Botín y De la Rosa pactaron vender a través de Oleguer Pujol las oficinas del Santander
Los investigadores y la Fiscalía han concluido que el expresidente del banco decidió que la venta de sus oficinas se realizara con la mediación de los clanes De la Rosa y Pujol
La UDEF ha conseguido encajar las últimas piezas de la venta de las 1.152 oficinas del banco Santander al fondo británico Sun Capital en 2007, un traspaso millonario por el que se investiga desde 2014 en la Audiencia Nacional a Oleguer Pujol por blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional consideran acreditado que el menor de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol utilizó 174.195 euros de la fortuna que ocultaba la familia en Andorra para invertir en esa macrooperación, que se cerró en 2.040 millones de euros. También han probado que dos hijos del financiero catalán Javier de la Rosa, Gabriela y Javier de la Rosa Misol, cobraron 2,6 millones de euros por su presunta intermediación en la venta. Sin embargo, no habían podido resolver hasta ahora por qué la entidad confió una operación de esa envergadura a los clanes Pujol y De la Rosa.
Según fuentes cercanas al caso, los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción han concluido que la decisión fue tomada por el propio presidente del Santander, el ya fallecido Emilio Botín, tras la mediación de Javier de la Rosa padre. Sostienen que el acuerdo salió de una reunión de Botín y su mano derecha en el banco, Alfredo Sáenz, con Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias. En el encuentro también habría tenido un papel destacado José María Villalonga, un financiero de Barcelona presidente de Grupo Vica que ya había realizado con anterioridad otras operaciones inmobiliarias con Santander en las que había trabado amistad con Botín.
La llamada de De la Rosa
Fuentes de la operación han admitido los contactos y el papel clave del banquero en la venta a Sun Capital de las oficinas de la entidad a través de la gestora de Oleguer Pujol y Luis Iglesias, Drago Capital, aunque dudan de la existencia de esa reunión apuntada por los investigadores tras dos años de pesquisas. Con todo, apenas hay variaciones en su relato.
Según estas otras fuentes, Villalonga habría advertido a la familia De la Rosa en junio de 2007 de que el Santander quería desprenderse de sus inmuebles en una operación de venta con arrendamiento posterior ('lease-back'). De la Rosa padre llamó rápidamente por teléfono al entonces presidente del banco para interesarse personalmente por el traspaso. Ambos tenían una relación “fluida” que se remontaba décadas atrás, como admitió el propio Botín en 2006 en la Audiencia Nacional durante el juicio a De la Rosa por el caso Torras. “Eran amigos desde hacía muchos años y habían realizado decenas de operaciones juntos”, explican las fuentes consultadas.
La gestión dio resultado y Botín decidió conceder a los hijos del controvertido industrial la intermediación en la venta. Fue Javier de la Rosa Misol el que terminó introduciendo en la venta a Oleguer, al que conocía desde hacía años y con el que había estrechado lazos a partir de 1996, cuando ambos coincidieron trabajando en la City para bancos de inversión. Iglesias cerró el círculo gracias a su relación con Marc Jonas, directivo de Sun Capital, el fondo que tenía el dinero para la compra. La operación se cerró en tiempo récord. En noviembre de 2007, solo cinco meses después de que la maquinaria se pusiera en marcha, fue anunciada oficialmente por el Santander.
La trama de las comisiones
No es la única parte del puzle que ha tratado de encajar la UDEF en este tiempo. Los investigadores han rastreado desde 2014 el origen del dinero utilizado por Oleguer para participar en la venta de las oficinas del banco y, también, las comisiones que cobraron todos los intermediarios de la operación a través de un entramado de empresas 'offshore' diseñado por el despacho holandés ITPS, con sede en La Haya. Los papeles de Panamá, publicados en España por El Confidencial y La Sexta bajo el liderazgo mundial del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el semanario alemán 'Süddeutsche Zeitung', despejaron el pasado abril las últimas incógnitas que gravitaban sobre el reparto de las comisiones por el traspaso.
Como publicó este diario el pasado 5 de abril, Sun Capital habría abonado un total de 13 millones de euros en comisiones a Oleguer Pujol, Luis Iglesias, Gabriela y Javier de la Rosa Misol y José María Villalonga. Del total, se canalizaron a través de la sociedad instrumental Ard-Choille BV (controlada por ITPS) 6,8 millones de euros, de los que 5,3 millones fueron desviados a su vez a Aegle International, una 'offshore' tras la que se ocultaban Oleguer e Iglesias; y otros 978.000 euros fueron abonados asimismo a Barcem Limited, una firma de Islas Vírgenes creada por Mossack Fonseca tras la que se parapetaban Gabriela y Javier de la Rosa Misol.
Además de los 6,8 millones canalizados a través de Ard-Choille BV, Sun Capital abonó otros 6,2 millones de euros en comisiones por las oficinas del Santander a través de la también instrumental de ITPS Marway BV, investigada igualmente por la UDEF. Los papeles de Panamá revelaron que a través de esa otra línea de pago, Barcem Limited recibió otros 2.976.000 euros, y la misma cantidad fue a parar a la 'offshore' Davenport Trading Group Limited, tras la que se ocultaba el otro gran artífice de la operación, José María Villalonga.
Imputación por delito fiscal
La UDEF remitió el pasado mayo al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en el que se investiga a Oleguer un informe con esos nuevos datos, y la Fiscalía Anticorrupción se ha apoyado en ellos para solicitar este lunes la imputación de Gabriela y Javier de la Rosa Misol por un delito fiscal, al considerar que utilizaron una estructura opaca para ocultar a Hacienda los rendimientos que obtuvieron a través de Barcem Limited por su supuesta intermediación en las oficinas del Santander.
Pero la acusación contra Gabriela y Javier podría terminar sumando nuevos delitos. Los investigadores y Anticorrupción sospechan que, en realidad, la operación habría sido ejecutada por De la Rosa sénior y que sus hijos solo habrían prestado su identidad para evitar que las comisiones fueran embargadas por las ejecuciones de sentencia que el financiero aún tiene pendientes en España. Es decir, que Gabriela y Javier de la Rosa Misol habrían participado en un presunto alzamiento de bienes que verdaderamente correspondían a su padre.
Esa acusación aún no ha sido formalizada, pero el hijo del industrial se adelanta a negarla y también rechaza la implicación de su hermana. “Pedí a Gabriela que también figurara como apoderada en Barcem por si me pasaba algo, pero ella no tiene nada que ver con esa sociedad ni con el dinero que se cobró a través de ella. Tampoco tiene nada que ver mi padre”, asegura Javier en conversación con El Confidencial. “Él no participó en la operación del Santander. Los 2,6 millones de euros que recibí y los 978.000 euros que aún no he cobrado fueron por gestiones realizadas por mí que puedo acreditar sin ningún problema. El dinero es mío y me lo he ganado yo. Ni mi padre ni mi hermana tienen nada que ver”, insiste. Admite que sus conversaciones con Botín y Sáenz fueron continuas y también reconoce que fue su padre quien le puso en contacto con el banquero, aunque asegura que “solo fue un favor puntual” y que “ahí se terminó su participación”.
Regularización tras la noticia
La investigación periodística de los papeles de Panamá ha ocasionado otro contratiempo a Javier de la Rosa Jr., además de que la Fiscalía haya solicitado su imputación y la de su hermana. Como reveló El Confidencial el 5 de abril, el empresario traspasó el pasado verano los fondos que ocultaba en Barcem Limited a una fundación de Hong Kong que también había pasado desapercibida hasta ahora, KriegerHorn Capital Limited. Fuentes próximas al caso aseguran que, tras la publicación de la noticia, Javier inició los trámites tributarios necesarios para regularizar esos fondos. “Es cierto que he regularizado el dinero”, admite el empresario. “Ahora vivo en Reino Unido y estoy al corriente de mis impuestos, pero esos ingresos son de 2012. Consulté con mi asesor fiscal y me recomendó que notificara esos fondos a la Agencia Tributaria, algo que hice a finales de abril. El trámite ya está concluido y aprobado por Hacienda”, asegura.
Con todo, la regularización podría ser investigada si hay indicios de que esos fondos proceden de un caso de corrupción política, justo la tesis que defiende Anticorrupción. De hecho, la Fiscalía ha solicitado, tras detectar que Oleguer Pujol utilizó fondos de Andorra en la compra de las oficinas del Santander, que el procedimiento pase del Juzgado número 1 de Santiago Pedraz al número 5 de José de la Mata, en el que ya se investiga al resto de miembros del clan Pujol por el presunto cobro de comisiones millonarias a cambio de adjudicaciones públicas y favores de la Administración catalana.
Fuentes próximas al caso apuntan que lo más probable es que Pedraz se pronuncie primero sobre su inhibición en el caso Oleguer y deje que sea luego De la Mata quien resuelva la solicitud de imputación de Gabriela y Javier de la Rosa Misol. La Fiscalía también ha pedido que Villalonga sea citado a declarar, así como los máximos responsables del bufete holandés ITPS, Jacob Broers y John Willekes McDonald.
La UDEF ha conseguido encajar las últimas piezas de la venta de las 1.152 oficinas del banco Santander al fondo británico Sun Capital en 2007, un traspaso millonario por el que se investiga desde 2014 en la Audiencia Nacional a Oleguer Pujol por blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional consideran acreditado que el menor de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol utilizó 174.195 euros de la fortuna que ocultaba la familia en Andorra para invertir en esa macrooperación, que se cerró en 2.040 millones de euros. También han probado que dos hijos del financiero catalán Javier de la Rosa, Gabriela y Javier de la Rosa Misol, cobraron 2,6 millones de euros por su presunta intermediación en la venta. Sin embargo, no habían podido resolver hasta ahora por qué la entidad confió una operación de esa envergadura a los clanes Pujol y De la Rosa.