Del campo de golf de los sobornos a un parque vecinal de baloncesto, hockey, voley...

De polémico campo de golf (y judicializado en la Audiencia Nacional) a parque vecinal donde se puedan practicar deportes como el hockey hierba, el baloncesto, el voleibol, el patinaje o el 'running'. El Canal de Isabel II tiene previsto presentar en breve las nuevas instalaciones deportivas que se construirán en sustitución del campo de golf que Esperanza Aguirre levantó en los terrenos que el Canal tiene en el distrito de Chamberí y que la Justicia ha ordenado derribar. El Canal ya ha adjudicado la primera fase de las obras para empezar a tirar la zona de golf, a la espera de que el ayuntamiento conceda la pertinente licencia.

"El importe total de comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la Comunidad de Madrid invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas fue de 1.201.537,97 euros". Dinero que presuntamente acabó en el bolsillo del expresidente madrileño Ignacio González, de su hermano, de su cuñado y de un socio de todos ellos. Así reza el último auto por el que el juez Manuel García-Castellón decretaba la semana pasada la libertad de González si pagaba una fianza de 400.000 euros. Lo que finalmente sucedió.

TE PUEDE INTERESAR

El TSJM da un mes a Cifuentes para que derribe el campo de golf que hizo Aguirre

David Fernández

El campo de golf es una de las piezas del caso Lezo. Los investigadores creen que su construcción y posterior explotación estuvieron amañadas desde el principio. Los vecinos de la zona fueron los primeros en rebelarse. Organizados en la Asociación Parque Sí en Chamberí, consiguieron tras años de lucha que la Justicia les diera finalmente la razón, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado que la zona de golf sea derribada. La nueva dirección del Canal, encabezada por Rafael Prieto, ha mantenido varias reuniones con los vecinos para encontrar una solución consensuada y decidir entre todas las partes, en función del presupuesto disponible y los condicionantes técnicos, qué tipo de instalaciones deportivas podían construirse en lugar de las de golf.

El nuevo proyecto será presentado antes de que acabe el año. En lugar del campo de golf, el Canal tiene previsto levantar varias áreas diferenciadas para que los madrileños puedan disfrutar de múltiples deportes. Está prevista la construcción de una pista multidisciplinar de acceso libre donde se pueda jugar al baloncesto, al voleibol y al voley playa. También habrá un gran campo donde se puedan practicar alternativamente el hockey hierba y el fútbol (las instalaciones de Chamberí ya tienen varios campos de fútbol), sin duda el deporte más demandado.

Los vecinos han luchado para que el nuevo proyecto contara con una zona de hockey hierba, una disciplina deportiva muy practicada en tres colegios del distrito: el Asunción Rincón, el Claudio Moyano y el Rufino Blanco. De hecho, chavales de estos tres centros educativos nutren la cantera del Club Complutense. El Canal también tiene previsto construir un pequeño rocódromo donde escalar, una zona para patinaje y una pista de triple circuito para que los vecinos puedan andar o practicar 'running'. Por último, el restaurante del complejo será sustituido por un pequeño gimnasio multiusos donde jugar también, por ejemplo, al ping-pong, ajedrez y futbolín. El objetivo también es plantar un 40% más de árboles en la zona verde que rodea toda la instalación, sobre todo en la zona de la calle Santander. Las pistas de pádel ya construidas seguirán funcionando.

El proyecto final ha sido diseñado por la Dirección de Innovación e Ingeniería del Canal, aunque puede haber pequeños cambios de última hora. El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes tiene previsto invertir ocho millones de euros sumando la fase de demolición y la posterior construcción de las nuevas instalaciones. El desmontaje del campo de golf ya ha sido adjudicado por 300.000 euros a la empresa Construcciones Arribas Gozalo SA. Todo depende ahora de que el Ayuntamiento de Madrid conceda la licencia de demolición para poder empezar estas obras.

TE PUEDE INTERESAR

Cifuentes retirará el campo de golf que hizo Aguirre en Chamberí... en 2018 para no pagar

David Fernández

La lucha judicial contra el campo de golf ha seguido dos caminos paralelos. Todo comenzó en el año 2003, cuando el Ejecutivo autonómico entonces presidido por Aguirre obtuvo la licencia por parte del ayuntamiento de la capital para construir una instalación deportiva en los 118.944 metros cuadrados que el Canal tiene en Chamberí. El proyecto inicial destinaba parte de esta parcela a una zona verde de uso público, un estanque ornamental, un campo de fútbol al aire libre y un pequeño helipuerto. Pero el proyecto cambió en 2006: el complejo incluiría un campo de golf de nueve hoyos, ocho pistas de pádel, un campo de prácticas de golf dotado de dos plataformas para 100 puestos de tiro y tres nuevas construcciones para vestuarios, almacén y cafetería.

Cuando faltaban seis meses para la finalización de los trabajos, el consistorio (con Gallardón a la cabeza) ordenó la suspensión de las obras, ya que los técnicos municipales entendieron que el Gobierno regional debía solicitar un nuevo permiso que amparara unas obras "ilegales", entre otras cuestiones por las afecciones paisajísticas que causaba la valla perimetral que iba a rodear el recinto para evitar que se escaparan las bolas. La comunidad no lo hizo, y en cambio en enero de 2007 declaró el proyecto "bien de interés general" para salvarlo e inaugurar el conjunto, incluido el campo de golf.

Comenzó entonces una batalla jurídica, liderada por los vecinos. Así, en enero de 2010, el TSJM declaró que el campo de golf no cumplía los requisitos administrativos requeridos para justificar su condición de interés general, fallo que fue confirmado en diciembre de 2012 por el Tribunal Supremo. Tras esta última sentencia, y para intentar salvar el campo de golf, el Gobierno regional (presidido entonces por Ignacio González), con apoyo del ayuntamiento de la capital (dirigido ya por Ana Botella), aprobó en julio de 2013 un plan especial para intentar legalizar la situación de los terrenos. Una maniobra que también fue recurrida por la asociación vecinal.

En julio de 2016, el TSJM dictó una nueva sentencia dando la razón a los vecinos y anulando el plan especial. El TSJM ordenó la adopción "de las medidas necesarias para la reposición y restablecimiento de la parcela a su estado físico anterior a la ejecución de las obras". En diciembre de 2016, el TSJM dictaminó una nueva sentencia para que se ejecutara la que ya dictó en 2001 y se realizara el derribo de lo construido irregularmente.

Comisiones de dos contratos

La comunidad adjudicó en mayo de 2003 las obras por 40,8 millones de euros a ACS Proyectos, Obras y Construcciones. Cuatro años después, en marzo de 2007, Canal adjudicó la explotación del campo por un periodo de cinco años y 3,25 millones de euros al consorcio formado por Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. 

Según los investigadores Tecnoconcret era "una sociedad instrumental (...) creada con el propósito de obtener un incremento patrimonial ilícito a costa de fondos públicos de la Comunidad de Madrid invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas". La sociedad estaba controlada por Ignacio González, su hermano, su cuñado y un socio de todos ellos, "que actúo como persona interpuesta de los anteriores".

Tecnoconcret fue subcontratada por ACS para la ejecución de proyectos de las instalaciones deportivas. En 2006 y 2007, facturó a ACS 3.257.038,99 euros. A su vez, Tecnoconcret abonó a otra mercantil, OnlyGolf, pagos por un importe total de 2.678.564,43 euros. La diferencia entre lo pagado por ACS a Tecnoconcret y esta a OnlyGolf, 578.474 euros, "es la cantidad que ilícitamente se apoderaron los investigados en la ejecución de la obra".

Pero no solo hubo comisiones por adjudicar las obras a ACS. Tecnoconcret también cobró por la explotación del campo de golf, otro contrato que también estuvo presuntamente amañado a favor del consorcio Tecnoconcret-SotoOnce-Iridium. Esta última firma tenía el 52% de las acciones. En enero de 2008 compró el otro 48% a las otras dos empresas pagando 623.063,97 euros solo a Tecnoconcret, la comisión por incluir a Iridium en una UTE que iba a resultar ganadora.