Competencia multa a cuatro empresas por conformar cárteles para repartirse contratos de Defensa

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) multó a cuatro empresas y seis directivos por repartirse en torno a un centenar de licitaciones del Ministerio de Defensa por valor de unos 60 millones de euros en dos casos separados de colusión. Las autoridades de competencia consideran que se debería prohibir a estas compañías volver a contratar con el sector público "por infracciones muy graves" y propone multas por unos 7 millones de euros para los implicados.

El primer caso afecta a Comercial Hernando Moreno Cohemo (Cohemo), Star Defence Logistics & Engineering (SDLE); y Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG (JPG), a las que la CNMC acusó de repartirse contratos de suministro, el mantenimiento y modernización de vehículos militares entre enero de 2016 y junio de 2021. El segundo caso implica a Cohemo y a la compañía Casli, que manipularon un acuerdo marco para comprar contenedores militares entre septiembre de 2019 y noviembre de 2021, según las autoridades de competencia.

"Este tipo de acuerdos anticompetitivos están prohibidos en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, y suponen una infracción muy grave constitutiva de cártel que puede ser sancionada hasta con un 10% del volumen de negocios de las empresas", explicó la CNMC en un comunicado. Aunque el órgano considera que se debe aplicar la prohibición de contratar, también valoró positivamente "los programas de cumplimiento normativo" presentados por las empresas sancionadas, por lo que revisará el caso en seis meses.

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Las sanciones fueron de 3,7 millones para SDLE, 1,7 millones para Cohemos (por los dos casos), 1,4 millones para JPG y 100.000 euros para Casli. Además, en el primer caso, tres directivos de SDLE fueron multados con 60.000 euros, otros dos de Cohemo por una cantidad similar (pero dos veces por los dos casis distintos) y uno de JPG con 38.000 euros.

Según la investigación de la CNMC, iniciada por una denuncia de Indra en 2021, estas empresas se repartieron contratos haciendo pactos de no concurrencia o emitiendo ofertas de cobertura que podían ser retiradas o no justificadas. Además, se aprovecharon del sistema de colaboración temporal entre empresas para tener más opciones de lograr contratos. Estas prácticas anticompetitivas se realizaron en 13 acuerdos marcos y sus correspondientes 81 contratos, y otros 10 contratos públicos en licitaciones relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento.