La previsión de 'otoño caliente' en Cataluña hace peligrar el plan de deshielo de Sánchez

La sola reunión es un avance. La reactivación de la comisión bilateral Generalitat-Estado después de siete años varada es, para el Ejecutivo, un hecho en sí mismo importante, aunque no se vayan a cerrar acuerdos entre los dos gobiernos de forma inminente. Habrá que esperar tal vez unos meses más. Pero para entonces, en el otoño, es probable, y así lo asume el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que la inflamación independentista crezca y se haga más difícil la interlocución con el Govern. Una escalada de la tensión pondría más obstáculos al deshielo pretendido por el presidente. Su hoja de ruta, salvo si hay una ruptura de la legalidad, seguirá viva: diálogo, pero también firmeza.

"Estaremos delante de un hecho normal que se había convertido en anormal y lo tenemos que valorar". La aseveración de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ayer martes tras una reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, refleja el espíritu con el que el Gobierno central afronta la decisiva reunión de la comisión bilateral Generalitat-Estado de este miércoles en Barcelona, en el Palau. Como una cita importante por sí misma, porque supone reactivar un órgano, el que determina el marco general de las relaciones entre las dos administraciones, que no se encontraba desde julio de 2011, cuando aún ocupaba La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero.

"Se trata de iniciar los trabajos tras años de parón y excepcionalidad, y hay muchos aspectos importantes que es posible acordar dentro del marco estatutario y constitucional", abundaban ayer en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que pilota Meritxell Batet, la representante del Gobierno central que preside la delegación, igual que el 'conseller' de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, encabeza la contraparte catalana.

En la cita, la Generalitat hablará de presos del 'procés' y de la autodeterminación, pero el Gobierno no va a negociar sobre ninguna de estas materias

El orden del día es conocido. El punto más conflictivo es el seis, las "consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña: a) en materia de derechos y libertades, y b) en relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político". El Govern quiere hablar de los presos del 'procés' y de la autodeterminación, aunque también sabe que chocará contra un muro, porque el Ejecutivo no pretende instar a la Fiscalía a que cambie su criterio respecto a los políticos independentistas procesados ni tampoco va a aceptar el derecho a decidir. Sí está dispuesto a que Cataluña vote sobre un "acuerdo político", lo que se traduce en una reforma de la Constitución y del Estatut, que en ningún caso, salvo giro imprevisto, podrá ejecutarse en esta legislatura.

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Juanma Romero

16 leyes en estudio

Pero más allá de que la Generalitat ponga sobre la mesa dos cuestiones que son insalvables para Sánchez, en la reunión se discutirá sobre otras cuestiones en las que sí es posible el acercamiento, como la reducción de la conflictividad competencial, el aumento de las inversiones en Cataluña, traspasos de competencias o las relaciones de cooperación Generalitat-Estado. En el primer caso, hay 16 leyes catalanas sobre las que pesa un recurso del Estado que todavía no ha resuelto el Tribunal Constitucional y que Política Territorial estudia, una a una, para ver si cabe levantar la impugnación, sobre todo en los casos de normas de carácter más social y en las que hay convergencia con la orientación del Gobierno socialista, como la lucha contra la pobreza energética o la restitución de la sanidad universal.

El Ejecutivo confiere importancia a la reunión en sí misma como una vuelta a la "normalidad", a la interlocución habitual entre dos gobiernos

No se esperan "acuerdos concretos" y cerrados en la sesión de este miércoles, porque no ha habido tiempo material para madurar los contenidos, así que hará falta una segunda cumbre Generalitat-Estado hacia el otoño —tocará en Madrid, porque la sede de la bilateral va rotando entre las dos ciudades— para ver cuajados los pactos.

El problema es que el otoño no se presenta fácil, como reconocen desde el equipo de Sánchez. A la vuelta del verano se solaparán las efemérides de fechas muy sensibles para el soberanismo: la Diada del Onze de Setembre, el aniversario del referéndum del 1-O, la declaración unilateral de independencia y la aplicación del 155. Momentos a los que hay que sumar el previsible juicio del 'procés'. Es decir, que planea un escenario sombrío y menos propicio para la distensión que está cultivando el presidente. Camino aún menos llano si se le suman unas nuevas elecciones autonómicas.

No hay renuncia a la autodeterminación

De hecho, el 'expresident' Carles Puigdemont, que se ha hecho con las riendas del PDeCAT, ha ido lanzando avisos al Ejecutivo. Se le acaba el "periodo de gracia", ha llegado el momento de los "hechos", pasando página de los "gestos", ha reiterado en los últimos días. Este mismo martes, la 'consellera' de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, reclamaba a Sánchez que dé "pasos adelante" en cuestiones como el referéndum de autodeterminación y la situación de los presos del 'procés', para lo que la Generalitat concede al líder socialista "cierto margen", pero no "tiempo infinito". Y ese "margen", dijo, concluye en otoño.

El Govern reclama a Sánchez que dé "pasos adelante" y le concede "cierto margen", hasta el otoño, pero no "tiempo infinito"

La propia Artadi reconocía que esta primera reunión de la bilateral en siete años difícilmente podrá servir para "cerrar acuerdos", porque el objetivo es desbloquear el diálogo, aunque sí debe salir de ella una "priorización" de los asuntos a discutir en los próximos meses, el "establecimiento de grupos de trabajo" para tejer futuros pactos y un "calendario" de las metas, informa EFE. Así que el encuentro en el Palau ha de ser aprovechado, siguió, para dar un "impulso político" y que, en la segunda reunión, se "materialicen los acuerdos". La portavoz demandó que se pase de las declaraciones de intenciones, de las palabras "que suenan bien", a la "negociación", y emplazó a los socialistas a que digan cuál es su "solución política" para Cataluña, y si tiene una "oferta diferente" a la de la independencia, "que la ponga a votación". Pero lo que está claro, indicó, es que la Generalitat "en ningún caso" puede "renunciar al derecho de autodeterminación".

Horas antes de la cita clave en Barcelona, el 'president', Quim Torra, caldeaba el ambiente al remarcar, en una entrevista en la agencia ACN que Felipe VI "ya no es el Rey de los catalanes". El subrayado es importante porque se acercan los actos conmemorativos de los atentados del 17 de agosto y la Generalitat no quiere que acuda el jefe del Estado, ni le invitará a ningún otro.

En el Gobierno de Sánchez insisten en que responderán con "firmeza" a hechos, y no solo gesticulaciones del Govern. Sí advierte de que los pasos hacia la distensión han de ser "recíprocos" y han de recorrerlos las dos partes. Y si hay una ruptura de la legalidad, como ocurrió en el otoño pasado, puede desplegarse un nuevo 155, un futurible que el equipo de Sánchez rehúsa mentar en público precisamente para no echar "leña al fuego". Lo dijo este martes tras su entrevista con el líder socialista el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla: al jefe del Ejecutivo no le "temblaría la mano" si tuviera que aplicar otra vez el 155.

¿Y si hay elecciones?

Miembros cercanos al presidente reconocen que una situación tan impredecible como la de Cataluña puede complicar sobremanera la legislatura y hacer más tortuosa la estabilidad. Los Presupuestos de 2019, que precisamente habrán de negociarse en el momento álgido del repunte soberanista, corren peligro. Aunque, como señalaban este martes fuentes de La Moncloa, los independentistas pueden hallar argumentos para apoyarlos, rechazarlos o abstenerse, según su conveniencia y su estrategia de los próximos meses. Sin olvidar que pueden romper la baraja y convocar elecciones anticipadas.

Cataluña será un tema en el que Sánchez ofrecerá a Casado pactos "de Estado". Los otros son violencia machista, UE, inmigración e infraestructuras

Cataluña será uno de los elementos centrales de la reunión agendada para este jueves, a las cinco de la tarde, entre Pedro Sánchez y el nuevo líder del PP, Pablo Casado. Según fuentes del Ejecutivo, el presidente le ofrecerá "acuerdos" en cinco "temas de Estado": inmigración, Cataluña, política europea, inmigración e infraestructuras. Cuestiones que Sánchez cree que han de estar fuera del foco de la confrontación.

Son estas las materias en las que el Gobierno pide, pues, "lealtad". Se vio con Cataluña y se ha visto en los últimos días con la crisis migratoria, cuya respuesta por parte de los populares ha sido muy dura, para disgusto del Ejecutivo, que ha comparado a Casado, pero también al líder de Ciudadanos, con los jefes de las fuerzas de ultraderecha europea. "En un tema como este donde Casado y [Albert] Rivera deciden alinearse con líderes europeos que desde luego no son ni de lejos del espacio donde se alinean [Emmanuel] Macron, [Angela] Merkel, [António] Costa y [Pedro] Sánchez, pues es su decisión", dijo Calvo este martes. "Imagino que a muchos ciudadanos les causará un poco de sorpresa que una persona joven, como es el líder del PP, haga unas declaraciones tan poco entendibles", abundó la vicepresidenta, para afear al líder del PP que dijera que en España no puede haber "papeles para todos" ni se puede "absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa".

Cataluña manda a un segundo escalón a otra cita clave: la activación del pacto contra la violencia machista

El Gobierno persigue, y así se planteará este miércoles en la reunión de la bilateral, que Cataluña vuelva a los foros multilaterales. Ayer el 'conseller' de Economía, Pere Aragonès, no acudió al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni a la Conferencia Sectorial de Igualdad, que presidió Carmen Calvo, acudió la titular de Presidencia, Elsa Artadi. Calvo explicó que la 'consellera' se había disculpado, porque le coincidía con su Consell Executiu, pero a la cita en Madrid sí envió a una secretaria general de su departamento. 

La Conferencia Sectorial de Igualdad sirvió para poner en marcha el pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron establecer los criterio de reparto y la distribución de los 100 millones de euros en 2018 incluidos en el pacto, que se aprobó en el pleno del Congreso en septiembre del año pasado pero que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no había puesto en marcha. Además, las CCAA recibirán otros 9,5 millones para la asistencia integral a las víctimas de la violencia machista y la atención a menores. 

El acuerdo apoyado por el Parlamento en 2017, con la abstención de Podemos, incluía la prescripcion de destinar 200 millones de euros a la lucha contra la violencia de género durante cinco ejercicios. De ellos, 100 se repartirían entre las CCAA -es lo que se hizo ayer-, 80 los invertiría directamente el Estado y otros 20 irían para los ayuntamientos. Los 100 millones se han distribuido en función de distintas variables (población, dispersión, insularidad, extranjeras, paradas...). Las CCAA que más fondos recibirán son Andalucía (15,2 millones), Cataluña (12,7), Madrid (10,2) y Valencia (8,9) [ver aquí en PDF el reparto por CCAA]. Con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo, se reunió Calvo este miércoles. 

20 mill. es la cuantía asignada para luchar contra la #ViolenciaDeGénero
que se duplicará en 2019.
El próximo #CMin restablecerá las competencias de los ayuntamientos en materia de igualdad, prevención y atención a las víctimas. @M_Presidencia #GobiernosLocales @fempcomunica pic.twitter.com/WyhKvTdGJU

 

Como ya anunció Calvo en la Comisión de Igualdad en el Congreso, el mes pasado, el Ejecutivo socialista aumentará el fondo destinado a los municipios. Así, esa cantidad de 20 millones se doblará en los Presupuestos de 2019. Serán, pues, 40 millones para las entidades locales (y 220 millones en el cómputo general). La vicepresidenta aseguró que ese incremento de la partida se incluirá en el proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo enviará a las Cortes pero, si el Parlamento no aprueba las cuentas del año que viene, el Gobierno procederá a una modificación presupuestaria para asegurar que los recursos para el combate contra la violencia de género llegan. El PSOE, en la oposición, pidió insistentemente al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que acometiera esa modificación antes de que lograra aprobar los PGE de 2018. 

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere lanzar señales inequívocas de que desea seguir adelante con su proyecto y no convocar elecciones por ahora. Este viernes, el Consejo de Ministras y Ministros aprobará un real decreto ley para revertir los cambios introducidos por el PP en la ley de bases del régimen local. El propósito es devolver las competencias a los ayuntamientos en materia de servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, prevención de la violencia machista y atención inmediata a las víctimas, al ser las corporaciones locales el primer asidero al que ellas suelen recurrir para escapar del acoso de sus parejas o exparejas. 

El Ejecutivo socialista también quiere que antes de que concluya el año se puedan culminar todas las modificaciones legislativas que se acordaron en el pacto de Estado, y para ello apela al consenso con los grupos. Se trata de cambios en el Código Civil y Penal, y en varias leyes. De hecho, este viernes se envía una revisión del Código Civil para que los menores hijos de un agresor puedan recibir terapia sin su permiso. Hasta ahora, los niños víctimas de violencia en el hogar no podían recibir tratamiento psicológico si el progenitor maltratador condenado o incurso en un proceso penal no daba su consentimiento.