Los díscolos recurren la multa y alegan que les importa más cumplir el programa

Los diputados socialistas del no a Mariano Rajoy no se rinden. Prosiguen su pelea contra la gestora. Ahora protestan contra la sanción de 600 euros que les impuso la dirección del grupo la semana pasada. No creen que sea "procedente", ni conforme a la Constitución, ni justa, se reafirman en el rechazo a la investidura del presidente del Gobierno y subrayan que su prioridad es el cumplimiento del programa electoral, antes que obedecer las resoluciones de los órganos del PSOE.

Todos esos argumentos son los que constan en el recurso presentado este miércoles por ocho de los 15 parlamentarios díscolos ante el comité permanente del grupo (que integran la dirección y los portavoces de comisión). Quedan fuera los siete representantes del PSC, tal y como estaba previsto, dado que el diálogo entre los dos partidos para revisar su relación se está encauzando a través de una comisión bilateral.

[Consulte aquí en PDF el recurso de los parlamentarios 'rebeldes']

Los diputados 'rebeldes' —las independientes Margarita Robles y Zaida Cantera, más los dos electos por Baleares, Sofía Hernanz y Pere Joan Pons, y Susana Sumelzo (Zaragoza), Odón Elorza (Guipúzcoa), Rocío de Frutos (Ourense) y Luz Martínez Seijo (Palencia)— presentan un documento calcado, con la única diferencia de que aquellos que además fueron apartados de sus cargos en el Congreso se quejan del "agravio comparativo" y de la doble sanción.

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En su escrito, los ocho parlamentarios señalan, primero, que la multa de 600 euros es "improcedente" a la luz de lo que dispone la Constitución, porque esta especifica que los miembros de las Cortes no están ligados al mandato imperativo, gozan de inviolabilidad y su voto es "personal e indelegable". También denuncian que la sanción les deja en una situación de "indefensión" porque se basa en un informe del presidente de la comisión de disciplina, Luis Carlos Sahuquillo, que no se les envió junto con la resolución del expediente disciplinario, por lo que no pueden hacer "observación alguna" a un escrito cuyos fundamentos jurídicos desconocen, por lo que interpretan que no se cumple el artículo 32 del reglamento interno, que explica que todos los integrantes del grupo han de tener acceso a la "documentación que personalmente les afecte".

Los parlamentarios insisten en que el grupo no puede imponer sanciones por romper la disciplina de voto de un mandato que procede del comité federal del PSOE

Pocos días antes de la investidura de Rajoy, el presidente-portavoz de los diputados socialistas, Antonio Hernando, expresó a sus compañeros por carta que en este caso no cabía el voto en conciencia porque el grupo estaba obligado a acatar el mandato del comité federal del 23 de octubre, en el que el partido viró del no a la abstención. Los díscolos ya justificaron, en sus primeras alegaciones, que la ruptura de la disciplina obedecía a ese voto en "conciencia". Y ahora lo vuelven a recordar: consideran que se les negó "un derecho", "que debe ser una regla democrática y ética a seguir", pues su decisión se apoyó en el "compromiso adquirido en las últimas dos campañas" con los electores de sus respectivas circunscripciones.

Además, agarrándose a esa carta de Hernando, subrayan que el reglamento "no tipifica ninguna infracción, ni sanción" para el supuesto de que un diputado vote en sentido contrario a la directriz dada por el comité federal. "No hay ninguna norma en el reglamento que permita sancionar el sentido de un voto cuando el grupo no ha establecido una concreta orientación para el mismo", escriben, aferrándose al principio de seguridad jurídica que impone la Constitución. La conclusión es que el comité director "no puede acordar ninguna de las sanciones previstas en él".

"Mi voto fue necesario"

Los diputados citan otro punto de ese reglamento [aquí en PDF], el número 3, porque fija como orientación para la actividad parlamentaria "el cumplimiento del programa electoral del PSOE", y "además lo sitúa en primer lugar, por delante de las resoluciones del congreso federal, del comité federal y de la ejecutiva federal". "El sentido de mi voto fue necesario para salvaguardar mis compromisos con el programa electoral del PSOE y con las promesas hechas a mi electorado", alegan, acusando implícitamente a los compañeros que se abstuvieron de haber desobedecido el programa de las generales.

No es buena política de un partido centenario sancionar por cumplir con la palabra dada, por mantener la coherencia

"No es buena política de un partido centenario, caracterizada por la justicia, la pluralidad y la igualdad, sancionar por cumplir con la palabra dada, por mantener la coherencia con el programa electoral, con la trayectoria de un ideario absolutamente opuesto a la corrupción y las políticas de derecha del PP", apuntan.

Los que fueron apartados de sus cargos en el Congreso por la gestora aprovechan su escrito para quejarse de esa decisión. "Considero especialmente injusto el hecho de haber sido sancionada doblemente. Se crea un grave agravio comparativo con situaciones vividas previamente en el seno del Grupo Socialista en las que se rompió la disciplina de voto y, o bien no se aplicó sanción alguna, o bien se aplicó una única sanción", alega por ejemplo Susana Sumelzo, despojada de la portavocía de Cooperación Internacional.

Los diputados concluyen reafirmándose en su voto en contra de Rajoy, "además de por razones éticas y de defensa del proyecto del PSOE", por reflejar el "sentir mayoritario" de la militancia y de los votantes, con los que los socialistas se comprometieron a rechazar su investidura. Y agregan que la notificación de la pasada semana, firmada por el secretario general del grupo, el andaluz Miguel Ángel Heredia, pretende aplicar una "sanción improcedente por el fondo y por la norma que rige el reglamento interno" y por tanto la dirección "no puede acordar ninguna de las sanciones previstas en él".

La cúpula parlamentaria socialista resta importancia al recurso de los díscolos y no tiene previsto contestar de forma inminente. "Estamos a cosas mucho más importantes", indicaban desde la dirección. Ahora, el comité permanente deberá decidir si ratifica la sanción. Pero casi con toda seguridad será así, porque la gestora cuenta con mayoría total.