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La banca se prepara para un caos hipotecario tras el verano si gobierna Sánchez
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La banca se prepara para un caos hipotecario tras el verano si gobierna Sánchez

Las entidades asumen que el Gobierno cumplirá su 'amenaza' de extender el plazo de las hipotecas hasta siete años, lo que les provocará menos ingresos y más provisiones

Foto: El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. (EFE/Manuel Bruque)
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. (EFE/Manuel Bruque)
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Los bancos españoles ganaron una batalla frente al Gobierno el pasado 29 de junio con las hipotecas vulnerables, pero el resultado electoral les podría llevar a perder la guerra. Las principales entidades del país asumen que estos créditos inmobiliarios serían uno de los primeros frentes en los que tomaría acciones el nuevo Ejecutivo, en caso de que Pedro Sánchez logre mantenerse en la Moncloa. Y lo haría con ganas, ya que este ha sido uno de los focos de críticas económicas al Ejecutivo en los últimos meses, tanto externas (PP) como internas (Sumar). Las entidades temen medidas que impliquen un golpe a nivel de provisiones y un caos con la clientela.

Hasta ahora, el resto de partidos políticos ha cuestionado por lento y farragoso el código de buenas prácticas que aprobó el equipo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. En su lugar, han pedido que se tomen medidas directas para ayudar a pagar la cuota hipotecaria a las familias con problemas.

Foto: La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. (EFE/Javier Lizón)

Lejos de ello, la última oferta de Calviño pasa por extender tres años el vencimiento de buena parte de las hipotecas a tipo variable. Esta idea fue frenada en seco por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y por los banqueros. A pesar de ello, Sánchez fue un paso más allá y anunció en la campaña que la extensión sería por siete años en lugar de tres: "Los tipos de interés están subiendo y tenemos que hacer llegar el alivio hipotecario a las rentas medias", explicó en campaña Calviño.

Esta medida incluiría la congelación de la cuota el primer año y una extensión para todas aquellas hipotecas a tipo variable de familias con rentas iguales o inferiores a 37.800 euros al año, que se ahorrarían al mes unos 300 euros (en el caso de una hipoteca de 150.000 euros firmada en 2018).

Resistencia bancaria

Las entidades financieras se oponen frontalmente a estos planes, por varios motivos. El primero, porque reducirían sus ingresos (al bajar cuotas) y, sobre todo, les podrían generar un golpe contable. Así, la normativa obliga a los bancos a clasificar como créditos bajo vigilancia (stage 2) aquellos a los que se les extiende el plazo por dificultades económicas del deudor. Esta situación exige provisiones a las entidades y hace que los clientes vean empeorado su historial crediticio. De llegar esta situación, habría debate contable al respecto, ya que hay expertos consultados por este medio que sostienen que al ser extensiones derivadas de una regulación, no harían falta provisiones. Otras creen que el Banco Central Europeo (BCE) entraría de oficio a revisar bien la cartera para encontrar las posibles debilidades.

Aunque las circunstancias eran otras, un estudio del Banco de España hecho durante la negociación del código de buenas prácticas en 2022 alertó de un posible agujero de 10.000 millones para los bancos con alguno de los planteamientos del Gobierno. Unas cifras equivalentes a casi todas las provisiones hechas por el sector entre 2021 y 2022, que hubieran llevado a más de un banco a sufrir números rojos.

placeholder La vicepresidenta Nadia Calviño (i), con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
La vicepresidenta Nadia Calviño (i), con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El segundo motivo para oponerse a estos planes es el tiempo. Los banqueros consultados creen que todavía hay que dejar margen para que siga funcionando el código de buenas prácticas, y defienden que sus cifras no son muy elevadas gracias a la buena evolución de la economía y el empleo. Por ello, creen que en lugar de alarmarse, hay que esperar a ver cómo funciona el código en caso de que empeoren las cosas.

El plan incluye tres tipos de ayudas: para hogares vulnerables (ingresos de hasta 25.200 euros) que tienen problemas para pagar la hipoteca, con rebajas de intereses, carencias, extensiones del plazo y daciones en pago; para las clases medias-bajas que podrían llegar a entrar en la anterior categoría (rentas de hasta 29.400 euros), con cuotas congeladas y extensiones del plazo, y facilidades para el resto a la hora de amortizar anticipadamente la hipoteca y convertirla de tipo variable a fijo.

Riesgo moral

Hasta el momento, la banca informó a finales de junio de que ha habido 33.000 solicitudes (muchos menos casos aprobados) y que se han alcanzado 29.000 acuerdos al margen del código.

Hasta el momento, la banca informó a finales de junio de que ha habido 33.000 solicitudes (muchos menos casos aprobados)

El tercer motivo que ven los banqueros es el riesgo moral. Por un lado, que se beneficien clientes que no tienen problemas para llegar a final de mes, algo contrario al espíritu de la norma, y que no puedan hacerlo familias con hipotecas a tipo fijo cuya situación económica les esté ahogando, al margen del euríbor. Como exponen las fuentes consultadas, el planteamiento actual beneficia a los que no fueron prudentes a la hora de hipotecarse, y castiga a los que sí lo fueron (con un coste mayor).

Los bancos españoles ganaron una batalla frente al Gobierno el pasado 29 de junio con las hipotecas vulnerables, pero el resultado electoral les podría llevar a perder la guerra. Las principales entidades del país asumen que estos créditos inmobiliarios serían uno de los primeros frentes en los que tomaría acciones el nuevo Ejecutivo, en caso de que Pedro Sánchez logre mantenerse en la Moncloa. Y lo haría con ganas, ya que este ha sido uno de los focos de críticas económicas al Ejecutivo en los últimos meses, tanto externas (PP) como internas (Sumar). Las entidades temen medidas que impliquen un golpe a nivel de provisiones y un caos con la clientela.

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