El Gobierno ya no descarta la comisión de investigación sobre las cintas de Corinna

El Gobierno de Pedro Sánchez está empezando a asumir que quizá no baste con el cortafuegos de la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Congreso para que dé cuenta de las grabaciones deCorinna zu Sayn-Wittgenstein y que salpican al rey Juan Carlos, por las cuales la Justicia ha abierto una investigación. Si la semana pasada directamente obviaba esas cintas, ahora ya incluso admite que no descarta ningún escenario posterior, incluida una comisión parlamentaria, como exige Unidos Podemos.

La posición del Ejecutivo ha variado sustancialmente en apenas unos días. Y este viernes se pudo comprobar en la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros. La portavoz, Isabel Celaá, recomendó primero escuchar al jefe de los servicios de inteligencia, Félix Sanz Roldán, en la comparecencia programada ya para el próximo jueves, 26 de julio, en la Cámara Baja, en la comisión de Secretos Oficiales. Sesión que será, por cierto, a puerta cerrada. Solo después el Gobierno y el PSOE verán qué hacer. "Vamos a oírle. Vamos paso a paso. Oigamos al director del CNI y después analizaremos", declaró la ministra. Ese día, Sanz Roldán tendrá que explicar la actuación del centro de espionaje respecto a la aristócrata alemana. 'El Español' y 'OK Diario' difundieron la semana pasada grabaciones del encuentro que Corinna mantuvo en 2015 con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en las que relataba que el rey Juan Carlos la utilizaba de testaferro para esconder su patrimonio, y en las que añadía que el exjefe del Estado tenía depósitos en Suiza.

Oigamos al jefe del CNI lo que dice, escuchemos, analicemos y actuaremos, y actuarán también los grupos de la Cámara

Pero Unidos Podemos ya ha dicho que no le basta con la comparecencia del jefe del CNI. Presiona para que haya una comisión de investigación en el Congreso. El PSOE no quiso descartarla por completo el lunes pasado tras la reunión de su ejecutiva. En buena medida, por prudencia, porque quería esperar el desarrollo de los acontecimientos. El presidente también se atuvo a esa cautela el martes, en su comparecencia extraordinaria en el pleno de la Cámara Baja, tras el requerimiento del grupo morado y de ERC. Pero este viernes el Gobierno, oficialmente, dejó explícitamente esa puerta abierta. "Esto [la comisión de investigación] está conectado. Oigamos al director del CNI lo que dice, escuchemos, analicemos y actuaremos, y actuarán también los grupos de la Cámara".

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Juanma Romero

"Respeto del Ejecutivo"

Hace justo una semana, el Ejecutivo, por boca de Celaá, despreciaba las cintas. "Las grabaciones que afectan a Corinna afortunadamente no afectan al jefe del Estado, su majestad el rey Felipe VI. Son grabaciones antiguas y por lo tanto ni las consideramos", contestó tras las preguntas de los periodistas.

"La política se mueve no en 48 horas, sino en minutos", alega Celaá para explicar el cambio de postura del Ejecutivo desde hace una semana

48 horas más tarde, el Gobierno anunció que Sanz Roldán había pedido comparecer en el Congreso, ante la comisión de Secretos Oficiales. La Moncloa pretendía satisfacer la demanda de exigencias de la oposición de izquierdas, y cruzaba los dedos para que fuera suficiente. "La política se mueve no en 48 horas, sino en minutos", justificó Celaá, para revestir el evidente cambio de postura. "La decisión de comparecer es a petición propia del director del CNI, una decisión que el Gobierno avala y respalda con total naturalidad", añadió la titular de Educación.

El caso dio este viernes un vuelco, porque el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea decidió abrir una pieza separada sobre las grabaciones de Corinna que involucran al Rey emérito, y ha citado a declarar el 26 de julio al comisario Villarejo. Celaá manifestó, como en otras ocasiones, el "respeto" del Ejecutivo a las actuaciones e los tribunales. La apertura de la investigación son "canales que solo a los jueces corresponde hacer". "Y, por lo tanto, pueden contar desde el principio con el respeto del Ejecutivo". Para La Moncloa, este asunto está siendo muy delicado y sensible, como en general todo lo que afecta a la Corona, y esta tormenta puede no ser pasajera.

El Gobierno incorporó, "por error" en su referencia (su resumen de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministras y Ministros), que había aprobado delegar en don Juan Carlos la representación de España en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, el 7 de agosto. Pero ese acuerdo no se había tomado, indicaron fuentes oficiales de La Moncloa.

"Respeto a la autonomía" de los jueces

La portavoz manifestó también su "respeto" a las decisiones de los tribunales en otro materia complicada: el 'procés'. Ayer jueves, el magistrado del Supremo Pablo Llarena decidió rechazar la extradición de Carles Puigdemont desde Alemania solo por el delito de malversación y retiró las euroórdenes. El Ejecutivo considera que "la Justicia española no queda dañada" después del varapalo de los jueces de Schleswig-Holstein.

El Ejecutivo cree que la Justicia española "no queda dañada" por el caso Puigdemont y por las "discrepancias" judiciales entre los dos países

"Toda la ciudadanía probablemente compartía un sentimiento de 'vamos a ver si podemos llevar a término este conflicto de intereses', pero el Gobierno, con su presidente a la cabeza, respeta la autonomía y la independencia judicial y por tanto está a las decisiones de los jueces de España", señaló Celaá. Hace una semana, Sánchez había manifestado, tras conocerse la decisión de que no habría entrega por rebelión, que lo importante era que los políticos independentistas fuesen juzgados en España. Ya no será así. Puigdemont y el resto de dirigentes huidos quedan en un limbo. En la práctica, sufrirán un destierro porque si ponen un pie en España serían detenidos.

La ministra encajó lo ocurrido como "conversaciones" y "discrepancias que se producen entre dos órganos judiciales", ante las que el Ejecutivo solo puede expresar su "respeto profundo" y su defensa de la separación de poderes. "Respetamos esas conversaciones, que son fruto de la posibilidad que nos da la euroorden", remarcó. Preguntada si se darán órdenes a la Fiscalía para que varíe su acusación contra los cabecillas del 'procés' que se encuentran en prisión y que tendrán que afrontar un juicio, subrayó que el Gabinete socialista no se inmiscuye en la actuación del Ministerio Público. "Tiene sus propios cauces con los tribunales y este Gobierno no da instrucciones al Ministerio Fiscal".

Un congreso del PP "duro y desgarrado"

"Respeto" también siente el Gobierno hacia el PP, que este viernes y sábado celebra su congreso extraordinario, en el que Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría se disputan la sucesión de Mariano Rajoy. Pero Celaá añadió algo más: "Respeto" hacia un proceso que está resultando "tremendamente duro" para los populares y hasta "desgarrado, a juzgar por la cantidad de factores que han venido apareciendo". "Todo nuestro respeto, no vamos a dirimir la cuestión, no podemos ni queremos hacerlo", dijo Celaá que, con ironía, subrayó que "casi" se alegran de que el PP haga ahora primarias, cuano hace años, cuando las desplegaban otros partidos, se lo "afeaban".

La portavoz no quiso siquiera ni secundar las palabras de la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien aseguró que sería más fácil llegar a acuerdos con Santamaría. Su compañera de Gabinete, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero —ambas comparecieron este viernes, junto con la titular de Economía, Nadia Calviño—, también rehuyó la pregunta de con qué candidato sería más sencillo pactar la nueva senda de déficit.

Una constitucionalista para el CEPC y una periodista para RTVE que La Moncloa "ni concibe" que no salga ratificada

El Consejo de Ministras y Ministros de este 20 de julio también trajo nuevos nombramientos. El Gobierno designa a la prestigiosa y mediática catedrática de Derecho Constitucional de la UNED Yolanda Gómez Sánchez como directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en sustitución de Benigno Pendás. Gómez es catedrática Jean Monnet 'ad personam' y, actualmente, directora de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. La nueva directora del CEPC, que depende del Ministerio de la Presidencia, ha desarrollado su labor docente e investigadora principalmente en materia de derechos fundamentales, igualdad de género y derecho de la Unión Europea. 

También el Consejo formalizó la propuesta de administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo Isasi (Burgos, 1942), una figura icónica de la televisión y de la casa. Ahora, tendrá que ser refrendada por el Congreso, con mayoría de dos tercios en primera vuelta y con mayoría absoluta en segunda ronda, a las 48 horas. 

"El Gobierno no contempla una falta de aval para Rosa María Mateo. No podemos ni concebirlo -dijo Isabel Celaá, ante la pregunta por un eventual nuevo fracaso en la Cámara-. Es una reconocidísima profesional y además va a contar con todo el consenso de todas las fuerzas parlamentarias que avalaron el real decreto el pasado junio. Saldrá reforzada como administradora provisional única de esa votación". 

El Gobierno comunica a la Cámara Baja la propuesta del periodista Fernando Garea Baragaño (Madrid, 1962), exadjunto al director de El Confidencial, como presidente de la Agencia EFE. El informador deberá comparecer la próxima semana en el Congreso antes de que pueda tomar posesión de su cargo, para el que fue nombrado ayer jueves por la SEPI.