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La España que tira del carro: qué hogares pagarán la factura de los "martes electorales"
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El reparto del estado del bienestar

La España que tira del carro: qué hogares pagarán la factura de los "martes electorales"

El Gobierno ha lanzado un órdago en esta campaña colocando miles de millones de euros en ayudas públicas a jóvenes y mayores para captar su voto

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin. (EFE)
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La esperanza de Moncloa de cara a las elecciones del 28-M pasa por amarrar el voto joven y sénior. Para lograrlo ha puesto en marcha planes de gasto público dotados con miles de millones de euros dirigidos a estos dos grupos de votantes, los menores de 35 años y los mayores de 65. Se quedan al margen de estas ayudas los grupos de edad intermedios, que son quienes conforman el grueso de la población activa del país y también quienes soportan el peso del estado del bienestar. Son los que "tiran del carro" en España.

No es la primera vez que las administraciones públicas se olvidan de este grupo poblacional. De hecho, el FMI ha advertido a España en varias ocasiones que las ayudas públicas ignoran sistemáticamente a las familias con hijos, provocando tasas de riesgo de pobreza elevadas en estos hogares. La situación más vulnerable ocurre en hogares conformados por dos adultos con tres hijos o más, donde el riesgo de pobreza supera el 43% del total. En el extremo opuesto se sitúan los hogares conformados por una pareja de jubilados sin hijos a cargo, con un riesgo de pobreza inferior al 15%; casi tres veces menos.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin el pasado domingo en Santa Cruz de Tenerife. (EFE/Ramón de la Rocha)

Las ayudas de los "martes electorales" se concentran en dos grupos poblacionales que conforman casi la mitad de los ciudadanos con derecho a voto, unos 19 millones de personas. Sin embargo, todos ellos apenas suponen el 26% del total de trabajadores de España. Esto es, tres de cada cuatro ciudadanos que conforman la fuerza laboral del país se quedan al margen de estas ayudas.

Estos grupos de edad son quienes producen en España y, como es evidente, quienes mantienen el estado del bienestar. Pero además son los grupos que soportan una mayor presión fiscal sobre su renta y quienes reciben menos subsidios a cambio, tanto monetarios como en especie. Esto es, a igual nivel de renta, el esfuerzo que se les exige a estos grupos de edad es superior, porque la aportación al sostenimiento del Estado no solo depende de la renta de los hogares, sino también de su edad: a igual nivel de renta, el Estado exige mayor esfuerzo a estos hogares que al resto.

Así se muestra en los numerosos estudios que han publicado los investigadores Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza), Jorge Onrubia (UCM) y Carmen Marín González para Fedea. Su último informe se centra en la distribución de impuestos y prestaciones entre hogares en función de los tramos de edad. Los resultados son contundentes: las familias encabezadas por un adulto entre 30 y 50 años soportan una presión fiscal media del 40% de su renta bruta y apenas reciben el equivalente a un 23% de subsidios públicos (con datos del año 2019, el último previo a la pandemia, que trastoca temporalmente la redistribución de la renta). Esto es, realizan una contribución neta al estado del bienestar equivalente al 17% de su renta. Son el grupo de edad que más contribuye y que menos recibe.

Los jóvenes también hacen un importante esfuerzo para financiar el estado del bienestar, ya que pierden un 14% de su renta una vez contabilizadas las ayudas que reciben. Sin embargo, como su renta de mercado es baja, unos por estar en paro y otros por tener sueldos muy bajos, su contribución al estado del bienestar en términos absolutos es reducida. Por ejemplo, la renta bruta de un hogar cuyo sustentador principal tiene menos de 30 años es de apenas 38.000 euros anuales, mientras que la de un hogar cuyo sustentador tiene entre 50 y 65 años es casi un 50% superior, superando los 57.000 euros.

Por el contrario, los mayores de 65 años perciben más de lo que aportan al estado del bienestar, como es evidente, ya que su principal fuente de ingresos son las pensiones. Los hogares de entre 65 y 75 años reciben casi la mitad de su renta del Estado y los mayores de 75 años reciben casi el 75% de su renta del sector público.

Pero la diferencia en la contribución al sostenimiento del estado del bienestar no solo depende de la renta de los hogares, ya que a igual nivel de ingresos, los que pagan más impuestos son los que están entre 20 y 50 años. Esta diferencia está próxima a los 20 puntos porcentuales a lo largo de todos los tramos de renta si se compara con los mayores de 65 años. Por ejemplo, para hogares que se sitúen en el entorno de la mediana de renta, si su sustentador tiene entre 16 y 40 años pagan al Estado en torno al 48% de sus ingresos, mientras que un hogar de jubilados paga menos del 25%.

La principal causa de esta brecha es que los jubilados no pagan cotizaciones sociales, ya que no trabajan. Pero también están mejor tratados por otros tributos como el IRPF. El resultado es que el saldo de la intervención pública (subsidios menos impuestos) en un hogar de jubilados que se sitúa en el top 10% de renta es similar al de un hogar de trabajadores que se sitúan entre el 20% más pobre (en torno a un 40% de su renta está soportada por el Estado).

Quién puede contribuir

Es normal que quienes tiren del carro sean precisamente los ciudadanos que están trabajando. Esto ocurre en todos los países. Sin embargo, una particularidad de España es que quienes más contribuyen no son quienes más tienen. El estado del bienestar está orientado a redistribuir recursos hacia los mayores de 65 años, independientemente del nivel de renta. Tanto a nivel de impuestos como de subsidios. El resultado es que en muchas ocasiones la acción del sector público aumenta la desigualdad en lugar de reducirla, justo lo que ocurrirá con una parte de las ayudas de los "martes electorales".

Por ejemplo, los hogares de jubilados que están en el top de quienes más ganan del país (del 91% al 99% con más recursos) reciben más de lo que aportan en impuestos. Por el contrario, en los hogares jóvenes, solo reciben más de lo que aportan los que se encuentran en el 20% más pobre.

Las diferencias en la carga fiscal que soportan los hogares están muy influidas por el tipo de impuestos que pagan. Los jóvenes están afectados principalmente por el IVA, ya que son quienes tienen menos ingresos y, por tanto, gastan todo lo que ganan y someten a toda su renta al IVA. Los adultos situados entre los 35 y los 65 años tienen salarios mayores, por lo que están afectados principalmente por las cotizaciones sociales y el IRPF del trabajo. Los mayores, por el contrario, son quienes concentran la riqueza del país, de modo que están afectados por los impuestos que gravan el patrimonio. De los tres tipos de tributos, estos últimos son los que tienen un tipo efectivo más bajo.

Si se observa el reparto de la riqueza en España, el grupo de edad con más patrimonio neto (una vez descontadas las deudas) son los mayores de 75 años, con una media de casi 400.000 euros ahorrados. Por el contrario, los hogares encabezados por personas de 35 a 45 años tienen menos de la mitad, 138.000 euros, y los jóvenes de menos de 35 años tienen 68.000 euros de media. Estos datos confirman que el sostenimiento del estado del bienestar se carga sobre una parte de la población que no es quien más recursos tiene.

Pero este reparto actual de la carga fiscal puede sufrir cambios importantes a corto plazo. Eso significa que los jóvenes y los mayores podrían terminar siendo quienes paguen la factura de los "martes electorales". Algo que ahora ni sospechan.

En el caso de los mayores de 65 años, el riesgo se debe precisamente a la concentración de riqueza de la que disfrutan. El discurso imperante en los organismos internacionales está centrado en la búsqueda de mayor progresividad fiscal con un endurecimiento de la fiscalidad del ahorro. Y también el Gobierno de España ha fijado esta como una de sus prioridades. Eso significa que los que tienen más patrimonio están en el foco de las futuras subidas de impuestos, adicionales a las que ya se han adoptado: subida del IRPF al capital y creación del impuesto de solidaridad a grandes fortunas.

Foto: Imagen de una familia en Oviedo. (EFE)

La otra opción para el Gobierno es dejar que sea el Tesoro Público quien financie estas ayudas públicas cargando más deuda pública sobre las próximas generaciones. A medio plazo, España necesitará una reforma fiscal importante que aumente los ingresos públicos para financiar el coste del envejecimiento (pensiones y gasto sanitario). De esta forma, la acumulación de déficit y deuda actualmente previsiblemente se solucionará en el futuro con mayor presión fiscal sobre los hogares. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas décadas: a medida que el gasto público aumentaba, lo hacían también los impuestos.

Por ejemplo, el IVA general en los años ochenta era del 12%, casi la mitad que en la actualidad. La presión fiscal que soportaban los hogares a finales de los 70 era inferior al 20% del PIB, en los ochenta fue subiendo hasta superar el 30% y con el cambio de siglo la presión fiscal alcanzó el 35%. En la actualidad, los hogares ya pagan más del 40% del PIB y esta progresión alcista se mantiene. Cuando los jóvenes lleguen al momento vital en el que se alcanza el pico de renta, previsiblemente tendrán que soportar mayores impuestos para cubrir tanto la deuda acumulada como los gastos presentes.

La esperanza de Moncloa de cara a las elecciones del 28-M pasa por amarrar el voto joven y sénior. Para lograrlo ha puesto en marcha planes de gasto público dotados con miles de millones de euros dirigidos a estos dos grupos de votantes, los menores de 35 años y los mayores de 65. Se quedan al margen de estas ayudas los grupos de edad intermedios, que son quienes conforman el grueso de la población activa del país y también quienes soportan el peso del estado del bienestar. Son los que "tiran del carro" en España.

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