El Gobierno intenta contener la presión por el caso Corinna con las explicaciones del CNI

La tempestad por las cintas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein no cesa. El Gobierno quiso dar carpetazo a una cuestión muy sensible que afecta al Rey emérito advirtiendo de que "afortunadamente" ese material no salpica al actual jefe del Estado. Pero de esa cerrazón inicial ha pasado a abrir una puerta, con la esperanza de que baste para contener la presión de su oposición de izquierdas en el Congreso. En el Parlamento, quien dará explicaciones es el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, implicado ahora y hace años en la maraña que tiene como centro a la empresaria alemana y a don Juan Carlos.

En La Moncloa, en el equipo del presidente, insistían este domingo en que fue el propio Sanz Roldán el que pidió comparecer ante la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados —conocida como la comisión de Secretos Oficiales de la Cámara Baja—, aunque también reconocían que Pedro Sánchez fue obviamente "consultado" y dio su plácet. En Defensa, bajo cuya adscripción ha vuelto a estar ahora el CNI, remarcaban a este diario que de todos los asuntos importantes que pasan por el ministerio, y lógicamente las materias que tocan los servicios de inteligencia, está "plenamente informado" el presidente. Fuentes próximas a la titular del departamento, Margarita Robles, señalan que la máxima es la de la "transparencia", y también la voluntad de dar a las comparecencias de Sanz Roldán un carácter "periódico" y regular, unas dos al año.

"Este es un acto de normalidad parlamentaria. Pero si además hay una noticia que afecta al CNI, pues con más motivo va al Parlamento. El director del centro no tiene ningún problema en ir al Congreso y dar cuentas de lo que ocurre", esgrimían a El Confidencial fuentes de Defensa. En cualquier caso, esta y todas las comparecencias de altos cargos que se sustancian ante la comisión de Secretos Oficiales se hacen a puerta cerrada, sin medios y con los portavoces parlamentarios como testigos.

El Ejecutivo alega que la comparecencia del jefe de los espías es un acto de "normalidad parlamentaria", y más cuando hay una noticia sobrevenida

El caso Corinna ha alcanzado una nueva dimensión tras las informaciones publicadas por 'El Español' y 'OK Diario' en los últimos días. Ambos medios relataban que en 2015 la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein (la definida como 'amiga entrañable' del Rey emérito) daba a entender, en un encuentro en Londres con el comisario jubilado —y en prisión preventiva— José Manuel Villarejo y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, que don Juan Carlos la usó como testaferro para ocultar su patrimonio.

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Presuntas amenazas de muerte

También aseguraba que el padre de Felipe VI, a través del abogado Dante Canonica, ponía en marcha "estructuras" opacas y ponía a su nombre propiedades que luego le reclamaba. Corinna añadía que el exjefe del Estado tenía cuentas en Suiza, pero esos fondos no estaban a su nombre, sino que fueron colocados en cuentas controladas por su primo segundo Álvaro de Orleans y Borbón, residente fiscal en Mónaco, como la consultora germano-danesa. En la conversación con Villarejo, Corinna dijo asimismo que el director del CNI la había amenazado de muerte, a ella y a sus hijos, y que los servicios secretos españoles montaron dos operaciones para intentar hacerse con documentación comprometedora de don Juan Carlos: una en Londres y otra en Mónaco.

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La oposición se movilizó a raíz de estas informaciones. Primero fue el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien desde el mismo miércoles —el día en que saltó el escándalo— demandó la comparecencia de Sanz Roldán y de su superior jerárquica, Margarita Robles, quien le había confirmado en el cargo tras el cambio de Gobierno. También quería que compareciese la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que informara de las estructuras opacas que pudo haber montado don Juan Carlos. Pero después, Garzón, a través de su grupo, Unidos Podemos, reclamó la creación de una comisión de investigación sobre el caso, en la que pudiera declarar el padre de Felipe Vl.

El Ejecutivo respondió intentando contener el fuego desde el primer momento. El viernes, Montero hacía oficial que Sánchez renunciaba a su compromiso de publicar la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal impulsada por Cristóbal Montoro en 2012, y añadía que la Agencia Tributaria, "por ley", no podía dar información de eventuales investigaciones o expedientes abiertos a cualquier contribuyente. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, buscó minimizar el caso. "Las grabaciones que afectan a Corinna afortunadamente no afectan al jefe del Estado. Son grabaciones antiguas y por lo tanto ni las consideramos", dijo la también ministra de Educación, dando a entender que si las conversaciones afectaran al actual jefe del Estado, otro gallo cantaría.

Podemos e IU no se dieron por satisfechos y siguieron defendiendo su solicitud de creación de una comisión de investigación en el Congreso. "Ningún partido democrático tiene excusa para no apoyar esta iniciativa, porque ante una situación tan grave no caben dudas como las del PSOE, que está diciendo que estas son cosas del pasado que no afectan a Felipe VI", aseguró el sábado el secretario de Organización de los morados, Pablo Echenique, recordando que un Gobierno democrático "no se puede permitir no ser contundente con la corrupción cuando hay indicios de que afecta a la Jefatura del Estado". "Hay elevados indicios de que Juan Carlos I podría haber evadido impuestos en paraísos fiscales, acogido a la amnistía fiscal de Montoro y compartido testaferros y abogados de la trama Gürtel", afirmó.

"Marcar diferencias"

Garzón, por su parte, acusó al Ejecutivo socialista de adoptar una actitud "continuista" con la del PP a la hora de "proteger a los poderosos y a la monarquía corrupta", y calificó de "imposibles" de creer las razones para no divulgar la nómina de amnistiados por Montoro. "Creo que aquellos que, como el PSOE, defienden la monarquía creyendo que defienden España se equivocan. Defender la monarquía no es defender España, sobre todo cuando la monarquía está involucrada en actividades que para cualquier otra persona están consideradas ilegales", señaló el líder de la federación.

"No se puede montar una comisión así por una grabación cuyos propósitos no están claros y no parecen muy limpios", dice un dirigente del PSOE

Por lo pronto, lo que el Gobierno y el PSOE tienen en mente es la comparecencia de Sanz Roldán. A día de hoy, es bastante improbable, salvo giro de guion, que los socialistas transijan con una comisión de investigación sobre los supuestos negocios de don Juan Carlos —y que derivaría con seguridad en un debate público sobre la Corona— que algunos dirigentes ni siquiera ven justificada. "No se puede montar un foro así por una grabación cuyos propósitos no están claros y no parecen muy limpios", advertía a este diario un alto cargo de la dirección. "Tanto Podemos como IU tienen que aprovechar cualquier cosa para marcar diferencias", agregaba este mando.

El Ejecutivo defiende, entretanto, que no ha cambiado de posición desde el viernes. Como indicaba un ministro, "no es incompatible" sostener que las grabaciones no afectan a Felipe VI y al mismo tiempo hacer que comparezca el director del CNI. En ese sentido, en el Gabinete recordaban cómo Robles ya ha advertido de que, mientras siga al frente de Defensa y el centro esté bajo su tutela, no utilizará la agencia de espionaje para "tapar" ni para "usos partidistas".

Decisión de la cúpula

"Si el Rey emérito hubiera actuado irregularmente, tendrán que decirlo los tribunales, y en su caso que caiga todo el peso de la ley. Pero esto es un Estado de derecho", recalcaban fuentes gubernamentales. El exjefe del Estado solo podría ser investigado por los actos posteriores a su abdicación, el 19 de junio de 2014, pues todo su reinado está protegido por la inviolabilidad que confiere la Constitución al monarca. Tras su renuncia al trono, no es inviolable, pero sí está aforado ante el Supremo.

El Gobierno alega que "no es incompatible" que comparezca Sanz Roldán con la defensa de que las grabaciones no afectan al actual jefe del Estado

Este lunes, se reúne el plenario de la ejecutiva federal del PSOE. La primera vez que Ferraz acoge a toda su dirección desde la llegada de Sánchez a La Moncloa y la última antes de las vacaciones de verano. Este resbaladizo asunto aflorará con seguridad, al menos en la rueda de prensa posterior, por lo que el partido está obligado a definir su estrategia parlamentaria, que tendrá que desplegar su portavoz, Adriana Lastra.

Ahora, el Congreso tendrá que fijar la fecha de la comparecencia de Sanz Roldán. No será la primera vez que acuda a la Cámara Baja para hablar de Corinna. Ya tuvo que hacerlo el 19 de marzo de 2013. Entonces, negó todo tipo de vinculación de la agencia con la aristócrata alemana. En aquel momento dijo ignorar si ella había realizado algún tipo de trabajo "clasificado" para el Estado, pero sí aseguró que no había colaborado con el CNI ni había recibido ningún trato de favor o atención especial por parte de los servicios secretos españoles.