hacia la 'guerra civil' y la ruptura tras la suspensión de las primarias

El enfrentamiento entre facciones y las acusaciones de pucherazo ponen contra las cuerdas al principal partido de la oposición gallega a menos de seis meses de las municipales

Foto: El portavoz de En Marea, Luís Villares (c). (EFE)
El portavoz de En Marea, Luís Villares (c). (EFE)

Fiel a su tradición, la izquierda rupturista gallega avanza con paso decidido hacia una guerra civil en versión política. La hostilidad entre sus dos bandos más reconocibles se masca desde hace meses, con el portavoz de En Marea, Luís Villares, cada vez más alejado de los círculos que impulsaron el proyecto. El año pasado amarró el cargo con un sorprendente pacto con listas alternativas a la suya. Sus enemigos le estaban esperando en la siguiente votación, pero las urnas digitales de las primarias solo duraron dos horas abiertas. A las 11 de la mañana del 1 de diciembre se cerraron por orden de la Comisión de Garantías, afín a Villares, debido a una supuesta intrusión no autorizada en el censo de sus contrincantes. Estallaron acusaciones cruzadas de irregularidades y pucherazos y amenazas de acudir a los tribunales.

El primer capítulo del esperpento se escribió a finales de octubre, en un plenario con bronca, insultos y conatos de pelea. Aquella cita acabó con una derrota más moral que práctica de Luís Villares, que comparó los hechos con un golpe de Estado, pero los críticos fracasaron en su intento de abrir un sistema de votación por listas abiertas. Las navajas volvieron a abrirse en el proceso iniciado este 1 de diciembre, en el que se debía nombrar a los integrantes del nuevo Consello das Mareas, su máximo órgano de dirección, formado por 34 personas. El enfrentamiento entre el portavoz y sus partidarios y el grupo crítico, que controla el Comité Electoral, llevó a la Comisión de Garantías, oficialista, a ordenar la suspensión del proceso electoral 'sine die'.

Del Consello das Mareas saldrá la nueva coordinadora y la persona que tomará las riendas del partido, con la mirada puesta también en la elección del futuro candidato a la presidencia de la Xunta. Villares aspira a repetir, con el apoyo de una amalgama de mareas y críticos de distintos partidos. Enfrente tiene nada menos que a los alcaldes de A Coruña, Santiago y Ferrol, a Esquerda Unida y al sector mayoritario de Podemos Galicia. Su candidato es de perfil bajo: David Bruzos, diputado durante los 111 días que duró la XI Legislatura de 2016. Los motivos de tan agrio enfrentamiento no son en lo fundamental de orden ideológico. Más bien, tienen que ver con la pérdida de la confianza de los autodenominados alcaldes rebeldes en Villares, por quien apostaron cuando nació En Marea como coalición electoral, pero también con viejas rencillas entre facciones de los distintos partidos integrados en el movimiento. Además de Podemos y Esquerda Unida, en En Marea están Anova (escisión del BNG), Equo Galicia, Espazo Ecosocialista Galego y distintas alianzas que se presentaron a las municipales de 2015.

La votación para renovar el Consello das Mareas se paralizó por orden del representante legal del partido ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez, miembro de la dirección y afín a Villares. Rodríguez reveló la presunta intrusión no autorizada en el censo por parte de una persona del Comité Electoral. Minutos después, representantes de este organismo criticaban esa decisión y se erigían como único órgano con competencias sobre las elecciones, pero su intención de seguir adelante con el proceso no se pudo concretar.

Acceso al censo "con engaño"

Según Gonzalo Rodríguez, en los días previos a la votación se produjo un acceso al censo del partido instrumental “con engaño” y “sin autorización” por parte de miembros del Comité Electoral, por lo que suspendió el proceso ante la “falta de garantías”. El dirigente de En Marea anunció además la presentación de una denuncia ante la Agencia por la posible vulneración del derecho a la intimidad de las personas inscritas en el partido, y dejó la puerta abierta a recurrir a los tribunales por presunta infracción del Código Penal. Según afirmó, dicho acceso no autorizado al censo provocó que él mismo, como responsable legal de su custodia, no pudiese entrar en el sistema de registro de inscritos durante un periodo de 24 horas. “No sabemos qué pasó en ese momento en el censo, ni sabemos si se exportó el censo, si se dieron altas o bajas”, denunció.

El enfrentamiento se sustancia por lo tanto entre dos órganos del partido, el Comité de Garantías y el Electoral. En el primero están vacantes dos de sus cinco miembros, y uno de los tres que ejercen, afín a Bruzos, se desmarcó del resto en un comunicado en el que sostiene que la suspensión le corresponde al Comité Electoral. Este último, mientras, fue elegido en el tumultuoso plenario del 27 de octubre mediante listas abiertas. De sus 13 miembros, 10 pertenecen al sector crítico con la dirección de Villares.

Los oficialistas han encargado auditorías para conocer si hubo irregularidades, para que después se pueda votar “con garantías”. Los críticos, mientras, solicitan que se vote cuanto antes. Y aunque unos y otros tratan de restar importancia a lo sucedido, a nadie se le escapa que el encontronazo de las elecciones internas pone a En Marea más cerca de la ruptura. En todo caso, es una situación que no conviene a ninguno de los dos sectores, y de forma muy destacada a los alcaldes, que en menos de seis meses deberán pasar la reválida electoral tras desbancar al PP en 2015 de plazas tan emblemáticas como las tres ciudades de la provincia de A Coruña.

La situación no es mucho más apacible entre los cinco diputados en el Congreso de En Marea. Lo puso de manifiesto una de ellos, Alexandra Fernández, en el bronco plenario de octubre, en un discurso en el que reconoció la división del grupo y aseguró que “dos o tres diputados lo deciden todo y no comparten con los demás por intereses personales”. Se refería a Yolanda Díaz, de Esquerda Unida, y a Antón Gómez Reino, el nuevo secretario general de Podemos Galicia, que se impuso a Carolina Bescansa en las primarias de octubre. Fernández sostiene que los diputados gallegos se someten a los intereses de Podemos, una consideración en la que coincide con Villares.

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