De la crisis del euro al 1-O: así crearon los bancos su botón rojo para sacar de España sus sedes

El traslado de la sede es un tema tabú en el Ibex 35. Pero lo es especialmente más en los bancos, un sector muy regulado y con clientes particulares, al que una crisis reputacional puede asestar un impacto letal. Por ello, las entidades financieras no quieren ni oír hablar de planes de contingencia para mover la sede tras el caso Ferrovial, aunque es algo que ya estudiaron muy de cerca hace algunos años.

Fue en la crisis de 2011 y 2012 cuando saltaron todas las alarmas en los bancos del Ibex. La financiación internacional se secó ante la subida de la prima de riesgo, generando una preocupación en los despachos de los banqueros. Esto llevó a las grandes entidades con negocio internacional, Santander y BBVA, a hacer estudios para el caso de que la crisis se agravara. Con un escenario a evitar: que España saliera del euro, lo que hubiera tenido un impacto letal en su liquidez y solvencia.

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Pedro del Rosal

Los informes concluyeron en unos planes de contingencia basados en la creación de un nuevo holding internacional del que dependerían todas las filiales, incluida la española. Este movimiento hubiera supuesto un cambio radical, ya que en la estructura actual el holding es la sociedad anónima española, en cuyo balance se integran todas las participaciones internacionales. Al igual que con el movimiento de Ferrovial, la creación de estos grandes holdings no hubieran implicado un freno al negocio en España ni despidos, tan solo el traslado de algunos puestos corporativos al país elegido, entre los que se barajaban Reino Unido y Holanda.

Estos planes se descartaron porque tenían más puntos en contra que a favor. Así, planteaba grandes dificultades en términos de capital y financiación, ya que según las estimaciones que se hicieron, el holding hubiera tenido un rating peor que el actual, al depender únicamente de los dividendos de sus filiales. Junto a ello, uno de los factores que más pesó en el análisis es que, al contrario que Ferrovial, los bancos tienen clientes particulares, que pueden mover sus cuentas como castigo por una mudanza de la sede.

Entre los puntos a favor es que contaban con el beneplácito del Banco de España, al que históricamente nunca le ha gustado la estructura actual, en el que los depositantes españoles pueden verse impactados por la quiebra de filiales latinoamericanas. Esta posibilidad se ha mitigado en los últimos años con la creación del Mecanismo Único de Resolución europeo.

Banco de pruebas catalán

Pasada la crisis de deuda soberana, estos planes de contingencia quedaron en un cajón. Y lo que nadie esperaba es que tuvieran que ponerlos en marcha los bancos catalanes, CaixaBank y Banco Sabadell, tras el 1-O de 2017. La amenaza de una salida del euro provocó que estas entidades perdieran en días miles de millones en depósitos, algo que solo se paró cuando movieron sus sedes sociales a Valencia, en el caso de CaixaBank, y Alicante, el de Sabadell.

Ambas entidades tuvieron suerte de tener filiales en la Comunidad Valenciana derivadas de compras recientes que habían hecho, Banco de Valencia y CAM, respectivamente. De lo contrario se hubieran encontrado con más dificultades. En el caso del grupo liderado por Gonzalo Gortázar también contaron con el apoyo del Gobierno con un real decreto que les permitió mover su sede sin tener que convocar junta de accionistas.

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El tercer susto que ha hecho que los grandes bancos desempolven los planes es más recientes, con la llegada del actual Gobierno. Al poco de aterrizar, el actual Ejecutivo dejó claro que tenía la intención de subir los impuestos a la banca, como ha hecho más recientemente, en especial a las multinacionales. Fue este último punto el que más alarma generó, y el que hizo pintar a los bancos una línea roja. Así, las entidades no pueden hacer nada contra una subida de su tributación por el negocio en España, más que recurrir como están haciendo con el nuevo tributo. Pero lo que no quieren bajo ningún concepto es pagar dos veces por lo mismo, como pasa con el impuesto a la repatriación de los dividendos.

Esta amenaza en 2018 llevó al entonces consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, a avisar de que se "repensaría la estructura legal" en caso de que se impusiera este tributo, que grava por los dividendos recibidos de filiales que ya han pagado una factura fiscal en el país de origen. Finalmente, el Gobierno lo aprobó a finales de 2020, con un 5% del total, pero todavía no se ha hecho realidad la amenaza.

"Se trata de una clara doble tributación que pone en una situación de enorme desventaja a las empresas españolas. Ya no se trata de que determinadas empresas especialmente afectadas puedan cambiar su sede social a otro país de la UE, es que las que no se van reducirán la repatriación de dividendos a la matriz lo máximo posible. Dividendos que no se podrán invertir en España ni ser distribuidos a los accionistas de las entidades españolas cabeceras de grupos internacionales. En este momento en el que tan necesaria se hace la inversión en el país, es muy nocivo para las empresas tener que afrontar una mayor carga fiscal por repatriar o distribuir internamente dividendos para invertir en España", exponen fuentes financieras.

A la espera de lo que ocurra en el futuro, las fuentes consultadas descartan cualquier movimiento como el de Ferrovial entre los bancos españoles. Salvo en dos circunstancias: que se penalice aún más su tributación internacional o que la elevada deuda pública y déficit del país vuelvan a poner a España en el foco de los mercados.