Roban en Navidad ordenadores de directivos de la empresa de Pablo González

Los ordenadores de la nueva secretaria general y del consejo de administración de Mercasa, Macarena Olona, y de otros dos directivos del área internacional de la empresa pública han desaparecido. Según informan a El Confidencial fuentes cercanas a la compañía, el 25 de diciembre se produjo un robo en las instalaciones centrales de Madrid, cuyos negocios en la etapa en la que el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González estaba al mando de Estrategia y Operaciones constituyen el centro de una causa judicial de la Audiencia Nacional desgajada del caso Lezo.

Tras regresar a sus puestos de trabajo este martes, los altos cargos afectados detectaron la falta de los equipos y de distinta documentación. No echan de menos nada más. La compañía, que ha interpuesto denuncia ante la Policía, preparaba en estos días su personación como acusación particular en el procedimiento que dirige el juez José de la Mata. Desde la llegada de la nueva directiva se inició una auditoría interna para examinar el periodo que estudian los investigadores. Los indicios apuntan a la existencia de una trama basada en sobornos a funcionarios de países de África y Sudamérica para la obtención irregular de fondos que luego se repartían entre varias personas.

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Los dispositivos robados contenían, por tanto, datos sensibles e información confidencial e incluso las claves de acceso al sumario de esta investigación. El momento se eligió con especial cuidado dado que las instalaciones permanecieron cerradas durante toda la jornada del 25, lo que dio a los autores del robo mucho margen para tapar su rastro, informan las fuentes consultadas que apuntan que los agentes que investigan el suceso no han podido localizar huellas dactilares.

De la Mata investiga en esta pieza separada la estrategia desplegada por distintas personas vinculadas a Mercasa y otras empresas que contaron con la colaboración de comisionistas o intermediarios internacionales y locales para obtener contratos con instituciones públicas mediante la entrega de dinero, regalos o viajes con los que sobornaban a altos funcionarios relacionados con las adjudicaciones.

Las dádivas se descontaban de los montos de los contratos en los que se simulaban partidas de representación y otros servicios inexistentes. Estos sobreprecios también iban a parar al bolsillo de algunos de los investigados, explica el juez en uno de sus últimos autos. La investigación alcanza directamente contratos obtenidos en Angola para realizar un mercado mayorista en Luanda y se extiende también a contratos en la República Dominicana, en relación con la construcción de Merca Santo Domingo.

También se han detectado prácticas corruptas en otros lugares como Panamá, en relación con cursos de formación para carniceros y pescaderos que se inflaron hasta en un 400%. En este momento se está analizando la documentación incautada en los distintos registros y el instructor considera que se han podido cometer delitos de corrupción en las transacciones internacionales, cohecho, blanqueo e integración en organización criminal. Además de Pablo González, en la pieza constan como imputadas una veintena de personas, entre ellas varios altos cargos de Mercasa.

En el caso de Angola, los importes pagados irregularmente por el contrato superan los 20 millones de euros. Las comisiones no están sustentadas en documentación que acredite la actividad comercial supuestamente realizada. El dinero se repartió entre seis personas identificadas con iniciales, según los documentos hallados en las entradas, con un sistema similar al empleado en otra empresa pública cuyas prácticas también se investigan en la Audiencia Nacional, Defex.