LAS GRABACIONES DEL EXCOMISARIO VILLAREJO

Unidos Podemos forzará el debate en el Congreso sobre las cintas de Corinna

Alberto Garzón promueve, dentro de su grupo, la creación de una comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos I, en la que quiere que acuda a declarar el propio emérito

Foto: Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en Nueva York, el 8 de septiembre de 2014. (Gtres)
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en Nueva York, el 8 de septiembre de 2014. (Gtres)

El Congreso finalmente se verá abocado a debatir sobre el escándalo que rodea al Rey emérito. Izquierda Unida pide una batería de comparecencias para que se den cuentas de los negocios de Juan Carlos I y además, a través de su grupo, Unidos Podemos, demandará la creación de una comisión de investigación a la que quiere que acuda el exjefe del Estado. La iniciativa no sadrá probablemente adelante, pero al menos sí se sustanciará, en principio, una mínima discusión.

Las grabaciones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein realizadas en 2015 por el excomisario José Manuel Villarejo —en prisión desde hace más de ocho meses— apuntan a la comisión de varios delitos ligados a la corrupción, entre ellos el blanqueo y la falsedad documental. Y salpican claramente al Rey emérito, también, porque en esas conversaciones la empresaria —y "amiga entrañable" de don Juan Carlos— asegura que la utilizó como testaferro en el extranjero. Las cintas revelan cómo supuestamente el monarca emérito, a través de su abogado en Suiza, Dante Canonica, experto en la creación de sociedades 'offshore', concedía préstamos y propiedades a Corinna que luego le reclamaba.

En el material que recabó durante años el excomisario, desvelado desde el miércoles por 'El Español' y 'OK Diario', Corinna señala que el padre de Felipe VI disponía de cuentas en Suiza a nombre de otra persona, su primo segundo Álvaro de Orleans y Borbón, residente en Mónaco. La apertura de una investigación sobre la actuación de Juan Carlos I sería posible, pero solo podría centrarse en los hechos cometidos tras su abdicación, el 19 de junio de 2014. Todas sus acciones desde que ascendió al trono, el 22 de noviembre de 1975, hasta hace poco más de cuatro años quedan fuera automáticamente de la lupa judicial, ya que la figura del Rey, como indica la Constitución en su artículo 56.3, es inviolable.

Tras conocerse los hechos, quien se movió más rápido fue Izquierda Unida. No es una novedad, pues la federación siempre ha sido muy combativa en el Parlamento con las cuestiones ligadas a la monarquía, especialmente en lo que atañe a su falta de transparencia. Aunque la mayor parte de las veces se ha topado con un muro infranqueable: la Mesa del Congreso, que sistemáticamente rechazaba sus iniciativas sobre la Corona porque entendía que el Gobierno —a quien formalmente se dirigen las preguntas o las peticiones de documentación— no puede fiscalizar a la Jefatura del Estado.

IU pidió primero las comparecencias de la ministra de Defensa y del director del Centro Nacional de Inteligencia. Pero este viernes dio el salto de gigante: Alberto Garzón anunció que su grupo parlamentario en el Congreso, Unidos Podemos, pedirá una comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos I, en la que reclamarán que declare el propio emérito, informa EFE. Para Garzón, la difusión de la información "obedece a las peleas en las cloacas del Estado", pero al margen de ello "lo grave" es que hay instituciones, como la Policía o el CNI, que "sabían lo que estaba pasando con la Casa Real" y no hicieron nada.

No es "defender a España"

Para el líder de IU, es "mentira" que "defender la monarquía" sea sinónimo de "defender a España", porque eso sí que daña la imagen de país. El hecho de que los distintos Gobiernos no hablen de casos concretos sugiere que muchas instituciones han sido "testigos de los tejemanejes" de la Corona.

La iniciativa del grupo morado llegará en principio a la Diputación Permanente, donde se sustanciará el debate y se decidirá si ha de votarse en el pleno

La petición de Unidos Podemos deberá ser calificada por la Mesa del Congreso, que la enviará a la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno en el periodo de vacaciones parlamentarias. Será la Diputación la que debata si esa iniciativa se lleva o no al hemiciclo, puesto que reglamentariamente es el pleno el que debe aprobar la constitución de una comisión de investigación. La medida de IU probablemente se frente en la propia Diputación, ya que ahí ni PSOE ni PP la apoyarán, presumiblemente. Quien tiene la potestad de convocar el órgano es la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.

El coordinador federal de IU ya anunció el miércoles que quiere forzar en el Congreso una comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, para que expliquen en la comisión de Secretos Oficiales qué datos tienen de la "actividad de Juan Carlos I". El líder de la federación, en concreto, demanda que el jefe de los espías relate "las supuestas amenazas que él mismo habría efectuado en el Hotel Connaught de Londres tanto sobre Corinna zu Sayn-Wittgenstein como sobre sus hijos, así como las dos posibles operaciones de inteligencia que el CNI habría efectuado tanto en Londres como en Mónaco para sustraer a Sayn-Wittgenstein documentación comprometedora relativa a Juan Carlos de Borbón”.

Garzón quiere que comparezcan en la comisión de Secretos Oficiales el director del CNI, Félix Sanz, y la ministra de Defensa, Margarita Robles

Y quiere llevar a Robles ante el mismo órgano y por la misma razón, porque ella misma hace menos de un mes decidió ratificar a Sanz Roldán como director de la agencia. Fuentes próximas a la ministra indicaron a este periódico que no tiene previsto ir al Congreso porque "nada de lo que se ha publicado" ha ocurrido durante su mandato, ya que tomó posesión el pasado 7 de junio.

Ya sucedió en 2013

IU recuerda que el jefe del CNI ya compareció en marzo de 2013 en la misma comisión de Secretos Oficiales, y para hablar igualmente de Corinna. En aquel momento, Sanz negó cualquier vinculación de los servicios de inteligencia con la princesa, afirmó que nunca fue escoltada por agentes del centro y que tampoco cobró ni solicitó pago alguno al CNI. El director aseguró en aquel año que no sabía si la aristócrata había realizado algún tipo de trabajo "clasificado" para el Estado, pero sí desmintió que hubiera trabajado para la agencia que él dirige. Y negó asimismo que hubiera recibido algún tipo de trato de favor o alguna atención especial por parte de los servicios secretos españoles.

Las comparecencias y la comisión no saldrán adelante previsiblemente porque ninguno de los dos grandes partidos, PP y PSOE, las apoyarán

Garzón planteaba también, como informaba la federación en una nota de prensa, que la Diputación Permanente del Congreso —el órgano que sustituye al pleno en periodo de vacaciones parlamentarias, como sucede en julio y agosto— apruebe una reunión extraordinaria de la comisión de Hacienda para que acuda la titular de la cartera, María Jesús Montero, y explique “las acciones que su ministerio va a emprender a la hora de investigar las posibles estructuras opacas al fisco creadas por Juan Carlos de Borbón, que incluirían tanto cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans, como la utilización de testaferros como Corinna zu Sayn-Wittgenstein a la hora de ocultar propiedades y patrimonio en el extranjero”.

Unidos Podemos forzará el debate en el Congreso sobre las cintas de Corinna

Las comparecencias no saldrán adelante, salvo sorpresa. La federación necesitaría, además del apoyo de Unidos Podemos y de formaciones minoritarias, del respaldo de uno de los partidos grandes, PSOE o PP, y ninguno previsiblemente apoyará las indagaciones. Ambos siempre han protegido a la Corona ante las pesquisas de los grupos.

La respuesta del partido grande del grupo, Podemos, ha sido más tibia que la de IU. O menos proactiva. Este jueves, en el grupo se remitían a las declaraciones del miércoles de su responsable de Sociedad Civil, Rafa Mayoral. Este denunció que las grabaciones de Villarejo ponen encima de la mesa la "anomalía democrática" que supone la monarquía y la relación "histórica" de "los Borbones" con la "corrupción". "El pueblo español echó al último Borbón [Alfonso XIII] no por rey, sino por ladrón, según decía [el dramaturgo Ramón María del] Valle-Inclán", resumió el parlamentario.

Este viernes, Mayoral tomó el relevo de Garzón, y emplazó al resto de formaciones, especialmente al PSOE, para que apoyen la comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos I. El diputado de Podemos alegó que "el conjunto de fuerzas" debería apoyar esta iniciativa o, al menos, "pronunciarse sobre este asunto", lo que serviría para demostrar que tienen "voluntad de luchar contra la corrupción". En efecto, la iniciativa, que definió como "de consenso", permitirá retratar a todos los grupos.

Mayoral remarcó que se trata de "una propuesta con sentido común" ante "hechos tan graves" como los publicados. Que el monarca emérito se someta a los representantes de la soberanía popular le permitiría "clarificar lo ocurrido" y "dar explicaciones públicas". Y de nuevo, denunció los "espacios de impunidad" en los que se mueve la monarquía.

¿Se acogió a la amnistía fiscal?

Tono duro también de ERC, pero de momento no se traduce en ninguna iniciativa parlamentaria. Así, el portavoz adjunto de los republicanos en el Congreso criticó el miércoles que los supuestos negocios de don Juan Carlos acaben "sin consecuencias" para la Jefatura del Estado. "La Corona está protegida por los poderes fácticos y políticos. Se ha demostrado que había gente en este país que durante muchos años se pensaba que podía hacer lo que le daba la gana sufragado por los ciudadanos", denunció el diputado.

Podemos insta al resto de fuerzas, especialmente al PSOE, a sumarse a la comisión, o al menos, se pronuncien sobre la propuesta

Y los poderes fácticos, y sobre todo el poder político, siguió, "protegen" la monarquía. Pero "si el Rey es tan bueno y tan preparado, tan guapo y tan listo, pues que se presente a las elecciones, las ganará seguro", ironizó.

También actuó enseguida tras las informaciones fue Compromís. Su senador Carles Mulet registró una pregunta en la Cámara Alta dirigida al Gobierno, para que explique si el Rey emérito se acogió a alguna de "las famosas amnistías fiscales" del anterior Ejecutivo del PP. Además, inquiere al actual Gabinete socialista si piensa "adoptar alguna medida para luchar contra esta posible evasión de patrimonio y de obligaciones fiscales" y si "ha cuantificado" o "piensa cuantificar todo el capital posiblemente evadido".

Tiene aforamiento, no inviolabilidad

El Gobierno, mientras, asiste en silencio a la cascada de informaciones. El miércoles, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró ante los periodistas que no tenía criterio sobre el tema y, cuando le preguntaron si don Juan Carlos podía ser llevado a juicio, apuntó lo obvio, que "tiene aforamiento pero no inviolabilidad". Y es así porque una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial tramitada en 2014, con la renuncia del monarca, introdujo que el Rey consorte o el consorte de la Reina, el príncipe o princesa de Asturias y su consorte, y el Rey o Reina que hubiera abdicado y su consorte están aforados ante el Supremo. El Grupo Socialista no prevé adoptar ninguna iniciativa parlamentaria.

Para Cs, "es el Tribunal Supremo quien debe determinar hasta dónde alcanza la inmunidad del Rey emérito". "Máximo respeto a la Justicia"

El PNV no tiene programada por ahora ninguna medida en el Congreso. El PDeCAT se sumó a la propuesta de Unidos Podemos. Además, el diputado posconvergente Ferran Bel sí preguntó el miércoles a Montero directamente, en la comisión en la que la ministra explicó las líneas generales de su departamento. "Más allá de que la Fiscalía actúe, de la independencia de la Agencia Tributaria, sería bueno saber si el Gobierno de España va a combatir y va a investigar si estas grabaciones son ciertas y va a actuar en consecuencia". Montero no contestó en su turno de intervención.

Unidos Podemos forzará el debate en el Congreso sobre las cintas de Corinna

Para Ciudadanos, el debate ha de situarse extramuros del Congreso. "Es el Tribunal Supremo quien debe determinar hasta dónde alcanza la inmunidad del Rey emérito. No podemos hacer ninguna valoración adicional por el momento, salvo manifestar nuestro máximo respeto a lo que decida la Justicia", señalaban a este diario fuentes de la formación naranja.

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