El Govern podrá hablar de referéndum y presos en la cumbre con el Estado del 1-A

Se repite el esquema que se utilizó en la reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra. La Generalitat quería hablar entonces de la situación de los presos del 'procés' y del derecho de autodeterminación. El 'president' lo hizo, pero no llegó a ningún acuerdo sobre ambas materias con el mandatario socialista, como estaba más que previsto. Para la semana que viene, el 1 de agosto, está convocada la comisión bilateral Generalitat-Estado, el órgano que conduce las relaciones entre los dos gobiernos, y la parte catalana volverá a poder hablar de reclusos y referéndum. Dialogará, sí, pero no habrá negociación posible. La posición del Estado es la que es —no cabe el derecho a decidir en la Constitución española y no se va a incorporar— y no cambiará.

El Gobierno central y la Generalitat lograron cerrar este jueves el orden del día de la primera reunión de la comisión bilateral, que tendrá lugar a las 16:30 horas del 1 de agosto en la Sala Tarongers del Palau, en Barcelona. Las conversaciones de los equipos de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y del 'conseller' de Acción Exterior, Ernest Maragall, se han prolongado más de lo previsto por el empeño del Govern en que se abordase en la cita las dos cuestiones más sensibles para los independentistas.

Al final, las dos partes consensuaron una redacción aséptica y que deja bien claro que es cada una de ellas quien plantea ciertos temas a debate, sin que se pueda desprender de la misma que se negociará sobre ellos. Así, el punto 6 del orden del día reza: "Consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña: a) en materia de derechos y libertades, y b) en relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político". Fórmulas alambicadas que se resumen en la voluntad del Govern de que en la cumbre bilateral se hable de los políticos secesionistas encarcelados y procesados a la espera de juicio y también que se reconozca el derecho de Cataluña a decidir su futuro, aunque se haya evitado la palabra "autodeterminación". Y también "presos políticos".

El Govern logra su propósito de colar en la cita dos materias sensibles, aunque en la redacción se omiten las palabras "presos" y "referéndum"

A ese punto sigue otro que incluye las pretensiones del Gobierno central: "Consideraciones del Estado en relación con la participación de la Generalitat en los órganos multilaterales de cooperación y coordinación". Esta es una vieja demanda del Ejecutivo: quiere que Cataluña vuelva a las conferencias sectoriales, al Consejo de Política Fiscal y Financiera o a la Conferencia de Presidentes. La Generalitat por el momento se niega, sin que haya pegado un portazo definitivo, porque pone todos los huevos en la cesta de la negociación bilateral.

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Isabel Morillo. Sevilla Juanma Romero

13 puntos en total

Fuentes del ministerio que dirige Batet insistieron en la misma idea: el Govern puede hablar de todo aquello que considere pertinente, pero no por ello la posición del Gobierno de Pedro Sánchez va a cambiar: no se reconocerá el derecho de autodeterminación ni tampoco pedirá a la Fiscalía que cambie su criterio sobre el proceso judicial del 1-O, pero el Ejecutivo, reiteró la ministra el pasado lunes en TV3, "respetará" la decisión que tome al respecto.

El Estado no negociará sobre el derecho a decidir y reitera que no pedirá a la Fiscalía que cambie de criterio en la causa del 'procés'

El orden del día pactado se compone de 13 puntos. Desde la lectura y aprobación del acta de la octava reunión de la comisión bilateral —o sea, de la última vez que se convocó el órgano, el 19 de julio de 2011, cuando estaba aún José Luis Rodríguez Zapatero en el poder—, hasta el análisis de diversos informes e intercambio de información: sobre traspasos, la conflictividad competencial planteada ante el Tribunal Constitucional, compromisos económicos y cuestiones fiscales pendientes, infraestructuras y cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, aplicación de la legislación catalana y española en el ámbito lingüístico y educativo, la reactivación de los órganos bilaterales de cooperación, la acción exterior o las relaciones de colaboración entre el Estado y la Generalitat. El último punto es el clásico de ruegos y preguntas.

La comisión bilateral la conforman, en representación del Estado, la ministra Batet y los secretarios de Estado Nacho Sánchez Amor (Política Territorial), María José Bardón (Hacienda), José Antonio Montilla (Relaciones con las Cortes) y Pedro Saura (Infraestructuras), y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. La parte catalana está presidida por el 'conseller' de Acción Exterior, Ernest Maragall; el vicepresidente y titular de Economía, Pere Aragonès; la 'consellera' de Presidencia, Elsa Artadi; la secretaria general de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Mercè Salvat, y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell.