La UCO quiere quedarse los coches del clan González: un Smart, tres BMW y un Audi

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quiere seguir utilizando los cinco coches que decomisó a Ignacio González, a su esposa Lourdes Cavero y al hermano del ex presidente madrileño, Pablo Manuel González, cuando se destapó la operación Lezo. Así se lo ha pedido al juez instructor del caso en un reciente informe fechado el 3 de enero. Los agentes justifican su petición en dos cuestiones: la primera, "las necesidades de material de este servicio continúan". Y segundo, "a criterio policial existe una indudable correlación cronológica entre la supuesta actividad criminal de los investigados, generadora de fondos ilícitos, y la obtención de una posición patrimonial que permitió la adquisición de los vehículos embargados".

Se trata de un Smart Fortwo Cuopé propiedad de Ignacio González; un BMW 330D que conducía su mujer; y tres vehículos del hermano: un Audi A1 Sportback, un BMW 120D y un BMW 320D. La Guardia Civil también incluye en un listado un sexto coche, un Ford Mondeo que pertenece a José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), también investigado en la causa. La Audiencia Nacional ya había dictado el 11 de mayo de 2017 la autorización pertinente para que la UCO utilizara una veintena de vehículos incautados a muchos de los investigados, entre ellos los cinco del clan González.

Pero la UCO ha tenido que volver a hacer esta petición porque la defensa de los investigados recurrió la utilización que ya hacía la Guardia Civil de los coches de sus clientes, un uso policial que finalmente fue revocado el 11 de octubre por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ahora, la propia Audiencia, acaba de acordar (con fecha 26 de diciembre) el embargo cautelar de estos vehículos "con el objeto de cubrir eventuales responsabilidades civiles", por lo que la UCO solicita de nuevo utilizarlos ya que han sido embargados y el juzgado ha ordenado que se depositen en la propia UCO. "Lo cierto es que el avance de la investigación ha afianzado los indicios delictivos obtenidos descritos en su día como motivación de la solicitud inicial", señala la petición de la Guardia Civil.

En el caso del matrimonio González y Cavero, la UCO señala que la compra de Emissao, la filial brasileña del Canal de Isabel II, "partió de Ignacio González en el último trimestre de 2012". Esta operación es una de las principales piezas del caso. El Canal compró en octubre de 2013 el 75% de Emissao por 29,4 millones de dólares (21,39 millones de euros entonces). Un año después la empresa valía cuatro veces menos. Dos años después, en 2015, tenía un patrimonio neto negativo de 17,3 millones. La confesión de uno de los imputados ha permitido conocer ahora que González y otros cuatro exdirectivos del Canal se repartieron, presuntamente, 5,4 millones de euros en comisiones tras autorizar esta compra.

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La UCO también menciona en su informe la construcción del campo de golf de Chamberí, en pleno centro de Madrid, un proyecto que tuvo un sobrecoste del 38%. Las obras se las llevó ACS, que a su vez subcontrató a Tecnoconcret para poner el césped. Esta empresa pertenecía en realidad a González y a su hermano. "Mediante la facturación ficticia entre Tecnoconcret y la empresa pantalla Reimex Representaciones se pudieron extraer fondos en efectivo por valor de 700.000 euros", señalan los investigadores. Estos fondos se habrían repartido entre González, su hermano y un cuñado, José Juan Caballero. Tecnoconcret, por su parte, "fue una mera empresa pantalla sin capacidad técnica alguna".

Otros avances de la investigación que resume la UCO en su informe son que "Ignacio González manejó en fechas actuales billetes de 500 euros". Aunque está en proceso de investigación el origen de estos billetes, "la experiencia policial determina que generalmente son utilizados en pagos de comisiones ilegales, ocultación y desvío de fondos". También son sospechosos los servicios de consultoría facturados por Lourdes Cavero en 2014 y 2015 por 25.000 euros al Grupo Ezentis, "que podrían estar relacionados con las actividades de Edmundo Rodríguez". Este último, imputado en la causa y hombre fuerte de González en la filial suramericana del Canal. En el caso del hermano de González los investigadores también enumeran los indicios contra él en su papel en el presunto amaño del campo de golf y otras irregularidades detectadas en la empresa pública Mercasa, de la que fue directivo.

En el caso concreto de José Martínez Nicolás, su Ford Mondeo fue matriculado en junio de 2009. "La cuenta bancaria abierta en la entidad financiera de Liechtenstein que está siendo objeto de investigación fue nutrida con transferencias de origen indeterminado [más de 500.000 euros] con anterioridad al año 2009. Teniendo en cuenta que el investigado ostentó el cargo de consejero delegado de ICM a partir de diciembre de 2007, habrá que determinar el origen de esos fondos, así como su relación con posibles desvíos de capital de dicho ente público", señala la UCO. La Audiencia investiga si González (jefe de Nicolás) usó ICM para desviar dinero público y pagar deudas del PP de Madrid.

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La UCO enumera todos estos indicios porque "a criterio policial existe una indudable correlación cronológica entre la supuesta actividad criminal de los investigados, generadora de fondos ilícitos, y la obtención de una posición patrimonial que permitió la adquisición de los vehículos embargados (...) Lo cierto es que las supuestas ganancias obtenidas por los investigados podrían haber sido integradas en su patrimonio de diversos modos, por lo que indiciariamente las cantidades obtenidas parecen haber sustentado de una forma u otra la compra de los vehículos recientemente embargados y sobre los que ahora se solicita su uso provisional".

Llama la atención que la propia UCO argumente su petición al juzgado señalando claramente los pocos medios de los que dispone. "Dada la escasa renovación de los vehículos del parque, el estado de estos se encuentra en una situación preocupante, por excesiva antigüedad de los mismos (...). Esta situación merma operatividad a las distintas unidades". También habla de limitaciones presupuestarias, lo que provoca que los vehículos se renueven "con una periodicidad muy superior a la recomendada, lo que produce un exceso de kilómetros en la flota, así como una merma de la fiabilidad e incremento de la siniestralidad. Por lo que se hace imprescindible, necesaria y urgente la incorporación de nuevos vehículos". Promete además un buen mantenimiento de los mismos.