Ocho de cada 10 peticiones del plan Calviño de alivio hipotecario caen en saco roto

Los números no salen en el rescate hipotecario del Gobierno, al menos de momento. Los grandes bancos españoles han ido anunciando en los últimos meses las cifras iniciales de solicitudes recibidas, que se situaban en abril entre las 10.000 y las 15.000. Lejos del millón de hogares potencialmente beneficiados que pronosticó la vicepresidenta Nadia Calviño en 2022 con su plan antieuríbor. Pero las cifras bajan todavía más si se pasa de las peticiones a las adecuaciones hipotecarias ya firmadas, que se situaban entre las 1.000 y las 1.500 en abril, según cifras compartidas con este medio por las entidades.

Estos números implican que tan solo una de cada 10 solicitudes se ha traducido en un cambio de hipoteca, según el Código de Buenas Prácticas (CBP). Según datos de las entidades consultadas, hay en torno a otro 10% de peticiones en el proceso de reunir la documentación necesaria. Y el resto, cerca de ocho de cada 10, son peticiones rechazadas por errores de base u otras que han quedado en suspenso, ya que tras la primera pregunta el cliente no ha vuelto a dar señales de vida.

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Los bancos consultados creen que el porcentaje de aceptaciones sobre el total de solicitudes va a aumentar a medida que el mecanismo del CBP se engrase. Pero advierten, aliviados, que el volumen de clientes interesados no ha aumentado a lo largo del año. Normalmente, este tipo de ayudas tardan en coger velocidad, pero cuando lo hacen crecen en progresión geométrica. No es el caso del código por el momento.

Hay varias razones que lo explican, vinculadas tanto al CBP como a la situación macroeconómica. Respecto a las primeras, las entidades explican que buena parte de las solicitudes que fracasan es por falta de información de los clientes. Muchas se rechazan al tratarse de hipotecas sobre segundas viviendas, que no pueden beneficiarse del plan de alivio hipotecario anunciado por el Gobierno.

Efectos secundarios

De las que son sobre la residencia actual, también hay familias que llegan al banco pensando que se podrán beneficiar de las condiciones del código de 2012, en el que hay carencias (periodos en que no se paga principal) de cinco años. Pero esta opción solo es para las familias más vulnerables. Para el resto, la ampliación del CBP contempla la congelación de la cuota durante 12 meses y un alargamiento del préstamo de hasta siete años. Entre un 20% y un 30% de los hogares que piden la medida se echan atrás al comprobar los ahorros reales frente a sus efectos secundarios (más tiempo de hipoteca). El papeleo también desanima a muchas familias.

Respecto a la situación económica, hay factores positivos que explican la baja demanda de las familias, tanto desde el lado de los ingresos como del de los gastos. La solidez de los datos de empleo justifica que no haya apenas hogares estudiando acogerse a estas medidas. La pregunta es cuánto va a durar esta tendencia en un escenario de desaceleración.

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Por el lado de los gastos, la ralentización en el crecimiento de la inflación brinda optimismo a las entidades. Hay incertidumbre respecto a la vuelta de verano, cuando se espera que casi la totalidad de las hipotecas a tipo variable estén ya ajustadas al euríbor actual, cerca del 3,9%. Los banqueros ven brotes verdes si el empleo aguanta y este índice no sube más.

En el sector, sostienen que son las razones macroeconómicas las que mantienen estancadas las solicitudes. De hecho, bancos consultados defienden que están "persiguiendo" a los clientes que hacen una primera petición, para tratar de encontrar soluciones. Hasta el punto de que llega un momento en que los clientes "no nos cogen el teléfono". Las entidades no quieren dar ninguna excusa para que el Gobierno cargue de nuevo contra ellas con nuevas exigencias, aunque el adelanto electoral deje menos margen de maniobra al equipo de Calviño.

La banca tendrá un primer examen al respecto a finales de mes, cuando tendrá que poner sobre la mesa las cifras del CBP y discutir su evolución. Las entidades ya se han reunido para compartir los números en sus patronales (AEB y Ceca), con apenas diferencias entre unas y otras. Y no ven posibles fisuras en ellas frente al Gobierno, salvo el hecho de que la reunión tendrá lugar a las puertas de la campaña electoral, en que no suelen salir bien paradas.